* Súper poder al ejército
es un riesgo, hasta para ellos: Pérez Canchola
* Es más necesario
fortalecer a las policías, y depurarlas: Heriberto García
José Ángel Inzunza
Libertad, Tijuana, 15 de enero de 2018.- Debido a sus incongruencias con los
preceptos constitucionales y otras leyes, así como los riesgos que implica para
la población, los ex procuradores de derechos humanos en Baja California, José
Luis Pérez Canchola y Heriberto García García advirtieron que sí puede proceder
la impugnación contra la Ley de Seguridad Interior.
Si
bien está esa decisión en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
estiman que hay elementos de contenido legal que hacen posible que los
magistrados evalúen la anticonstitucionalidad de la ley en cuestión.
En
el marco del foro del Grupo 21, que coordina Conrado Gaxiola Val, los ex ombudsman
precisaron que hay errores semánticos en la redacción de la ley, además de que
en la Constitución jamás se habla de “seguridad interior”, sino de “seguridad
nacional” y “seguridad pública”, que son conceptos perfectamente bien definidos
en sus competencias y las facultades que tiene cada entidad pública al
respecto.
Pérez
Canchola precisó que la “seguridad nacional” está a cargo únicamente del
Presidente de la República, y tiene que ver con la protección del Estado (o
sea, la soberanía gubernamental), la defensa del territorio nacional en casos
de invasiones o guerras, y en casos de levantamientos armados que atenten
contra las instituciones y la nación en general.
La
“seguridad pública” es responsabilidad de los Estados y Municipios, mediante
corporaciones policiacas que tienen la función de preservar la integridad de
los ciudadanos, y perseguir a los delincuentes.
“Y
si hubiese algún concepto, que no lo hay textual ni tácitamente, la “seguridad
interior” correspondería a la Secretaría de Gobernación, y solamente en referencia
a los elementos y estrategias para garantizar la protección del Estado”.
En
el contexto de todo eso, resulta que la Ley de Seguridad Interior sí faculta a
militares a actuar para reprimir manifestaciones o marchas belicosas.
Por
todo lo expuesto, subrayó Pérez Canchola, “darles un súper poder a los
militares es un riesgo para todos, incluso para ellos mismos, pues ellos no
están capacitados para labores policiacas, sino para la guerra, y de sus
excesos hay miles de expedientes de violaciones a los derechos humanos que han
cometido”.
Por
su parte, Heriberto García puntualizó que no solamente es un retroceso a las leyes
de seguridad en nuestro país y un atentado a los derechos humanos, es también
una aceptación de que hay incapacidad o corrupción muy arraigada en las
corporaciones policiacas, y por supuesto, admiten que hay crisis de seguridad
en todo el país.
Advirtió
que aunque fuera necesario el patrullaje de militares en las calles y que
tengan funciones policiacas, “obviamente no van a avocarse a ello los 303 mil
militares que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional; y si hay carencia de
115 mil policías civiles, por ahí entonces tenemos que enfocar las baterías”.
Heriberto
García propuso que se privilegie la depuración y fortalecer a las corporaciones
policiacas, así como definir con claridad las funciones de todos los elementos
de seguridad, que incluyan no solamente sus responsabilidades administrativas
sino también sus consecuencias jurídicas.
Curiosamente,
observó, con esa Ley de Seguridad Interior el Congreso de la Unión ha
dictaminado sobre un mando único, que estaba en polémica, pero que, al tener
nombre y apellido el responsable de esas coordinaciones, ya es un elemento de
seguridad para la sociedad.
“Yo
creo que más que un problema legislativo es del accionar ejecutivo, si hay
delincuencia profesional, se requiere justicia profesional”, concluyó.
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