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No se puede ni se debe cambiar lo que fue un hecho consumado, aclara el
legislador Isaías González Cuevas
José
Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana,
12 de julio de 2019.- En su papel de diputado federal, Isaías
González Cuevas, que es además dirigente nacional de la CROC, y presidente de
la Agrupación Política Nacional “Ricardo Flores Magón”, confirmó que fue
anticonstitucional el decreto del Congreso local de aumentar de 2 a 5 años la
gubernatura próxima.
González Cuevas aclaró
que no se trata de calificar o descalificar si la gubernatura debiera tener una
duración de 2 o de 5 años; “se trata de que no se puede ni se debe cambiar lo
que fue un hecho consumado, y debe respetarse el mandato constitucional de la
no retroactividad”.
“Los que votaron lo
hicieron por una gubernatura de 2 años, y la constancia de gobernador electo a
Jaime Bonilla fue para una gubernatura de dos años; son hechos consumados, de
los cuales no hay marcha atrás”.
“Eso se tiene que
respetar; por lo que, creo que va a prosperar el juicio político, y la demanda
de controversia constitucional”, explicó.
En cuanto a los diputados
locales que votaron para que esa reforma se emitiera, a favor de aumentar la
gubernatura que encabezará Jaime Bonilla, cuestionó la integridad moral y la
praxis jurídica de esos legisladores.
“Votaron a favor de sus
intereses particulares, políticos o… de sus conveniencias, no sé si económicas,
porque no me consta, pero, sin duda, no votaron pensando en el pueblo; y dejan
un mal precedente nacional, porque no afecta solamente a Baja California, sino
a todo el país”, puntualizó.
“No pensaron ni
midieron los alcances y consecuencias de esa acción; ahora ya son criticados y
condenados no solamente a nivel local y estatal, sino en todo el país
trascendió esto, y deja un mal precedente de la política nacional; en el Senado
ya se está pidiendo el juicio político en contra de ellos”, observó.
En lo personal, procuró
no emitir un juicio, dejándole a los órganos públicos competentes el
procedimiento que deba seguirse a esos diputados locales, mas, confirmó que el
PAN en el Senado ha solicitado el juicio político, y el PRI Nacional parece que
también expulsará a sus legisladores priistas que votaron por la controvertida
reforma.
También partidos y
organismos de la sociedad civil están ya demandando la nulidad de ese decreto,
y se va a interponer una demanda de controversia constitucional, la cual deberá
pronto resolver el Tribunal Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, apuntó.
Isaías González Cuevas
recordó que, incluso, en el transcurso de los dos meses de campaña, dos veces
el Tribunal Federal Electoral rechazó la demanda de Jaime Bonilla, de aumentar
de 2 a 5 años la próxima gubernatura; por lo que, ni la actual ni la nueva
legislatura debían hacer nada ya al respecto; “y ahora tendrán que pagar las
consecuencias”.
El diputado federal
descartó, sin embargo, que esto sienta un precedente de reformar la
Constitución Política Nacional, pues, aunque observa con agrado que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador se someta a un plebiscito de revocación o ratificación
de mandato en medio del proceso electoral 2021, no cree que tenga que ver con
una intención de reelegirse.
No descarta que exista
un interés de mantener la mayoría de la Cámara de Diputados, para garantizar
que pueda continuar los otros tres años con su plan de gobierno, “el cual,
algunos interpretan que va lento, pero yo creo que va a marchas forzadas, trabajando
intensamente para cumplir lo que prometió, a 6 años, no más allá de ese periodo”.
“No creo que se use
esto como un laboratorio político; él no pretende reelegirse, ya lo ha dicho
varias veces; y no veo que sea tampoco el mismo caso que Baja California”,
analizó el legislador federal priista.
Entonces, en su calidad
de priista, lamenta que los diputados locales de su partido padecerán las consecuencias
de que “quedaron mal con sus electores, con su partido, con sus familias;
debieron pensar que ya había un acto consumado, en el que Bonilla había
aceptado la constancia de gubernatura por dos años, y, en ese sentido, no se
debe cambiar la voluntad del pueblo, expresada en las urnas”.
Además, eso no le abona
nada bueno al PRI, que obtuvo apenas poco más del 3% de votación, pero,
subrayó, quienes deben pagar las consecuencias mayores son los diputados que
traicionaron así al partido y a los electores.
Por su parte, Mario
Madrigal Magaña, dirigente del SINTOLED (Sindicato Nacional de Trabajadores
Operadores de Libros de Establecimientos de Diversión -conocidos popularmente
como Casinos-, Hoteles, Restaurantes y Comunicaciones), y ex dirigente del PRI
Estatal, prefirió en todo momento no emitir juicios contra los diputados
priistas locales, y fue reiterativo en dejar esos asuntos en manos de quienes
tienen competencia jurídica en ello.
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