Libertad,
Ciudad de México, Marzo 13 del 2019.-David Colmenares Páramo,
titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirmó que “no podemos
ser realmente efectivos en la lucha contra la corrupción con el estatus en que
muchos estados han mantenido a sus auditorías superiores, por la evidente
vinculación política que existe, la dependencia para financiarlas y los
obstáculos para mantener en los cargos a los auditores cuando hay un cambio de
gobierno, sin importar el color del partido que llegue”.
El problema no es medir la corrupción,
ya sabemos que existe, está bien tener indicadores adecuados, pero lo
fundamental es encontrar mecanismos de coordinación, intergubernalmental,
interinstitucional entre poderes para combatirla con eficacia. Fortalecer y dar
autonomía a las auditorías superiores de los estados es el reto que consolide
este proceso y prevenir malos manejos del gasto público, apuntó.
Durante el Foro
Internacional “Mejores Prácticas en Materia de Fiscalización”, organizado por
la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales, de la
Comisión de Vigilancia de la ASF, Colmenares Páramo apuntó la conveniencia de
federalizar a las auditorías superiores de los estados y
darles autonomía.
La mayoría de los
funcionarios estatales piensan que tener un contralor o auditor a modo les
ayudará a hacer las cosas mejor, finalmente tenemos que entender que cuando las
cosas fallan no se pueden ocultar. “El que la hace la paga, tarde o temprano”,
sostuvo.
Colmenares Páramo destacó la
conveniencia de diseñar la cultura del cumplimiento en el pago de impuestos,
porque muchos presidentes municipales argumentan que no cobran el impuesto
predial porque tendrían un costo político, pero ese costo es precisamente no
cobrar y no trabajar bien.
Señaló que Chile recauda por
ese concepto 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), Argentina 0.5;
Colombia 0.4, y 0.1 México. Por ello, los alcaldes tienen una función
primordial en la prevención de la corrupción, así como las auditorías
superiores de los estados, los órganos de control y transparencia, los sistemas
estatales anticorrupción y los congresos locales; en el ámbito federal, el
Congreso, que da fortaleza a la ASF para que se desempeñe.
Robustecer las funciones de
las auditorías superiores estatales forma parte de un paquete de cambio, junto
con las actividades de la ASF, de la Secretaría de la Función Pública y de
contralores en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
El titular de la ASF refirió
presiones a auditores en diversos estados de la República, mediante la
retención de recursos presupuestarios y la realización de fiscalizaciones
personales; hay casos en donde no renunció el auditor y desaparecieron la
auditoría de esa entidad y crearon un organismo con otro nombre, a quien
critica lo acusan de fraude y lo meten a la cárcel.
“La fiscalización sobre el
ejercicio de los recursos públicos es un trabajo difícil por las presiones que
reciben los auditores en los estados, entonces sólo con la coordinación
institucional entre los auditores y el apoyo que ofrezca la Cámara de Diputados
se podrán consolidar las acciones”, afirmó.
Dijo que se evita la
corrupción en el manejo del gasto público con el conocimiento de las normas,
aplicación de criterios y si se sabe el destino de los recursos, para
identificar en qué y cómo se gasta.
Estos foros coadyuvarán a
mejorar la comunicación y coordinación, a fin de encontrar estrategias de
fortalecimiento institucional para lograr eficacia y prevenir corrupción e
impunidad.
Al inaugurar el Foro
Internacional, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario
Alberto Rodríguez Carrillo, sostuvo que la tarea de esta instancia legislativa
es crear mejores estructuras y fortalecer los sistemas de fiscalización y el
Nacional Anticorrupción, la ASF y la Secretaría de la Función Pública.
El legislador resaltó que a
través de la práctica del parlamento abierto se busca recabar la información de
investigadores de los organismos especialistas en la ruta de generar productos
legislativos eficaces.
Apuntó que las
recomendaciones referentes al análisis jurídico de las auditorías superiores
locales permitirán emprender coordinación con los entes locales enfocadas a
cerrar los recovecos que las leyes tienen y fortalecer los nuevos sistemas de
transparencia y rendición de cuentas.
La diputada Aleida Alavez
Ruiz (Morena), coordinadora de la subcomisión de Análisis Jurídico de las
Auditorías Superiores Locales, destacó que la importancia de este foro es
analizar la estrategia de cómo abatir uno de los problemas que más
lacera al país, la corrupción.
Indicó que
durante años en diversas mediciones realizadas en organismos
internacionales, México ocupa las peores calificaciones respecto de este
flagelo, que ha impedido el desarrollo y prosperidad de los ciudadanos.
Detalló que ante este
panorama, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
creó la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorias Superiores Locales,
a fin de reconocer los aspectos de la fiscalización en el ámbito local y, en su
momento, considerar la elaboración de una ley general en la materia que
establezca principios y criterios a esta importante función.
Rosa María Cruz Lesbros,
representante del Banco Mundial, afirmó que las entidades de fiscalización
deben contribuir a la fortaleza de las finanzas públicas. “No son un órgano que
golpeen políticamente a nadie”.
Resalto que el Sistema
Nacional de Fiscalización está bien articulado, pues coloca en el mismo nivel a
la Secretaría de la Función Pública, lo que promueve la coordinación orientada
al mejor uso de recursos públicos.
Enfatizó que para tener una
adecuada fiscalización en el país no se requiere llenar las cárceles, sino que
todo servidor público y ciudadano se comporte en acato a la transparencia y
rendición de cuentas del gasto.
En este sentido, pidió a los
legisladores analizar si se quiere prevenir o cazar corruptos, toda vez que en
la pasada administración la Secretaría de la Función Pública poseía 237
contralores, de los cuales 66 eran contadores y 124 abogados; es decir, se
tenía un enfoque punitivo y no preventivo.
Karla Fernanda Barrera
Caballero, representante de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el
Delito, informó que México fue auditado en 2017 en materia de fiscalización,
rendición de cuentas y gestión de la Hacienda Pública, en donde se hizo las
observaciones respecto de que se debe fortalecer con transparencia las fuentes
de los ingresos públicos del orden federal y local.
Asimismo, reforzar el
régimen de elaboración y supervisión de las licitaciones donde interviene el
Estado; es decir, que las dependencias gubernamentales se coordinen con el
sector empresarial y las organizaciones civiles para identificar el
beneficiario final de una empresa o los activos y, con ello, evitar empresas
fantasmas.
Además, elaborar políticas
eficaces contra la corrupción, a través de la coordinación en los tres niveles
de gobierno, se garantice el examen interno de todos los procesos de
contratación pública y ofrecer la posibilidad de reclamar si existiera alguna
inconformidad en los procedimientos de adjudicación directa.
De igual manera se solicitó
que México refuerce las medidas de cooperación entre los organismos de
investigación de actos de corrupción entre sector público, privado y sociedad
civil.
Barrera Caballero expuso que
el país puede seguir simplificando sus procedimientos administrativos, al
proceder con la publicación periódica de la información del gasto público, a
fin de evitar riesgos de corrupción.
Jacobo Pastor García
Villarreal, especialista senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
expresó que para cambiar la tendencia negativa de México en las evaluaciones de
percepción de corrupción, se debe trabajar en el ámbito local, ya que “son la
primera ventanilla para los ciudadanos”.
En su ponencia “La
contribución de las instituciones de fiscalización superior a la buena
gobernanza: La experiencia internacional”, indicó que la rendición de cuentas,
no sólo debe llevarse más allá del ejercicio de los recursos públicos sino hacia
resultados de las políticas públicas; es decir, “hacer más con menos y generar
mayor eficiencia, y estar seguros que en donde se invierte el presupuesto se
están generando resultados”.
Mencionó que en las cuentas
públicas se ha visto que las entidades de fiscalización son una de las
instituciones clave para la gobernanza de un país; sin embargo, “este rol ha
venido evolucionado, sin demerito de las actividades de vigilancia y control de
las tareas que realizan las entidades de fiscalización, pues ya no es sólo la
vigilancia la única manera como estas entidades contribuyen a una buena
gobernanza, ya que pueden aportar información”.
García Villarreal sostuvo
que cada vez hay una mayor demanda ciudadana por la rendición de cuentas y
transparencia. Agregó que un Estado estratégico requiere de actividades de
consulta, información, evidencia y actividades de perspectiva que incluyan el
análisis de tendencias y monitoreo de la evaluación de los programas. “Los
gobernantes deben darse cuenta que un auditor a modo no sirve; uno que hace
bien su trabajo le es útil al gobierno para generar información, evaluar su
actuar y preparar el futuro”.
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