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Coinciden participantes en que falta de oportunidades es el principal motivo de
la inseguridad; Plan Mérida sólo ha provocado violencia y corrupción de alto
impacto
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Advierte Triana Tena que el riesgo de la Ley de Seguridad Interior “es que no
se ha reglamentado la suspensión de garantías por parte del Ejecutivo”
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Presupuesto para seguridad se ha triplicado, pero delitos no se han reducido:
CESOP
Libertad,
Ciudad de México., Marzo 14 del 2018.-El Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, realizó el
foro “Seguridad y Participación Ciudadana en México”, donde legisladores,
funcionarios, ciudadanos, académicos e investigadores analizaron las causas de
la violencia y presentaron diversas propuestas para abordar el problema de
inseguridad que prevalece.
Destacaron la falta de
oportunidades que padecen los jóvenes y sus familias como el principal motivo
de la inseguridad. El 2017, mencionaron, ha sido el año con mayor número de
homicidios, con 25 mil 339. Además, señalaron, el Plan Mérida “es igual a
violencia y corrupción de alto impacto”.
Propusieron que el Estado
regule las drogas y no las mafias, mediante una estrategia viable para
controlar el cultivo de amapola con fines médicos y permitir la mariguana
recreativa.
Al inaugurar el foro,
el diputado Carlos Federico Quinto Guillén (PRI), secretario de la Comisión de
Marina, resaltó la importancia de escuchar a especialistas porque posen nuevas
ideas, más frescas y actualizadas, para actuar a favor de la seguridad
nacional, en beneficio de cada mexicano y las familias.
Reconoció el esfuerzo del
CESOP para organizar este encuentro, con el fin de reflexionar sobre la
seguridad, que afecta no sólo a México, ya que tiene repercusiones mundiales.
El diputado Jorge Triana
Tena (PAN), presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, afirmó que existe un riesgo enorme con la Ley de Seguridad
Interior por el proceso electoral en marcha, ya que “no contamos con una
reglamentación al artículo 29 constitucional, relativo a la suspensión de
garantías individuales, porque no sabemos el mecanismo que debe seguir el
presidente de la República para llevarla a cabo”.
“Esta ley es
inconstitucional de pies a cabeza, porque violenta el artículo 21 de la Carta
Magna, el cual establece que las labores de seguridad pública son obligación
del Estado mexicano, a través de instituciones de carácter civil, no
militares”, explicó.
Sostuvo que la puerta que
abre la Ley de Seguridad Interior a la violación de los derechos humanos y a
las garantías individuales es riesgo enorme. “Olvídense de quién gane la
presidencia de la República y tome protesta el primero de diciembre, el riesgo y
la tentación autoritaria es inmensa”.
De acuerdo con esa norma,
las Fuerzas Armadas podrán intervenir de facto, sin que medie convenio con
autoridades locales, lo que es grave, porque abre la puerta a un régimen
autoritario, y se pueden hacer cosas sin que haya ningún tipo de control,
explicó.
No obstante, apuntó que las
Fuerzas Armadas deben seguir realizando actividades de seguridad pública.
“Estamos orgullosos de su labor. El debate es: ¿en qué momento van a regresar a
los cuarteles? Tenemos un error de origen, porque las sacamos a las calles,
pero no le pusimos fecha para que vuelvan a los cuarteles. No existe un
artículo transitorio en la Ley de Seguridad Interior que lo señale”.
La presencia de militares y
marinos en estados y municipios ha creado un círculo vicioso de confort entre
gobernadores y alcaldes, quienes no invierten en capacitar a sus policías, ni
en modernizar a los agentes del Ministerio Público, ya que piensan que tendrán
el apoyo perpetuo del Ejército y la Armada. Es un círculo vicioso del que no
podemos salir.
Ricardo Martínez Rojas,
director de Estudios de Desarrollo Regional del CESOP, marcó la relevancia de
identificar nuevas estrategias para lograr niveles de seguridad pública que den
paz y tranquilidad a los mexicanos. “El Estado debe vigilar el orden público
para garantizar la seguridad de la comunidad, preservando los derechos humanos
y las libertades de los habitantes”.
Remarcó que es un derecho
tutelado por el Estado para defender y preservar la vida y el patrimonio de los
ciudadanos, es la esencia de la seguridad pública, que permite el uso de la
fuerza para mantener el orden y la paz.
Indicó que la seguridad
pública debe garantizar la vida e integridad de las personas, los derechos
humanos y las libertades frente al Estado, así como el orden y la paz pública.
Enrique Esquivel Fernández,
asesor general del CESOP, comentó que si bien el presupuesto se ha triplicado
para la seguridad nacional de 2004 a 2017, los índices de inseguridad, delitos
y violencia no se han reducido.
Mencionó los resultados de
una reciente encuesta del CESOP sobre seguridad, donde se identificó que cerca
del 70 por ciento de los ciudadanos mexicanos está de acuerdo con que las
Fuerzas Armadas participen en las labores de seguridad en el país.
El 70 por ciento también se
siente inseguro tanto en sus casas como en la calle, mientras que en la
incidencia de la inseguridad lo atribuyen a los bajos ingresos, falta de
educación y desigualdad social.
En la primera mesa “La
seguridad en México, contexto y situación actual”, Santiago Roel Rodríguez,
director fundador de Semáforo Delictivo, sostuvo que es multifactorial el
origen de la extrema violencia que se registra en el país, la mayor parte
provocada por el narcomenudeo en su pugna por marcar influencia y ganar
territorios.
Es decir, explicó, la
violencia se vincula al mercado negro de drogas, ya que el crimen organizado
tiene la protección de la autoridad, alentando altos índices de corrupción e
impunidad, con la inserción de jóvenes y policías a esas actividades.
Propuso un cambio a través
de “la regulación de drogas, entendida no como una promoción, sino como el
control del mercado por parte del Estado, con criterios médicos, mediante un
enfoque de prevención atención oportuna y tratamientos”, pero con el propósito
de eliminar el poder del dinero y de las balas del crimen organizado, que ha colapsado
a la sociedad e instituciones. “No se trata de culpar a los estadounidenses, ya
que es un tema nuestro que se registra en todos los estados”, advirtió.
Este enfoque, abundó, debe
entenderse por todos los sectores, para lograr una regulación de drogas en
manos del Estado y no de las mafias, y al mismo tiempo, alentar su
aprovechamiento terapéutico, insistió.
Cuestionó la efectividad del
Plan Mérida iniciado en 2008, “porque no ha logrado nada, y más bien atomizó a
las mafias. Ha capturado a algunos capos para extraditarlos a Estados Unidos,
con el fin de “justificar la existencia de la DEA y el propio fracaso de la
política de drogas del vecino país”, donde en 2016 hubo 64 mil muertos por
sobredosis de opiáceos y heroína, exacerbando la guerra entre mafias, refirió.
“El Plan Mérida es la
principal causa de violencia de alto impacto y de la corrupción de plata y
plomo. El mercado negro de drogas es la causa, no el efecto de la corrupción”.
Martín Barney Montalvo,
director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México,
apuntó que la violencia ejercida por los cárteles de la droga es una amenaza a
la seguridad nacional, porque socaba la legitimidad del Estado para gobernar,
debilita instituciones, afecta la economía y deteriora la calidad de vida de
los ciudadanos.
“El futuro, la estabilidad y
prosperidad de México están amenazados por la corrupción que provoca el alto
índice de violencia, afectando la economía, modificando las relaciones sociales
y la forma de vida de ciudadanos, deteriorando el tejido social, empeorando la
percepción de inseguridad”, subrayó.
Asimismo, continuó, “la
inseguridad y la legitimidad dañada, ocasionan un distanciamiento entre el
gobierno y la sociedad, provocado por una insuficiente presencia de la
autoridad, por la impunidad con más libertad de maniobra, debilitando a las
instituciones, extendiendo la cultura de ilegalidad y deteriorando la
credibilidad y confianza de la sociedad”.
Las organizaciones
criminales usan corrupción, cooptación y terror para ganar impunidad, imponer
su autoridad e influir en la vida ciudadana. Su objetivo es “captar el mayor
número de ganancias ante la alta demanda de drogas, utilizando la violencia
extrema para controlar territorios y responder al acoso militar y policial,
mediante sobornos para neutralizar el ejercicio del gobierno para atacarlos”.
Afirmo: “los cárteles
impiden el bienestar y la convivencia armónica de los ciudadanos, corrompen a
quienes deben aplicar la ley, afectan la salud física y mental, y representan
una amenaza real a la seguridad, debilitando a la autoridad al controlar
territorio”.
Los capos se convierten en
algunos lugares en actores políticos de facto con capacidad de influir en el
sector económico y social, y apoyar campañas políticas de algún candidato a
cambio de favores”, señaló.
En los últimos once años,
las organizaciones criminales han asesinado a cien alcaldes y ex alcaldes,
ocurriendo la mitad de estos homicidios en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y
Veracruz. Su incidencia es tema fundamental de gobernabilidad, “es una
situación seria que se ha convertido en amenaza para la seguridad y estabilidad
de la sociedad y el gobierno”.
Frente a ello, se ha
reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad
pública en diversas entidades federativas.
En la segunda mesa
“Seguridad interior y derechos humanos. El camino hacia una cultura de la
legalidad”, Carolina Espinosa Luna, del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM, afirmó que es fundamental discutir la Ley de
Seguridad Interior. “No es solo cuestión de que pueda ser pertinente, o no, la
intervención del Ejército, sino de a qué nos referimos cuando hablamos de derechos
humanos en México y de su ejercicio cotidiano”.
En su ponencia “Situación
actual de los derechos humanos de las personas defensoras”, reconoció que en
los últimos 80 años han surgido numerosas instituciones y leyes en todos los
ámbitos dedicadas a velar por ellos, y “hay presencia de los derechos humanos
como nunca antes en la vida del país, pero eso no se traduce de una
institucionalización a su ejercicio cotidiano”.
Se dio una reconfiguración
de los derechos humanos y de sus defensores, en el contexto de inseguridad y
violencia de México, en el que temas como tortura, desaparición forzada,
ejecuciones y otras violaciones graves, “que ya no habían sido tan puestos en
la agenda desde los años 70 y 80”, vuelven a colocarse en la discusión pública.
Ello pone en situación de
vulnerabilidad a defensores de derechos humanos, por lo que organismos
nacionales e internacionales han llamado la atención sobre el tema y emitido
numerosos informes de 2009 a la fecha sobre esta grave situación.
El investigador nacional
Nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), del Departamento de
Sociología, UAM Iztapalapa, Adrián Gimate-Welsh, señaló que el concepto de
seguridad debe incluir el de seguridad ciudadana, pues la sociedad es principio
sustantivo y fundamental para la seguridad pública, interior e incluso
nacional.
Apuntó que la participación
de las Fuerzas Armadas en esta materia es importante, se necesita reglamentarla
pues una gran preocupación es que en su articulado establece que pueden tomar
decisiones sin que haya garantías. “Si no hay un diagnóstico de por qué deben
intervenir, lo que ocurrirá es que se diluyan las responsabilidades y puedan
pasar otras cosas”.
José Carlos Beltrán Benítez, director
general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó:
“las Fuerzas Armadas en las calles no son generadoras de la violencia en
México, ni violan sistemáticamente derechos humanos”.
Indicó que en 2012, se
tenían mil 450 quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos
humanos y para 2017, hubo una reducción de menos del 76 por ciento, producto de
la constante capacitación en materia de derechos humanos a las fuerzas castrenses.
El contexto de violencia del
país, dijo, no son las Fuerzas Armadas, sino el narcotráfico, la delincuencia
organizada y el tráfico de armas de alto poder. Por ello, se determinó que
“tendríamos que participar en ayudar y auxiliar a las fuerzas públicas en
materia de seguridad a la ciudadanía, porque estuvieron superadas no sólo en
equipo y adiestramiento sino en principios éticos y de convicción, porque se
vendieron a la delincuencia”.
Un ejemplo “que me duele
mucho”, señaló, es la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, coludidos con la
policía municipal y otros cuerpos de seguridad; es grave esa situación, ante la
cual el gobierno ha actuado para atender este problema.
Beltrán Benítez mencionó que
las acciones de las Fuerzas Armadas para coadyuvar con las públicas “no las
suplantan ni sustituyen ni hay una militarización; no hay un control de la
seguridad a petición; nos hemos adaptado y ahí están los resultados”.
Las fuerzas castrenses,
expuso, “hemos estado muy puntual en la consciencia de educación, cultura y
respeto a los derechos humanos”.
Prueba de ello,
es la capacitación que se ha dado con el apoyo de organizaciones civiles, como
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Lenguas
Indígena, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
Nacional de las Mujeres, y organismos internacionales, como la Cruz Roja y el
Instituto Interamericano de los Derechos Humanos.
Las leyes no las hacen las
Fueras Armadas sino las civiles. Un ejercicio, afirmó, es la Ley de Seguridad
Interior que podrá tener deficiencias y observaciones, “pero habrá que
definirlas, ya que todos exigimos ese marco jurídico normativo que nos dé
certeza y seguridad de cómo servir mejor a la ciudadanía”.
Sostuvo que las Fuerzas
Armadas están sometidas a las autoridades civiles y cumplen las directivas del
presidente de la República. Además, precisó que la Ley de Seguridad Interior no
es para el Ejército ni la Fuerza Área ni la Marina, sino de coordinación de
todas las autoridades civiles y, en su momento, las militares.
“Las Fuerzas Armadas
atendemos, respetamos y cumpliremos lo que el ejercicio de un poder
independiente civil, como lo es el Poder Judicial, determine lo que tengamos
que hacer; sin más miramientos que el respeto al Estado de derecho y a los
derechos humanos”, enfatizó.
El coordinador General de
Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), Rubén Francisco Pérez Sánchez, expresó que México
acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de
criminalidad van en aumento.
“La evidencia es
irrefutable; es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en
materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las
personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los
problemas y evite buscar soluciones parciales”.
La sociedad seguirá viendo
frustrada su legítima expectativa de que los derechos que reconoce la
Constitución puedan ser vigentes, mientras padezca un entorno de inseguridad e
incertidumbre, “reflejo de la ineficacia e incapacidad de sus autoridades para
atender las demandas de seguridad personal, familiar, social y a su
patrimonio”.
Pérez Sánchez mencionó que
en los últimos años, el miedo y la desconfianza pasaron a ser los constantes de
la convivencia cotidiana entre los mexicanos. Según la más reciente Encuesta de
Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del INEGI,
tan sólo entre 2015 y 2016 la cifra total de víctimas del
delito creció en 900 mil, pasando de 23.3 a 24.2 millones.
En 2016, se habrían cometido
cerca de 31 millones de delitos y más 90 por ciento no denunciados; 60 por
ciento de quienes no denunciaron lo atribuyeron a personas de la autoridad o
desconfianza en las mismas. Conforme a la encuesta, en 29 entidades la mayoría
de las personas se sentirían inseguras y, en 11 de ellas, la percepción de
inseguridad rebasaría el 75 por ciento.
El país requiere seguridad
“pero no a cualquier costo ni a cualquier medio. La seguridad que se necesita
es la que corresponde a un Estado democrático de derecho, sustentado en el
respeto irrestricto a los derechos humanos, así como al cumplimiento y
aplicación oportuna y debida de la ley “.
Las estrategias de
seguridad, añadió, tienen un carácter eminentemente reactivo y se ha dejado de
lado la prevención. Además, la situación de inseguridad pública que hoy se vive
no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino que no se han
tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito
y violencia crezcan.
“Los habitantes de este país
no podemos seguir sujetando nuestro destino y planes de desarrollo y vida al
miedo, desconfianza, así como a la incertidumbre que genera la inseguridad, la
violencia y la impunidad; requerimos una transición a la genuina legalidad que
sustentada en el respeto a los derechos humanos nos permita restablecer la paz
y concretar la promesa de un horizonte verdaderamente democrático
y de derechos humanos”, afirmó.
En la tercera mesa,
“Seguridad y participación ciudadana. ¿Cómo acabar con el problema de la
inseguridad?”, Luis Villalobos García, profesor de Derecho en la Universidad
Anáhuac, subrayó la importancia de que policías ganen y se capaciten más, que
haya más recursos y equipo, así como cámara de videovigilancia, a fin de garantizar
una seguridad pública real.
Manuel Palma Rangel,
profesor de Economía de la UNAM, señaló que la policía debe tener un modelo de
gestión, con protocolos homologados para que sepa qué hacer, tenga equipamiento
y modos similares de acción, infraestructura y tecnología, independientemente
de la entidad que sea.
Ariana Ángeles García,
coordinadora de Proyectos e Investigación del Colectivo “Causa en Común”,
propuso crear un censo policial que ayude al reclutamiento según las
necesidades de cada entidad, una profesionalización eficiente, mejor
equipamiento, crear cuerpos de investigación y abrogar la Ley de Seguridad
Interior, pues, dijo, altera el equilibrio entre lo civil y militar, así como
volver a poner en marcha la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
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