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Advierten medidas jurídicas y de movilizaciones masivas contra el gobierno del
estado, para impedir la operación de tres empresas que invadiría todas las
rutas existentes
Tijuana,
25 de julio de 2019.- Líderes transportistas de todo el estado advierten
movimientos contra el gobierno estatal, para impedir la operación de
concesiones que invaden las rutas de transporte público, ya de por sí,
saturadas, pues, lógicamente desplazarían a miles de unidades, con la
consecuente quiebra de 12 empresas del masivo en Tijuana y 2 de Playas de
Rosarito.
Desde mayo del año 2013,
José Guadalupe Osuna Millán pretendió, como gobernador, meter en operación
cientos de unidades de tres grandes empresas transportistas “metropolitanas”,
en colonias de Rosarito y Tijuana, lo cual significaría invadir rutas y, por
consiguiente, un mayor caos urbano que el que ya existe.
Gracias a movimientos
de resistencia de los transportistas de la entidad, principalmente de Tijuana, se
impugnaron esas concesiones, y, desde entonces, hasta la fecha, se mantiene el
encono entre el gobierno y los transportistas del estado que rechazan la
operación de las llamadas “rutas metropolitanas”.
Transportistas
encabezados por Arturo “El Napo” Aguirre González, Baltazar Gómez Ruiz, Arturo
Arce Quiroz, Gabriel Lemus Torres, Germán Martínez Cochran, Miguel Ángel Jiménez Quintero, y otros, advirtieron que tomarán medidas jurídicas y movilizaciones
masivas; mientras, lo que piden es una audiencia con el gobernador Francisco
Vega de Lamadrid.
Los convocantes a la
reunión de empresarios y líderes de organizaciones transportistas recordaron
que el 3 de mayo de 2013, José Guadalupe Osuna Millán otorgó concesiones de “transporte
metropolitano” en Rosarito y en Tijuana, a las siguientes empresas:
Transporte Metropolitano
de Tijuana S.A. de C.V., Transportes Urbanos y Suburbanos Calafia de Baja
California S.A. de C.V., y a Transportes Integrales de Baja California S.A. de
C.V.
Arturo “El Napo”
Aguirre, presidente de la empresa Grupo Calfia de Tijuana S.A. de C.V.,
advirtió que la operación de esas empresas “metropolitanas” llevaría a la
quiebra a las 12 empresas del transporte masivo en esta ciudad y 2 de Rosarito,
con las que ya se relacionan para la ruta intermunicipal.
Obviamente, agregó, “el
gobierno quiere favorecer a algunos amigos; de otra manera no se entendería
que, pese a haberse cancelado las concesiones, dos veces más insistió el
gobierno de Kiko Vega en anular esas cancelaciones, o sea, para darle luz verde
a la operación de esas tres empresas”.
Por su parte, el
presidente del Consejo Ejecutivo de la empresa Azul y Blanco J. Magallanes,
Arturo Arce Quiroz señala que serían por lo menos 4 mil las unidades de
transporte masivo que dejarían de operar por la invasión de rutas si el
gobierno estatal se impusiera con esas concesiones “metropolitanas”.
Después del
otorgamiento de las tres concesiones el 3 de mayo de 2013, el 10 de mayo fueron
canceladas, gracias a la movilización de los transportistas de la entidad,
lográndose incluso que esa orden de cancelación se publicara en el Periódico
Oficial del Estado (POE).
Entonces, el 31 de mayo
de ese mismo año, las tres empresas presentaron un juicio de nulidad al decreto
publicado, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, logrando ellas,
hasta el 13 de enero de 2017, una ejecutoria del juicio de nulidad con número
569/2013, donde se ordena al gobierno del estado dejar sin efecto los acuerdos
de cancelación de las tres concesiones.
Sin embargo, no
obstante que la sentencia del Tribunal salió el 13 de enero de 2017, el
secretario general de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez ocultó esa
resolución para que nadie se inconformara, y, cuando quisieran hacerlo, hubiera
pasado el tiempo legal de procedencia de las impugnaciones.
Fue hasta el pasado 12
de julio de 2019 que fue publicada la resolución del Tribunal en el Periódico
Oficial del Estado, sin haber sido nunca llamados a juicio, ni las autoridades
del transporte, los cuales son técnicos en la materia, y, por supuesto, nunca
llamaron a los transportistas, que obviamente saldrían perjudicados.
No obstante, la
maniobra legal que operaron funcionarios del gobierno estatal que encabeza
Francisco Vega de Lamadrid, los transportistas del masivo, a los cuales se
suman también de taxis de rutas y de taxis libres, analizan los medios
jurídicos de defensa, o la audiencia con el gobernador, lo que caiga primero.
“No se vale que actúen
a escondidas”, protestaron los transportistas, incluidos taxistas que también
temen ser afectados, preparados incluso para marchas, manifestaciones y
plantones, además de pintar en sus unidades consignas contra las acciones “tracioneras”
del gobierno.
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