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Calificada como grotesca y vulgar, con la que pretenden suplantar la voluntad
popular expresada en elecciones oficiales el 2 de junio
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Reitera que AMLO puede frenar la ambición de Bonilla
José
Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana,
14 de octubre de 2019.- “Lo que pasó ayer, ni fue consulta, ni fue
ciudadana, fue un acto de vulgaridad, que pretende utilizarse como una acción
legitimadora de la ambición bonillista por ampliar su mandato”, reiteró el ex
candidato a gobernador por el PRD, Jaime Martínez Veloz.
“De concretarse, por
algún artilugio legaloide, trastocaría las reglas básicas que los mexicanos nos
hemos dado en esta materia, y pondría a México en el filo de la navaja, en una
situación delicadísima, al borde de la guerra civil. De ese tamaño sería el
impacto, ni más ni menos”, advirtió.
Martínez Veloz sostuvo
que la consulta fue un acto grotesco y vulgar, con el que pretenden los
diputados suplantar la voluntad popular expresada en elecciones oficiales el 2
de junio.
Por lo anterior,
reiteró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador puede frenar la ambición
de Bonilla. “No está impedido, y está facultado para hacerlo; por lo que,
dependiendo de lo que decida, la historia juzgará cual fue si papel en esta
definición”, acotó.
Se trata, indicó, de
que, una vez publicada la reforma bonillista, o llamada “Ley Bonilla”, el
Presidente López Obrador, interponga, mediante la Consejería Jurídica de la
Presidencia, un recurso de inconstitucionalidad, en contra de la ampliación de
mandato”.
Jaime Martínez Veloz
hizo las anteriores observaciones “para dejar claro que, con la ráfaga de
mensajes que manda Bonilla y sus cómplices, y los resultados de una consulta
ilegal y amañada, tienen confundidos a muchos bajacalifornianos, y, por
supuesto, también a muchos mexicanos, sobre todo, del sur del país”.
Con el respaldo de la
dirigencia estatal del PRD, encabezada por Abraham Correa Acevedo, además de
aclarar lo anterior, el ex abanderado perredista señaló que en la consulta “gansito”
se cometieron las siguientes irregularidades:
No existió acta por
casilla o mesa de votación, con un mínimo de información, con nombre del o los
responsables de la mesa de votación…, no se anotó el número de votos, ni a
favor ni en contra, como tampoco el número de boletas sobrantes.
No se solicitó para
votar la credencial del INE, lo que permitió que quienes votaron no necesitaron
acreditar si eran ciudadanos o no de Baja California, e incluso, votaron
menores de edad.
No existió mampara para
la secrecía del voto, lo que permitía que, las personas que acarrearon votaran
frente al funcionario de casilla, para que éste certificara que votaran por la
opción de los 5 años.
No existió tinta
indeleble, permitiendo que las personas votaran en más de una ocasión, en
diferentes casillas.
Al no contabilizar los
resultados en el lugar de votación, y al no haber inutilizado las boletas
sobrantes, pudieron haberse utilizado después como “votos válidos”.
Al no publicar los
resultados en el lugar de la votación, las personas que votaron no pudieron
conocer el resultado.
La convocatoria a la
consulta se publicó, dos días antes de la realización de ésta.
Nadie sabe cuál fue el
procedimiento de entrega de las boletas, por mesa de participación, ni a
quienes se las entregaron, ni quién los designó, los capacitó o los evaluó, ni
cómo fue la cadena de custodia de las boletas entregadas.
En pocas palabras, todo
fue meramente un show, un teatro, una consulta “amañada” y “prefabricada”; y,
aún, cuando hubiese sido “limpia” y transparente, no tiene ninguna validez
legal.
La mal llamada “consulta
ciudadana”, puntualizó, “fue dirigida, tras bambalinas, por el mapache mayor,
Amador Rodríguez Lozano, acompañado por su discípulo, el “mapachito” Jesús Ruiz
Uribe, con prácticas de “operación carrusel”, “urnas embarazadas”, “ratón loco”,
comprando o alquilando credenciales de elector, entre otras.
Para finalizar,
volvieron a anunciar la “clausura” simbólica del Congreso del Estado el próximo 27 de octubre, así como la manifestación de carácter nacional el 9 de
noviembre, contra la ampliación de mandato en Baja California, y la
interposición de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para desconocer al gobernador electo.
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