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Toma protesta con un decreto que le amplió el mandato de 2 a 5 años
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Publicada la famosa “Ley Bonilla”, se presentaron impugnaciones
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Durante todo el proceso electoral, nunca cambió el hecho de que los candidatos
compitieron por una gubernatura de 2 años
Séptimo
Día/ Tijuana
Esta noche del 31 de
octubre de 2019 rinde formal protesta Jaime Bonilla Valdez como Gobernador
Constitucional del Estado de Baja California, con una convocatoria electoral
publicada el 1 de enero, conforme al decreto Constitucional de 2014, para 2
años, pero que, pese a consumarse la elección el 2 de junio, el 8 de julio la
XXII Legislatura amplió el mandato a 5 años, y se publicó el pasado jueves 17
de octubre, por la noche.
Con esa reforma fuera
de tiempo está presumiendo el nuevo gobernador que “gobernará 5 años”, pero
como se presentaron impugnaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
aunque el mandatario ya esté en funciones, puede echarle para atrás esa
extensión, porque es una reforma que debió hacerse antes del proceso electoral.
Curiosamente, nomás se
realizó la consulta inducida, dirigida y muy reducida, el presidente del
Congreso del Estado, Catalino Zavala Márquez, “encontró” al fin el decreto de
reforma a la Constitución local, para ampliar el mandato del próximo gobernador
de 2 a 5 años, pero, es bueno, porque ahora sí, después de publicarse esa
llamada “Ley Bonilla”, está siendo impugnada.
Para que procedan las
impugnaciones, tienen que estar bien soportadas jurídicamente, por ejemplo:
partidos políticos, organizaciones civiles y cuerpos colegiados de
profesionistas, debieron presentar el recurso como de inconstitucionalidad; y
los gobiernos, como controversia constitucional.
En los días de
circulación de esta edición, seguramente estará dictada la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual será una nota aparte de este
artículo de reflexión.
Lo
que dice Bonilla:
El gobernador electo,
Jaime Bonilla Valdez afirma que es moral y jurídicamente correcto su defensa de
gobernar la entidad 5 años, por lo que, se considera un demócrata, y que, con
ello no afecta la imagen de su partido, Morena, ni la del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
También presume que, si
el período del ejercicio de gobierno en el estado fuera de dos años, no se
habría registrado, pero que de palabra le dijeron, cuando hizo este trámite,
que era de un quinquenio, y en el documento no se indica un periodo.
Lo
que es:
El pasado proceso
electoral 2018-2019 comenzó el 9 de septiembre de 2018 y se fijó como
conclusión cuando se resolvieran los medios de impugnación, lo cual se declaró
el pasado 7 de octubre de este año 2019.
La convocatoria del
IEEBC, basada en el decreto del 2014, se publicó el 1 de enero de 2019, citando
que la competencia por la gubernatura sería para mandato por dos años.
Las
palabras contra los hechos:
Bonilla Valdez y su
camarilla juran y perjuran que, cuando se registró, el pasado 27 de marzo de
2019, había una convocatoria para gubernatura por 5 años, la realidad es que,
lo que había era un dictamen del Tribunal Estatal Electoral, no una
convocatoria.
El dictamen del TRIEBC
se emitió el 24 de febrero, pero, debido a que el Tribunal no tiene facultades
para ello, su orden no suplía ni siquiera por asomo, el decreto de octubre de
2014, que en su transitorio 8 precisa, con fechas, una gubernatura de 2 años.
El 9 de mayo el
Tribunal Federal Electoral de Guadalajara desechó el dictamen del Tribunal
Estatal, entre otras razones: porque no está facultado para cambiar periodos de
mandato de una convocatoria basada en un decreto constitucional del 2014,
vigente, y porque cualquier reforma al respecto estaba fuera de tiempo.
Fue sobre el decreto de
2014 que se inició el proceso electoral 2018-2019, y, por lo tanto, la orden
del TRIEBC, que no alcanzó a acatarse, no tuvo efecto de convocatoria electoral.
Por eso es que el
comentario de Bonilla fue que, “de palabra le dijeron, cuando hizo este trámite,
que era de un quinquenio”, pero no era ley. Y por ley, todos los candidatos se
registraron conforme a los términos de la convocatoria que, seguían sin
modificación, y no replicaron (excepto Bonilla).
Conciencia
sobre los tiempos y formas
¿Por qué no secundaron
los demás candidatos la intención de Bonilla de modificar la convocatoria para
ampliar el término de mandato a 5 años?
Porque estaban
conscientes de que era el Congreso del Estado al que correspondía hacer los
cambios a ese transitorio de la Constitución local, y, antes del proceso
electoral, la XXII Legislatura no había modificado (o “reparado”, según dicen
los seguidores de Bonilla) el decreto del 2014.
Tal reforma tenía que
haberse realizado antes de iniciar el proceso electoral, y, hasta el 9 de
septiembre de 2018 (tiempo de inicio del proceso electoral 2018-2019) habían
transcurrido 21 meses con 9 días de la XXII Legislatura, sin que hubiesen
siquiera comentado una reforma para ampliar mandato.
Es más, para cuando se
publicó la convocatoria del IEEBC el 1 de enero de 2019, marcando que la
contienda para gobernador sería por 2 años, habían transcurrido 2 años y un mes
(25 meses) de la XXII Legislatura del Estado, y, durante todo ese tiempo no
habían modificado (o “reparado”) el decreto del 2014.
Y para colmo, el 27 de
marzo, cuando Jaime Bonilla Valdez se registró como candidato a gobernador,
habían pasado 2 años, 3 meses y 27 días de la XXII Legislatura, sin
modificación alguna al multicitado decreto.
Ilusamente Bonilla creyó
a sus abogados que la decisión del TRIEBC sería válida como “convocatoria”, en
vez de que se hubiesen concentrado en conseguir que la XXII Legislatura les
hiciera “el favor”, porque al Congreso sí le competía, pero no al Tribunal
Electoral.
Como antes se indicó,
la XXII Legislatura debió hacer los cambios, a más tardar, antes del 1 de enero
de 2019.
Aproximadamente
debieron hacer la modificación (o “reparación”) antes de concluir la primera
semana de diciembre de 2018, para que se tuviera tiempo de consensar con los
cinco municipios y ordenar la publicación.
No vale ninguna reforma
con el proceso electoral en marcha, y mucho menos después de consumada la
elección popular. Que los abogados del diablo digan otra cosa, son eufemismos
contra el pueblo y la democracia, sofismas que quieren imponer creyendo
ignorantes a todos los bajacalifornianos, o sumisos a lo que digan y ordenen.
Cinco de seis
candidatos respetaron la convocatoria del 1 de enero de 2019; Bonilla era el
único inconforme, y tendrá que rabiar su inconformidad. La postura de Oscar
Vega, Jaime Martínez Veloz, Enrique Acosta, Héctor Osuna e Ignacio Anaya
Barriguete, implicó respetar los tiempos y formas.
Quiere
“Muerte Súbita”
Bonilla Valdez afirmó
que para él este proceso ya terminó una vez publicada la ley, y “ya vendrán los
afectados” a impugnarla, pero que “nada tienen que hacer las autoridades
electorales, las cuales provocaron todo el problema”.
En su soberbia no
entiende varios detalles: las autoridades electorales no provocan ni provocaron
“el problema”, porque el decreto de 2014 lo emitió el Congreso del Estado, los
órganos electorales solamente cumplieron el decreto.
El proceso electoral
terminó en dos etapas: el 2 de junio, con la consumación de las elecciones
populares para un mandato de 2 años, y el 7 de octubre, cuando el IEEBC declaró
concluidas todas las impugnaciones presentadas contra el desarrollo de los
comicios y sus resultados, no contra la vigencia del mandato, que, con el
decreto de 2014 vigente, fue y es de 2 años la gubernatura.
El dicho popular: “a
palo dado, ni Dios lo quita”, Bonilla insistió en pasárselo por el arco del
triunfo, y ha hecho todo lo que está a su alcance para irse a “muerte súbita”, con
argucias o estrategias legaloides.
De nuevo, aconsejado
por sus abogados del Diablo, “compró” a prácticamente los 25 diputados de la
XXII Legislatura, para que, ¡hasta el 8 de julio!, reformaran (o “repararan”)
el decreto de 2014, o sea, a los 2 años con 7 meses y 8 días de haber iniciado
la XXII Legislatura, y después de consumada la elección.
Desorientados:
La gran incógnita es:
¿por qué nunca antes, en 2 años, 7 meses y 8 días se les había ocurrido
reformar (o “reparar”) el decreto de 2014?
Las hipótesis son las
siguientes: En el año 2018 AMLO y sus seguidores temían que por tercera ocasión
no le reconocieran o no dejaran ganar a López Obrador la Presidencia de la
República, y todas las baterías estuvieron enfocadas en el triunfo que se
consiguió el 2 de julio de 2018.
Después de eso,
tuvieron seis meses de “embriaguez” política, que no les permitió visualizar la
necesidad de reformar el decreto local del 2014, para la competencia de
candidatos a gobernador en este año 2019, de tal manera que, iniciaron este año
2019 con una “cena de negros” al interior de Morena, infestado de priistas, y
nunca cavilaron que, en vez de acudir al Tribunal Electoral, debieron pedirle
“el favor” al Congreso del Estado.
Existe también la
versión de que en realidad practicaron tres intentos de coaccionar a los
diputados de la XXII Legislatura para que les hicieran “el favor”: la primera
vez, según dicen las víboras, tepocatas pintas, fue en enero de este año 2019,
pero, que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés fue la “piedra en el
zapato” que “impidió el consenso”.
La segunda ocasión fue
unos días antes de la elección del 2 de junio pasado, que fue denunciada por el
entonces Presidente del Congreso del Estado, diputado Benjamín Gómez Macías, el
sábado 1 de junio.
Y la tercera ocasión
fue unos días antes del 8 de julio, cuando, por fin, por mayoría aplastante,
mayoría calificada, con muchas dificultades, aprobaron la reforma (o dizque
“reparación”) al decreto de 2014.
Ese tercer intento le
funcionó, con el mal detalle de que, a la vista de todos los bajacalifornianos,
esa acción fue calificada como un descarado acto de corrupción; a nadie con dos
dedos de frente pueden convencer que los diputados de la XXII Legislatura
“votaron a favor del pueblo”, que “enmendaron una “ilegalidad” del 2014”, y
todos esos absurdos argumentos con los que se justificaron.
Repercusiones:
Cambiar los hechos
tendría repercusiones anárquicas en todo el país, iniciando por la Presidencia
de la República.
En el hipotético caso
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no rechace, o no pueda echar
abajo el decreto del 8 de julio, al fin publicado el pasado jueves 17 de
octubre (por cuestiones reglamentarias de ocupar específicamente 8 votos en
contra de la famosa “Ley Bonilla”), se sentaría un mal precedente para
cualquier gobernante del país.
Aprobar, o no poder
impedir que surta efecto la “Ley Bonilla” causaría una jurisprudencia que
puedan utilizar todo aquél mandatario, local, estatal o el propio Presidente de
la República, de cambiar leyes o constituciones locales o nacional, a su
arbitrio, a lo que les plazca, según sus propios intereses.
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