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Crucial, incorporar la perspectiva de género en las acciones de gobierno para
el desarrollo pleno de la mujer
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Acuerda también enviar una carta al titular de la SHCP para urgirle la entrega
de recursos
Libertad,
Ciudad de México, Junio 06 del 2019.-La Comisión de Igualdad de
Género avaló con siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la
opinión del “Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”.
Destacó que es crucial
incorporar la perspectiva de género en la implementación y seguimiento de las
acciones encaminadas a lograr el desarrollo y reforzar el compromiso al más
alto nivel político, para que sea un elemento transversal en las acciones de gobierno
y no sectorizado, bajo la responsabilidad de pocas instituciones.
Por otra parte, las
integrantes de la instancia legislativa aprobaron enviar una carta a Carlos
Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, para plantearle la
urgencia de entregar el presupuesto asignado en el Anexo 13 del Presupuesto de
Egresos de la Federación, que asciende a más de 64 mil millones de pesos, a los
programas que atiendan a las mujeres.
El documento lo firmaron las
legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios, para que los recursos
etiquetados a las dependencias se entreguen y cualquier retraso en la
distribución se solvente, además de que se conozca el ejercicio presupuestal.
Respecto al PND, la presidenta
de la instancia legislativa, Wendy Briceño Zuloaga, resaltó ocho
recomendaciones relevantes que aglutinan los comentarios, análisis y propuestas
de todas las legisladoras, así como las observaciones de dos parlamentos
abiertos realizados en mayo pasado, donde participaron asociaciones civiles, feministas,
ONU Mujeres y académicas.
La opinión aprobada plantea
que la creación de sociedades inclusivas y pacíficas seguirá fuera de nuestro
alcance hasta que las mujeres y las niñas estén a salvo de toda forma de
violencia y puedan influir en las decisiones que afectan su vida.
Destacó la importancia de
asegurar que el PND tenga un impacto directo y transformador en los derechos de
mujeres, adolescentes y niñas, quienes históricamente han estado más rezagadas.
Además, de garantizar la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos
suficientes para la consecución de objetivos.
La necesidad de diseñar con
claridad las estrategias que se desarrollarán para hacer frente a las múltiples
discriminaciones que viven las mujeres es otro aspecto fundamental.
Propuso establecer metas y
objetivos claros y bien definidos, en donde se haga explícito el impacto
diferenciado de las medidas a implantarse e incluir indicadores para la
evaluación del impacto.
Asimismo, incorporar de manera
explícita las estrategias para atender las principales problemáticas, como la
persistencia de patrones de violencia contra mujeres y niñas que incluyan las
agresiones física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la
agresión doméstica, desapariciones forzadas, tortura sexual y asesinatos,
especialmente los feminicidios.
Las trabas institucionales,
estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres
a la justicia; la escasa participación de este sector en los procesos y
estrategias para enfrentar la violencia e inseguridad generalizadas en el país,
incluida la delincuencia organizada; las limitantes que encuentran las niñas y
mujeres con discapacidad para acceder a servicios de salud, de protección
social, a la educación y al mercado laboral, son otras variables a incorporar.
Además, de la violencia contra
las defensoras de derechos humanos y ambientales; la falta de capacidades
institucionales para garantizar los derechos de mujeres y niñas desplazadas,
migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Asimismo, incluir estrategias
para fortalecer sistemas de información, estadísticas oficiales y registros
administrativos. Establecer los mecanismos a través de los cuales las mujeres y
niñas participen de manera significativa en el monitoreo y evaluación del PND,
a fin de alentar la inclusión.
La comisión apuntó que no solo
el ataque a la corrupción y al crimen organizado pacificarán al país. La verdad
y justicia también van de la mano en el combate a aquellas violencias como la
trata, el abuso sexual, los feminicidios y la violencia cotidiana que laceran a
niñas, adolescentes y mujeres mexicanas.
Del PRI, la diputada Ximena
Puente De La Mora expresó su inquietud porque el plan no se ciñe al artículo 21
Ter de la Ley de Planeación, el cual establece la necesidad de identificar
metas, objetivos e indicadores de gestión que ayuden a medir las acciones para
saber si dan resultados y generan los cambios que el país necesita.
“En las acciones se deben
puntualizar los qué y los cómo, sino hay, no vamos a tener parámetros para
saber si vamos bien o tenemos que rectificar”.
La legisladora del PAN,
Verónica María Sobrado Rodríguez, afirmó que el PND no cumple con la
perspectiva de género. “Hoy solo vemos un documento ideológico que no contiene
objetivos e indicadores, indispensables en el plan, que es la guía de actuación
del gobierno. No sólo se trata de buenas intenciones, no podemos votar en
positivo un plan que sólo habla de buenas intenciones y dice que hay
disposición, pero no garantiza las acciones”.
Nosotras estamos obligadas a
garantizar los derechos de las mujeres. Además, no cumple con lo que marca la
Ley de Planeación en el artículo 21 Ter, respecto a los objetivos generales y
específicos, así como estrategias. Tampoco incluye los preceptos indispensables
que permitan avanzar en la progresividad de los derechos humanos, subrayó.
La diputada Beatriz Rojas
Martínez (Morena) apuntó que el plan no incorpora la perspectiva de género. No
hace ningún diagnóstico sobre la problemática de violencia extrema hacia las
mujeres y carece de especificidad en los objetivos al respecto; tampoco hay
estrategias; falta integrar datos y estadísticas que muestren la situación real
que vive esta población.
Manifestó su preocupación por
que no se tienen objetivos claros, acciones ni metas que garanticen un impacto
a corto, mediano y largo plazos en beneficio de las niñas y mujeres para
erradicar la desigualdad, pero sobre todo la violencia extrema y cerrar brechas
entre hombres y mujeres.
Pese a los avances alcanzados
se requiere fortalecer la política pública para atender las necesidades de este
sector. Pidió considerar las opiniones de las legisladoras, “se debe garantizar
en el PND que se incluya la perspectiva de género”.
Por el PRD, la legisladora
Guadalupe Almaguer Pardo señaló que existe nulo compromiso del Ejecutivo con la
agenda de los derechos de las mujeres. “Hay un vacío y simulación porque no
plasma ningún compromiso”.
“Sería una traición a las
mujeres y niñas mexicanas entrar a esta simulación, que cuesta 10 asesinatos de
mujeres al día y desaparición de menores. Hay irresponsabilidad del gobierno
que solo habla y no actúa”. Cuestionó las estrategias para aminorar la
violencia. El PND a nivel jurídico y técnico no cumple la normativa, consideró.
Del PES, la legisladora Olga
Patricia Sosa Ruiz enfatizó su preocupación por la falta de indicadores.
Resaltó la importancia de la transversalidad, armonización con los tratados
internacionales, en cumplir con los objetivos de la ONU e interculturalidad que
le hacen falta al PND.
Exhortó a que se modifique el
plan, por su debilidad y porque no cumple con las expectativas en materia de
igualdad de género.
Por otra parte, las
integrantes de la comisión aprobaron, por unanimidad, el dictamen para
adicionar un párrafo a la fracción VII del artículo 38 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de diseñar programas
de atención y capacitación a víctimas que les permitan participar plenamente en
todos los ámbitos de la vida; incluyendo aquellas que permitan su inserción
laboral y empoderamiento económico.
La diputada Julieta Kristal
Vences Valencia (Morena), proponente de la iniciativa, destacó que el propósito
es contribuir a eliminar todo tipo de violencia, específicamente la económica y
patrimonial, que pueden ser inadvertidas, pero determinantes para que las
mujeres tengan una vida plena.
Finalmente, avalaron la
opinión para la Comisión de Puntos Constitucionales, relativa al proyecto de
decreto a fin de adicionar el inciso D, a la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política.
Para contar con mayores
elementos jurídicos, la Comisión de Igualdad de Género propuso adicionar que
“la legislación establezca todos los tipos penales referentes a las violencias
contra las mujeres y niñas, con inclusión de todos los delitos, sanciones y/o
derogaciones correspondientes que garanticen plenamente los derechos de esta
población a vivir libre de violencias.”
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