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La intención es abonar a la profesionalización de la labor legislativa
Libertad,
Ciudad de México, Abril 17 del 2018.-El presidente de la Cámara
de Diputados, Edgar Romo García, presentó una iniciativa de reformas al
Reglamento de este órgano parlamentario, para crear un Sistema de Evaluación de
Diputados, que sea completamente público y que tenga por objeto evaluar el
desempeño del trabajo legislativo de todas las y los diputados.
Este sistema deberá
difundirse permanentemente en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados y
las conclusiones de las evaluaciones serán actualizadas al término de cada
periodo de sesiones.
El diputado Romo
García dijo que la intención es abonar a la profesionalización de la labor
legislativa, evaluando el desempeño de los diputados y acotando la brecha que
existe entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso.
Resaltó que la sociedad ha
perdido la confianza en las autoridades y en los políticos, y “los diputados no
sólo no escapamos de esta realidad, sino que estamos situados en uno de los
menores niveles de confianza en la sociedad”. Por ello, reconoció la necesidad
de que la Cámara de Diputados cuente con un sistema de evaluación del
desempeño, como medida para mejorar el trabajo legislativo.
Afirmó que ante la actual
coyuntura histórica relevante, ya que a partir de la próxima legislatura, los
diputados tendrán derecho a la reelección en sus cargos, es apremiante trabajar
en la consolidación de un modelo de evaluación que genere la información
necesaria para los ciudadanos, para que conozcan, evalúen el actuar de sus
representantes y analicen si les otorgan de nuevo su confianza para otro
periodo de ejercicio.
Romo García destacó
que en la última encuesta nacional de Consulta Mitofsky para medir la confianza
en 17 instituciones públicas, los diputados se encuentran entre las cuatro más
bajas, con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10.
Agregó que son de advertir
dos aspectos importantes, primero, la evidente desconfianza de la ciudadanía en
los legisladores y, segundo, que dicha desconfianza deviene en gran medida de
la falta de información y conocimiento integral de la sociedad sobre las
atribuciones generales y específicas y el desempeño de los diputados.
Expresó su preocupación por
que, en pleno siglo XXI, el desconocimiento social sobre la función legislativa
y parlamentaria sea tan alto en México y que la ciudadanía no conozca
fehacientemente las tareas que tiene a su cargo y realiza un diputado. Ello
invita, continuó, a encontrar nuevos vehículos de difusión de las funciones
parlamentarias que permitan a la población conocer y evaluar adecuadamente los
resultados de sus representantes.
Mencionó que organizaciones
de la sociedad civil y medios de comunicación han realizado diversos esfuerzos
de evaluación, los cuales son respetables; sin embargo, en la
mayoría de los casos hay carencia de información integral y se limitan a
evaluar elementos cuantitativos, omitiendo otros aspectos, de fondo y de forma,
relativos a la función legislativa.
La relevancia en el
desempeño legislativo no sólo son las asistencias ni las iniciativas. Se debe
considerar cuántas de las propuestas son aprobadas, cuál es su impacto, la calidad
y la responsabilidad; también el trabajo en comisiones, los planteamientos que
se hacen, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la
participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las
discusiones, entre muchas otras tareas.
Aclaró que en ocasiones hay
diputados que no pueden asistir al Pleno porque se encuentran en reuniones de
trabajo y de gestión de algún asunto importante de sus comisiones, ya sea con
las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil o con la iniciativa
privada, para lograr el consenso integral de su propuesta o dictamen; sin
embargo, son esfuerzos importantes que no siempre se ven o se reconocen y que a
menudo se cuestiona a priori su justificada inasistencia.
Estimó que estos escenarios
indican que es momento de institucionalizar un instrumento de evaluación
respecto de las actividades y encomiendas que realizan las y los diputados en
el ejercicio de sus funciones, pero, además, que dicho instrumento contenga
parámetros e indicadores que proporcionen datos duros reales, para que la
ciudadanía conozca a ciencia cierta el desempeño de los legisladores.
Consideró que es obligatorio
profesionalizar y modernizar a la Cámara de Diputados, llevándola a estándares
internacionales y asegurando el monitoreo y la evaluación de la calidad del
trabajo legislativo bajo un sistema sólido e integral.
Romo García explicó que la
reforma adiciona un Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de
Diputados” con los artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, plantea
crear dicho sistema que sea público y considere una serie de criterios
definidos, de manera que todos los elementos cuantitativos y cualitativos que
intervienen en el ejercicio del cargo de diputado se valoren y se ponderen, a
efecto de evaluar de forma eficiente e integral el trabajo que realiza cada uno
de los diputados.
Para la implementación de
este sistema, añadió, se crea un Consejo Coordinador, como órgano
interinstitucional, que incluye la participación ciudadana a través de la
sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las
áreas técnicas de la propia Cámara, para que sea este órgano quien defina los
criterios correspondientes para constituir el Sistema de Evaluación.
Además, dijo, la
transparencia juega un papel determinante: el sistema será completamente
público y se dará difusión permanente a los resultados de la evaluación en el
portal de internet de la Cámara.
La iniciativa adiciona un
Capítulo V denominado “Del Sistema de Evaluación de Diputados” con los
artículos 284 Bis al 284 Bis 5 al título Octavo, que establece que para evaluar
el desempeño de los trabajos legislativos se deberá realizar mediante elementos
de evaluación que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que
desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con
los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas
en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General, el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
También se precisa que el
sistema se implementará a través de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano
colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo,
informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de los
diputados y sus decisiones se aprobarán por consenso.
El Consejo Coordinador,
indica, será integrado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, quien lo encabezará, y un representante de cada grupo parlamentario,
así como los secretarios General y de Servicios Parlamentarios. Además, el
titular de la Unidad de Transparencia, tres representantes de instituciones de
educación superior, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres de
organizaciones del sector empresarial.
La Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordará, a propuesta de
su presidente, la invitación a los integrantes del Consejo, los cuales
participarán por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para
periodos subsecuentes. A excepción del presidente y el secretario
técnico, los integrantes del Consejo podrán designar a un suplente que cubra su
representación en las reuniones a las que no pueda asistir.
Se señala que se podrá
invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas en materia
de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la Federación,
de instituciones públicas, educativas y de investigación, de organismos
internacionales y a representantes de diversos sectores de la sociedad, cuando
se traten asuntos relacionados con sus especialidades o cuya experiencia
profesional sea útil para que participen emitiendo opiniones, aportando
información o colaborando con acciones que le competen al Consejo.
El Sistema de Evaluación de
Diputados se normará por criterios que expida el Consejo Coordinador, los
cuales deberán contener los principios rectores, el catálogo de los elementos
cualitativos y cuantitativos que se considerarán para realizar la evaluación,
el método, los plazos para realizar cada etapa y su difusión, y los medios de difusión
de los resultados.
La iniciativa fue remitida a
la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
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