*
Justo un día antes de la elección del pasado 2 de junio, el presidente del
Congreso, Benjamín Gómez denunció actos de extorsión por parte del jefe de la
Aduana Mexicali y un funcionario de Gobernación
José
Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana,
11 de julio de 2019.- La votación casi unánime de los diputados
presentes en sesión extraordinaria del pleno del Congreso, para aprobar aumento
de la próxima gubernatura a 5 años, la corrupción es inocultable, y, aunque
digan misa los legisladores, no tienen excusa válida.
No son válidos
cualquiera de los argumentos que han esgrimido y todos los demás que quieran
esgrimir, según ellos, para sacudirse el estigma que ya se ganaron a pulso: el
de corruptos; y ningún argumento les sirve, porque esa reforma pudieron haberla
realizado a principios o a mediados de la XXII Legislatura, la cual está ya a
unos días de concluir.
Además, cabe observar
que el 1 de junio, justo un día antes de la elección del 2 de junio, el diputado
presidente del Congreso, Edgar Benjamín Gómez Macías denunció públicamente
actos de extorsión por parte del jefe de la Aduana de Mexicali, Alejandro
Miramontes Armenta, y un funcionario de Gobernación.
La extorsión consistió
en ofrecerles 1 un millón de dólares, a él y a cada uno de los 25 diputados,
para que en sesión extraordinaria urgente aprobaran precisamente lo que acaban
de aprobar: el decreto para ampliar la próxima gubernatura a 5 años. Por lo
tanto, ¿no es lógico que, el espíritu de lo que hicieron este pasado lunes 8 de
julio, por la noche, fue basado en esa extorsión?
Les dio miedo perder “hueso”,
y maneras de hacer dinero, de cargos públicos.
No hay pero que valga,
la XXI Legislatura fue la que emitió el decreto 112 del 11 de septiembre de
2014, del cual, este pasado lunes 8 de julio de 2019 reformaron uno solo de los
artículos transitorios, el octavo, para aumentar de 2 a 5 años la próxima
gubernatura del estado: ¡casi 5 años para hacer ese cambio!
Si la XXI Legislatura
no modificó el texto constitucional transitorio, la XXII Legislatura pudo
hacerlo entre el 1 de octubre de 2016 hasta el 8 de septiembre de 2018, ya que,
arrancado el proceso electoral 2018-2019, y menos, después de ejercida la
votación del 2 de junio de 2019, no es válida ninguna reforma al mandato
constitucional de una gubernatura de dos años.
Incluso, tal vez
habrían tenido oportunidad de hacer esa reforma hasta el 4 de noviembre de 2018,
o sea, un día antes de la aprobación
por el Consejo General del IEEBC la emisión de la convocatoria a candidaturas
independientes (siendo congruentes con los derechos de cualquier
ciudadano a votar y ser votado).
Corrección, para mejor congruencia, debió ser, cuando menos, 15 días
antes de que empezara noviembre de 2018, por aquello de los tiempos de procedimiento
de votación de los Ayuntamientos, y la publicación de la reforma en el
Periódico Oficial del Estado (POE).
El párrafo primero del
Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
sentencia la no retroactividad de ninguna ley; o sea, como se dice popularmente:
a palo dado ni Dios lo quita.
Al no haberse reformado
el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado de Baja
California, del Decreto 112 del 11 de septiembre de 2014, antes del proceso
electoral pasado, no tiene validez legal ninguna modificación que se haya hecho
al Artículo citado, después de ese proceso.
Si bien, muchos
legisladores llegan sin conocimientos jurídicos, hay, en esta XXII Legislatura,
por lo menos uno, que no solamente es Licenciado en Derecho, especializado en
Derecho Constitucional y Administrativo, también es académico, da clases en la
Facultad de Derecho de la UABC: Raúl Castañeda Pomposo.
Según el, o los
informantes del columnista Sergio Anzures, de Ajedrez Político, la orden en
realidad les llegó de la oficina del Gobernador Francisco Arturo Vega de
Lamadrid, en la persona de Miguel Ángel Bujanda Ruiz.
Aunque eso fuera
cierto, si el arreglo fue que aprobaran el decreto que aumenta la gubernatura
próxima a 5 años, a cambio de que no sometieran a juicio político al gobernador
actual y a, varios de ellos, como “diputados cómplices”, aparte de llevarse una
buena lana, por supuesto, o incluso, ofrecimientos de plazas laborales en los
próximos gobiernos. Todo eso es corrupción.
Nada les sirve de
excusa, ni siquiera haciéndose pasar como víctimas de una “orden de arriba”. Es
obvio que estuvieron muy metidos en la corrupción, y, ganaron además una muy
generosa recompensa económica. Si no lo hicieron así, habrían sido algo así
como retrasados mentales, y de eso no tienen ni un pelo.
Además, ya estaba el
antecedente de antes de la elección del 2 de junio: la extorsión que denunció
el propio diputado presidente del Congreso, Benjamín Gómez, y que, por lo
visto, ahora sí aceptó.
¡Qué horrible traición
a la democracia! ¡Qué asquerosa muestra de la corrupción que impera en los
supuestos representantes del pueblo! ¿Y así se sorprenden de los elevados
niveles de abstencionismo en las elecciones? La dignidad, honestidad, cualquier
valor moral, no la practican, aunque los conozcan.
¡Ah! Y lo peor de todo, es que, si hubo funcionarios federales involucrados en la corrupción, (incluso uno que se recordará hizo proselitismo a favor de Jaime Bonilla), eso significa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está involucrado, o por lo menos, consciente, de la corrupción perpetrada por su pupilo: Jaime Bonilla.
En ese sentido, esta 4ta Transformación se está revelando como la peor porquería que la "mafia del poder" a la que tanto condenaban.
Comentarios
Publicar un comentario