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Violaron protocolos y derechos humanos, por mero revanchismo político, sostiene
Tijuana,
B.C., 2 de marzo de 2020.- Luego de explicar cronológicamente, y con
detalles técnicos jurídicos cómo se dieron los hechos de los que se le acusó
injustamente para su inhabilitación, el licenciado José Luis Hernández Silerio
dijo que, ahora que el Tribunal lo exoneró, no descarta pedir reparación del
daño moral que le causaron.
El ex director de
Transportes Municipales del XXI Ayuntamiento sostuvo que la ex Síndico
Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde violó protocolos del proceso al que le
sometió, y, que, pese a comparecer y demostrar que no tuvo responsabilidad en
los cargos que le imputaron, violaron sus derechos humanos, por mero
revanchismo político.
Hernández Silerio hizo
hincapié en su larga trayectoria política, en cargos públicos, en todos los
cuales mantuvo puertas abiertas y un manejo de recursos con transparencia, así
como refirió de su familia, con hijos que también son profesionistas y una vida
honorable.
Por lo anterior, los
abogados están evaluando presentar una demanda de reparación del daño, dirigido
contra Ana Marcela Guzmán Valverde, y contra quienes resulten responsables de
un proceso “ilegal, arbitrario e injusto”, plagado de irregularidades.
El ex funcionario
público recordó que los hechos de los que le señalaron presuntas omisiones,
acaecieron el 12 de octubre de 2016, aproximadamente mes y medio antes de que
terminara su gestión.
Se trató de un fuerte
choque de frente, entre dos unidades de transporte de pasajeros, uno del tipo
público, y el otro de transporte de trabajadores, resultando en la colisión 7 muertos
y 11 lesionados.
Debido a dificultades
para el peritaje, el cual correspondió a la Agencia del Ministerio Público, no
le tocó al licenciado Hernández Silerio poder resolver sobre lo que le
solicitaban: que era la cancelación de la concesión de la empresa transportista
responsable del trágico accidente.
Ante todo, aclaró, se
debe contar con elementos que den certeza jurídica a un proceso de cancelación,
e incluso, ni siquiera el MP podía fincar responsabilidades plenas contra la
empresa Altisa, pues, un elemento, que era contar con el número de serie del
vehículo de motor, quedó destruido por el impacto entre los dos camiones.
En efecto, la unidad de
transporte masivo de pasajeros, que se aducía fue adquirido por la empresa
Altisa, carecía de permiso, y tampoco contaba con póliza de seguro contra
accidentes.
José Luis Hernández Silerio
explicó que, una cosa era presumir esas irregularidades, y otra, demostrarlo
jurídicamente, y todo eso se constató cuando ya no estaba en la función
pública. El dictamen de peritos del Ministerio Público se dio en marzo de 2017.
Aún así, el proceso
judicial, en el que se involucraron, en especial, los familiares del joven Brandon,
que quedó parapléjico por causa del accidente, y familiares de otras víctimas,
duró hasta mediados del pasado año 2019, casi tres años después de los trágicos
hechos.
El proceso para
inhabilitarlo se ejecutó hasta mediados del año 2019, concluyéndolo en corto
tiempo, sin mucho alegato, el 17 de julio de 2019, casi tres años después de
los fatídicos acontecimientos, y, a un mes y medio de las elecciones en las que
ganó el actual Alcalde Arturo González Cruz, habiendo sido Coordinador de
Campaña José Luis Hernández Silerio.
Sobre la base de esos
últimos detalles, reiteró Hernández Silerio, la venganza política era evidente,
ya que el arbitrario proceso de inhabilitación se ejecutó después de las
elecciones del 2 de junio de 2019, con una derrota estrepitosa del PAN.
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