Libertad,
Ciudad de México, Mayo 03 del 2018.-El Centro de Estudios para
el Logro de la Igualdad de Género (Celig), de la Cámara de Diputados, se
pronunció por hacer una revisión legislativa en las entidades federativas sobre
derechos humanos de las mujeres que elimine cualquier conflicto entre normas e
incorpore preceptos que cubran lagunas legales.
“Sólo de esta forma se contará
con un andamiaje jurídico coherente, apegado a lo que establece la
Constitución; de lo contrario, será sustancialmente inválido y carecerá de
legitimidad”, destacó.
En la investigación “Mapeo
de Armonización Legislativa en materia de Derechos Humanos de la Mujeres”, el
Celig establece que Sinaloa es el único estado que cuenta con una armonización
legislativa de esta índole, “al cien por ciento”.
La evaluación para
identificar el estatus de la homologación legislativa estatal consideró lo que
establece la Carta Magna y leyes secundarias de la reforma constitucional del
10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, entre las que destacan las
de igualdad, discriminación, derechos de la niñez, códigos civiles y penales,
al igual que lo señalado en los diferentes instrumentos internacionales al
respecto.
Se precisa que Chihuahua,
Guanajuato y Jalisco están por debajo del 70 por ciento de dicha homologación;
por tal motivo, tienen la oportunidad legislativa de diseñar un marco jurídico
con enfoque de género en derechos humanos, que los visibilice para convertirlos
en exigibles, oponibles y justiciables, precisó.
Once entidades
(Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana
Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán) registran menos del 80 por ciento de
cumplimiento en la armonización normativa, y otras 17, entre las que se
encuentra la Ciudad de México, rebasan el 80 por
ciento.
Por ello, a través del
estudio del Celig se afirma que: “aún falta mucho trabajo por hacer en
las entidades federativas en materia legislativa para diseñar un marco
jurídico incluyente que desarticule las desigualdades y sea
herramienta para gestar una cultura igualitaria que elimine y erradique todo
tipo de discriminaciones y jerarquizaciones por cuestiones de sexo”.
El objetivo, se subraya, es
minimizar los efectos de las asignaciones sexistas que impiden el desarrollo
pleno y la consolidación de la igualdad para las mujeres de acuerdo al artículo
uno constitucional, para generar una sociedad más justa e incluyente y en
consonancia con los derechos humanos tomando en cuenta que la igualdad de
género es una condición irreducible para el desarrollo inclusivo, democrático y
libre de violencia.
La reforma constitucional
sobre derechos humanos ha roto diversos paradigmas, creando una visión más
humanista en la construcción legal; no obstante, aún con ella, los diferentes
instrumentos internacionales en la materia y las sentencias derivadas de los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano que son vinculantes,
“la legislación secundaria no se encuentra del todo acorde con los derechos y
principios que de ellos se derivan”, se indica en el análisis.
Agrega que la falta de
reconocimiento de esos derechos se traduce en violaciones en todas las esferas
de la vida de las mujeres que limita o impide su desarrollo integral.
Resalta que la inclusión de
los derechos humanos en la Constitución, instauran la obligatoriedad del Estado
mexicano para realizar la armonización del marco jurídico nacional, de
conformidad con lo establecido en los artículos primero y 133.
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