Libertad,
Ciudad de México, Diciembre 07 del 2018.-El diputado Marco
Antonio González Reyes (Morena), secretario de la Comisión de los Derechos de
la Niñez y Adolescencia, se pronunció por construir una agenda integral en
defensa de los derechos de esta población, que incida en la solución de sus
problemas.
En el foro “Procuraduría de
Protección en Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
problemática, logros y retos”, en San Lázaro, señaló que el propósito es
cimentar un marco jurídico que consolide la atención prioritaria a este sector,
para garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos.
“Antes de hacer un trabajo
político debe pensarse en implementar una actividad humana y sensible, porque
somos seres humanos antes de ser políticos o profesionistas. Es vital resaltar
la visión humana de la actual Legislatura, cercana a las necesidades de los
ciudadanos, y en particular de la niñez”, afirmó.
Destacó la importancia de
que organizaciones civiles y ciudadanos participen en fijar el camino a seguir
con objetivos claros, ya que los menores son tema fundamental en la
Legislatura, y porque son presente y futuro de México.
Es primordial tomar
conciencia de la importancia de asegurar una infancia feliz, con recuerdos
agradables de los primeros años de vida, porque de eso depende un desarrollo
integral y armónico en la edad adulta, consideró.
Es prioritario, por ello,
atender sus necesidades desde los primeros años de vida, incluso durante la
gestación, para garantizar que nazca en las mejores condiciones posibles y sus
derechos reconocidos.
Anunció que en los próximos
meses se organizarán conversatorios y parlamentos para que los infantes
expongan directamente sus necesidades, a fin de tomar en cuenta su voz y
propuestas.
También de Morena, la
diputada Susana Cano González, integrante de la Comisión, llamó a conjuntar
esfuerzos y apoyar a los infantes para trabajar por el futuro del país.
Tenemos el compromiso de
asegurar que los menores gocen y ejerzan sus derechos, a fin de romper el
círculo vicioso de violencia que se registra en las familias.
Debe recuperarse el concepto
de la familia como célula social, donde se enseñan los valores, basados en el
respeto; de lo contrario, todo quedará en palabras, advirtió.
Luis Alberto Barquera
Medina, presidente del Consejo Directivo de la Organización para el Desarrollo
Social y la Educación para Todos, Odisea A.C., sostuvo que 60 por ciento de los
infantes mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza, con lo que sus
derechos vitales, como una vida digna, alimentación, salud, educación y
desarrollo, se violan y no se cumplen.
En su ponencia “El papel de
la Procuraduría de protección para atender la violencia contra la niñez”,
apuntó que la ley general en la materia, reconoce los derechos humanos de la
infancia y los identifica como sujetos de derecho, pero las procuradurías
federal y estatales no tienen capacidad presupuestal ni operativa para atender
las denuncias por violación a las garantías de esta población. Además, el
personal desconoce ese marco jurídico.
Consideró que más de la
mitad de las niñas, niños y adolescentes son sujetos de protección especial, y
requieren un plan de restitución de derechos, que identifique sus garantías
vulneradas, a fin de que las autoridades cumplan con la obligación de eliminar
las causas de discriminación que sufren.
Las procuradurías de
protección trabajen con las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar
que se respeten y cumplan los derechos de la infancia.
Explicó que la procuraduría
federal está adscrita en la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), con lo que está supeditada presupuestal y
administrativamente; “se considera una debilidad, que debe mejorarse, porque en
lugar de tener una visión para hacer efectivos los derechos, es asistencialista
y paternalista”. Esquema que, dijo, se replica en las procuradurías complicando
la captación de denuncias, darles seguimiento y lograr soluciones.
Se requiere dotar de
autonomía a estas instancias, para que cuenten con recursos propios y
suficientes; se capacite al personal, el cual adolece en su mayoría de
especialización; se fortalezcan los mecanismos institucionales para que sean
efectivas las medidas y definir un protocolo de atención y seguimiento, que no
existe, pese a que la ley general lo contempla.
Sólo con estas adecuaciones
habrá condiciones para cumplir con el nuevo paradigma de derechos de las niñas,
niños y adolescentes, a fin de cerrar la brecha entre lo que dice la ley y se
hace en todas las dependencias públicas vinculadas con la niñez.
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