Libertad,
Ciudad de México, Diciembre 11 del 2018.-La presidenta de la
Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Rosalba Valencia Cruz
(Morena), destacó que se requiere mayor inversión en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) destinada a esta población, para garantizar la
protección de sus derechos.
En la reunión de trabajo
“Inversión pública en Niñez y Adolescencia. Retos y Perspectivas”, la
legisladora precisó que asignar recursos a la infancia, en particular a los
grupos más vulnerables como los indígenas, es invertir en el futuro, pero sobre
todo en el presente del país.
Consideró prioritario hacer una
evaluación y seguimiento para mejorar el trabajo y estar pendientes de esta
población, en temas relacionados con la salud, educación, infraestructura y
derechos humanos. De esta forma, en el futuro ya no será necesaria tanta
inversión en problemas como la diabetes infantil, pues nuestro país está entre
los primeros lugares en la incidencia de este padecimiento.
La diputada Dulce María
Méndez De La Luz Dauzón (MC) se pronunció por fortalecer el diálogo permanente
y trabajar de manera conjunta por este sector.
Nancy Ramírez
Hernández, representante de Save the Children, México, propuso visibilizar la
problemática de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la
aprobación del Presupuesto 2019, para identificar retos a mediano plazo
que permitan un mejor enfoque en el uso de los recursos, a través de un diálogo
permanente con los diputados, que garantice que el Anexo 18, refleje una mayor
inversión que impacte la vida de este sector.
Destacó que la agenda para
garantizar sus derechos debe traducirse en un presupuesto público, para que no
sólo quede en buenas intenciones.
Apuntó que la niñez es el
sector que enfrenta más retos por las condiciones que vive el país, en
particular porque es una etapa de desarrollo fundamental para sentar las
habilidades, clave para el desarrollo del resto de la vida.
Refirió que la Ley General
que reconoce los derechos de la niñez, enfrenta retos de difusión, porque no
todas las personas la conocen y requiere una nueva interpretación, ya que
cambia el paradigma cultural para percibir a las niñas, niños y adolescentes
como sujetos de derechos y no como objetos de protección, lo cual requiere una
transformación en su atención.
Malcon Aquiles Pérez,
representante de World Vision México, destacó la importancia de que la sociedad
civil participe en la discusión presupuestaria, y dar seguimiento en el uso de
los recursos.
Expresó su convicción
respecto a que las organizaciones civiles logren con la actual Legislatura,
caminos para atender a esta población, mediante el Anexo 18 que garantice el
interés superior de la niñez.
Luis Alberto Barquera
Miranda, presidente del Consejo Directivo de la Organización para el Desarrollo
Social y la Educación para Todos, Odisea A.C., afirmó que en México, más de 60
por ciento de las niñas, niños y adolescentes no ejercen sus derechos.
“Es escandaloso,
escalofriante, pero año con año es lo mismo, no hay una reacción del
Legislativo para revertirlo”. Planteó no aceptar reducciones al presupuesto de
los programas del sector, “como el de Inclusión y Calidad Educativa, donde
junta a niñas y niños con discapacidad, indígenas y de telesecundarias pero
disminuye recursos a la mitad”, pues así se les cataloga como ciudadanos de
segunda.
Xóchitl Messeguer Lemus,
secretaria técnica de la asociación civil Odisea, recomendó que el PEF 2019, en
el Anexo 18, tenga los recursos necesarios para definir las prioridades de este
sector, por lo menos se fijen fondos similares a los aprobados este año, con
programas que impacten realmente la vida de los infantes, y se evite “un
presupuesto inflado” con rediseño de proyectos.
Pidió blindar los recursos,
para que el Anexo 18 no sufra reducciones, se establezca una cláusula que lo
evite, y en caso de ajustes, la Comisión sea consultada. Además, que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe cada trimestre en qué y cómo
se gastan los recursos. Priorice los programas que “cierren brechas” de
desigualdad que afectan especialmente a la población rural e indígena, ya que
existen muchos subsidios generalizados que no atienden a la población que más
lo requiere.
México carece de un programa
nacional para erradicar el trabajo infantil y tampoco cuenta con una estrategia
que garantice un empleo decente a los adolescentes mayores de 15 años, pese a
que se anunció desde hace varios años.
Tampoco tiene una política
de inserción de niñas y niños mexicanos migrantes, deportados, los regresan a
sus ranchos aunque sean explotados y esté la delincuencia organizada. Cada año
se destinan 3 millones de pesos, en 2017 se atendieron 8 mil infantes. Por
ello, consideró necesario designar recursos suficientes para atender a este
sector.
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