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XXIII Ayuntamiento de Tijuana

No viola moratoria Blue Propane, y los vecinos pueden vivir tranquilos, aseguran directivos


* Confían en destrabar en breve procedimientos administrativos para el retiro de sellos en 5 de las 10 estaciones que ya se encuentran en su etapa final de obra
* En todo hay riesgos, pero en todas se cumplen los estándares de seguridad y medidas de mitigación, subrayan
José Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana, 10 de abril de 2019.- Luego de aclarar que no son 16 sino 10 las estaciones de venta de Gas LP que construye Blue Propane en esta ciudad, los directivos Marco Antonio Sánchez y Jorge Alberto Elías mostraron documentos que demuestran que no violaron la moratoria, y que sus instalaciones son seguras.
Por lo anterior, sostienen que los vecinos pueden vivir tranquilos, ya que, no obstante que en toda actividad productiva hay riesgos, en las 10 estaciones que esperan operar en breve, se cumplen los estándares de seguridad y medidas de mitigación.
Asimismo, Jorge Alberto Elías manifestó que confían en destrabar pronto los procedimientos administrativos para el retiro de sellos en 5 de las 10 estaciones de distribución, que ya se encuentran en la etapa final de la obra.
Marco Antonio Sánchez exhibió el permiso de uso de suelo que les otorgó la Dirección de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Tijuana, el 23 de enero de 2015, firmado por el entonces director del Departamento de Usos de Suelo, el arquitecto Rafael Valdivia Reyes.
De esa manera demostró que casi dos años antes de decretarse la moratoria para otorgar nuevos permisos de instalación de estaciones, plantas y gasoductos en la ciudad, la empresa Blue Propane ya contaba con los permisos correspondientes, incluidos los estudios de impacto ambiental, por parte de autoridades federales, y, en consecuencia, no se violentó ningún a normatividad.
Pese a los sellos municipales, al parecer en acatamiento a demandas ciudadanas de vecinos de los lugares donde se ubican las 10 estaciones de gas de Blue Propane, Sánchez aclaró que no tienen pleito con ningún orden de gobierno, y, en cuanto a las demandas ciudadanas, que “están en su derecho de inconformarse”, todo se aclarará en los tribunales.
Los sellos de clausura por parte del gobierno municipal son procedimientos administrativos fácil de aclararse, ya que cumplieron con todos los permisos, acotó Jorge Alberto Elías.
Por su parte, el abogado Abraham Jaramillo, del departamento jurídico de la empresa gasera, precisó que se sujetan a muchas Normas Oficiales Mexicanas, unas, del 2004, que incluye especificaciones civiles, donde se establece una serie de medidas, entre ellas, la de conservar una distancia de 30 metros a los centros de población, que se especifica también como el concentrado mínimo de 100 habitantes.
En cuanto a la cantidad de gas LP en las pipas o envases para la distribución y venta del producto, la restricción normativa precisa que más de 100 mil litros por estación representaría un grave riesgo para la población cercana; sin embargo, en ninguna estación se supera los 5 mil litros por pipa o tanques, de los cuales operan dos en cada estación.
Por lo anterior, subrayaron los directivos de Blue Propane que respetan las distancias, y cumplen con todos los requisitos de seguridad, pues no van a arriesgarse a violar leyes que obviamente les afectaría.
De paso, Jaramillo aclaró que hay grandes diferencias entre plantas de almacenamiento y estaciones, siendo estas segundas en las que ellos se especializan, y, por consiguiente, no violan ninguna reglamentación, ni municipal, estatal ni federal, por lo que, todo lo demás que se difunde es especulativo.
Incluso, aclararon también que la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado había colocado unos sellos de clausura, pero luego los retiró, con su respectiva justificación documental administrativa, admitiendo que no es competencia de ellos, sino de las autoridades federales.
Jaramillo recalcó finalmente que sí cumplieron también con el estudio de impacto ambiental, verificado por unidades de la Secretaría de Energía, de los tanques, que cuentan con memoria de cálculo, y software que les alerta de cualquier posible fuga por mínima que sea, y se aplican las medidas de mitigación pertinentes.
Todo eso les permite garantizar la seguridad de las instalaciones para ellos mismos, y, obviamente, para toda la población.

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