* Reciben
nombramientos y reconocimientos, para combatir la privatización y
monopolización del servicio de recolección y tratamiento final de la basura
José Ángel
Inzunza Mendoza
Tijuana, 30/08/18.- El profesor Manuel
Rodríguez García, y el licenciado Román Antonio Aboytes Hernández, recibieron
nombramiento y reconocimiento del dirigente nacional de la Confederación
Nacional de Industriales y Metales y Recicladores, Francisco Urióstegui Pineda,
como defensores del gremio de pepenadores de Baja California, y promotores de
la protección al ambiente.
En ese sentido, indicaron Manuel Rodríguez y
Román Antonio Aboytes, la alianza entre el Consejo de Organizaciones Ciudadanas
Independientes (COCI) y el Sindicato de pepenadores, se logrará transformar las
toneladas de basura en millones de pesos, y beneficiar a las familias que viven
de la pepena.
También se fortalecerán como aliados con el reclamo
por el mal uso de cuando menos 100 millones de pesos que ha destinado el
alcalde Juan Manuel Gastelum para rentar camiones recolectores de basura,
alegando urgencia de darle buena cobertura de ese servicio a la población.
En la firma estuvo presente el presidente del
COCI, Carlos Atilano Peña, y el presidente de la Confederación de Colegios y
Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Román Antonio Aboytes, quienes
reiteraron su firmeza en seguir denunciando la corrupción gubernamental, e
impedir la privatización y monopolización del servicio de recolección y
tratamiento final de la basura.
Manuel Rodríguez García, quien encabeza a por
lo menos 5 mil pepenadores de Baja California, advierte que no solamente ellos,
sino hasta el doble de esa cantidad de trabajadores de la pepena en la entidad,
son perjudicados con las políticas privatizadoras de los alcaldes bajacalifornianos.
Recordó que además, hay empresas que presumen
darle tratamiento adecuado a los residuos peligrosos, comerciales o
industriales, y no es cierto; acaso se cubre el 25% de lo que se produce de
escombros, desechos comerciales e industriales, entre otros materiales que son
un riesgo de contaminación muy grande.
Por su parte, Román Antonio Aboytes y Carlos
Atilano dijeron que esperan una solución pronta del amparo que promovieron
contra el gobierno municipal, y en segunda instancia al gobierno estatal: al
primero por la corrupción en la renta del servicio de recolección de basura y
su tratamiento, y al segundo, por no configurar como delito ese procedimiento.
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