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Piden que presupuesto se ejerza totalmente y de forma transparente
Diputados de las Comisiones de
Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social cuestionaron al
secretario de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, sobre las acciones implementadas
para combatir la pobreza y el hambre, desafíos que requieren el trabajo
coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Pidieron también
que el presupuesto se ejerza en su totalidad y de manera transparente, sin
desperdiciar recursos públicos.
En la comparecencia
del funcionario con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, los legisladores
federales plantearon al funcionario federal los rezagos sociales que sufren
grupos vulnerables; la cobertura del seguro a jefas de familia; los mecanismos
para concretar de manera correcta los padrones, y evitar la duplicidad en la
entrega de beneficios de los programas sociales.
Por Movimiento
Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra preguntó ¿qué se tiene que hacer
para que funcione la política social? ¿Cuál es el seguimiento de la Sedesol a
los beneficiarios de Prospera en atención médica?, ya que por la inseguridad muchos
centros de salud han cerrado y los médicos han abandonado los hospitales. ¿Cuántas
familias se han apoyado con el Seguro de Jefas de Familia?, porque muchas mujeres
jóvenes con hijos pequeños, y que son el único sustento en la entidad, mueren
todos los días.
De Morena, la
legisladora Natalia Karina Barón Ortiz apuntó que en Oaxaca 70 por ciento de las
personas sufren pobreza. Pidió impulsar una verdadera política social para las
mujeres, sin paliativos ni discursos, y preguntó sobre el número de
beneficiarios del programa de empleo temporal y por qué el retraso en su
aplicación pese a tormentas y temblores, así como el resultado de la denuncia
en contra de 493 promotores sociales que participaban en el registro de
beneficiarios del programa pensión para adultos mayores.
La
panista Ximena Tamariz García pidió al
secretario de Sedesol explicar de qué manera contribuirá la política social con
la Estrategia Nacional de Inclusión, qué elementos la dota para que no sea una
estrategia fallida y de qué manera la utilización del modo estadístico afecta la focalización de los programas de
esta dependencia gubernamental.
La priista
Alma Lilia Luna Munguía solicitó detallar qué pasó con la Cruzada Nacional
contra el Hambre y cuál es su relación con la Estrategia Nacional de Inclusión,
ya que uno de los propósitos del gobierno federal es atender a la población que
se encuentra en pobreza extrema alimentaria.
El diputado
Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) planteó realizar políticas públicas que
promuevan las causas sociales, y el presupuesto se utilice en su totalidad y de
manera transparente, ya que hay sectores que no tienen acceso a lo fundamental,
como los campesinos, artesanos, indígenas, adultos mayores y los niños.
El legislador
Ángel García Yáñez (NA) resaltó que la forma de acabar con la pobreza es
fortalecer las capacidades de los sectores más marginados, entre ellos, el de
adultos mayores, ya que prácticamente 10 por ciento de los mexicanos tienen más
de 60 años. “Una población que envejece no sólo tiene necesidades de seguridad
social, sino también en materia de alimentación, educación, salud, vivienda y
servicios públicos”.
La diputada
Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, preguntó al funcionario qué
ha hecho la Sedesol para concretar de manera correcta los padrones y evitar la
duplicidad en la entrega de los apoyos, pues, subrayó, la Sedesol no está
excluida de sufrir un hackeo en su lista de beneficiarios. “¿Cuáles son los
candados para salvaguardar sus archivos?”, inquirió.
Del PVEM, el
diputado José de Jesús Galindo Rosas preguntó si no se considera que se
concentra demasiada atención de recursos a las familias Prospera, mientras
existen millones de hogares que siguen a la espera de recibir apoyos sociales.
“¿No estaremos duplicando o triplicando apoyos, y por tanto, cayendo en el
desperdicio de recursos públicos?”.
El diputado
Héctor Javier García Chávez (Morena) enfatizó que debido al modelo económico
preponderante y a la falta de políticas públicas con sensibilidad, el sector
social de la economía no se ha consolidado como una acción de inclusión
productiva, laboral y financiera. Cuestionó qué avances se tienen en economía
social y por qué no buscó una mayor asignación presupuestal para este sector.
De la misma
bancada, la diputada Araceli Damián González aclaró que no comparte la visión
que tiene el titular de Sedesol sobre la pobreza ni la estrategia para
combatirla, ya que se basa en programas clientelares utilizados políticamente
en cada elección. Comentó que su partido no aprobó el presupuesto porque no
está prioritariamente destinado a quienes más lo necesitan.
Del PAN, el
diputado Santiago Torreblanca Engell consideró que la Sedesol debe generar
acciones para disminuir su gasto corriente y que los recursos lleguen a las
personas que requieren salir de la pobreza y también impulsar a generaciones
subsecuentes. Consideró a la dependencia federal como “una secretaría de
operación política”, y pidió saber si existen denuncias sobre actos de corrupción,
pues es un importante generador de pobreza.
La diputada
Adriana Terrazas Porras (PRI) estimó que no hay espacio para desperdiciar
recursos públicos y afirmó que el combate a la pobreza no es sólo de una
institución, sino un desafío importante que requiere el trabajo coordinado de los
gobiernos federal, estatal y municipal. Pidió saber cómo la Estrategia Nacional
de Inclusión crea sinergias para no desperdiciar recursos.
Del PRI, Jorge
Alejandro Carvallo Delfín, enfatizó en la necesidad de que la pobreza no se
convierta en botín político y destacó las medidas previstas por el titular de
Sedesol para atender esa inquietud. Consideró que los pendientes aún son
muchos, por lo que llamó a que la agenda de combate a la miseria sea un espacio
de convergencia y acuerdo de todas las fuerzas políticas. “En la Comisión de
Desarrollo Social se tiene que discutir la iniciativa del Ejecutivo, pues busca
romper el cortoplacismo de la política social, ya que no queremos que cada
sexenio se cambie el rumbo del combate a la pobreza”.
Alinear
programas de desarrollo social en una sola vertiente, a través de una sola política
pública
Al responder a
diputados, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que se
trabaja con Prospera para atender a las familias y mantenerlas en sus
comunidades. “No nos asusta ir a los lugares más lejanos; inclusive, hemos
tenido pérdidas de compañeros nuestros que van a pagar Prospera y han sido
asesinados en el camino, porque les quitan el apoyo destinado a las mujeres”.
Señaló que, en
Guerrero, 482 mil 692 familias son beneficiarias de Prospera. El Seguro de Vida
de Jefas de Familia atiende a 215 mil mujeres y 57 mil niños y niñas en todo el
país reciben ese apoyo debido a que sus madres murieron.
Resaltó la
necesidad de alinear los programas de desarrollo social en una sola línea y
vertiente, a través de una sola política pública; de otra forma, advirtió, no
podemos salir adelante. “No voy a tapar el sol con un dedo ni a decir que
Oaxaca no sigue viviendo y teniendo problemas serios de pobreza. Sin embargo,
se han generado los esfuerzos necesarios para abatirla”.
Miranda Nava
indicó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa que tenga una
base presupuestal, sino que es una estrategia de gobierno integrada por 19
dependencias federales, que se encargan
de focalizar y localizar a la gente con pobreza alimentaria. Además, pidió
confiar en el Inegi y Coneval, pues tienen personal altamente calificado.
Enfatizó que esta
cruzada sigue vigente y atiende a cerca de siete millones pobres alimentarios y
que la estrategia de la inclusión no sólo se enfoca a la alimentación, sino en
los ámbitos de salud, vivienda,
seguridad social, educación y la alimentación.
Comentó que
existen programas que son irreductibles, como Prospera o Adultos Mayores, y
aunque tienen movilidad y van cambiando de nombres, son movibles y dinámicos.
Por ello, tienen presupuestos que ya están comprometidos, por lo que el margen
de operación para otros se vuelve más complicado.
Expuso que se
atienden prácticamente a 5.4 millones de adultos mayores; el Inapam afilió a
1.1 millones de personas, mediante una tarjeta de descuentos preferenciales
para acceder a bienes y servicios entre 2016 y 2017; se firmaron 676 convenios
con instituciones públicas o privadas para beneficiar a este sector, y se
vinculó a más de 20 mil adultos mayores a alguna actividad productiva.
Destacó que
los comedores comunitarios atienden a más de 50 mil adultos mayores, 1.4
millones de personas de 60 años y más, y son parte del padrón de Liconsa. De 106
mil millones de pesos que se recibirán en el 2018, el segundo programa más
grande a nivel presupuestal es el de este sector.
Miranda Nava
explicó que la única forma de tener una base de datos autentificada es asistir
directamente a la casa del acreedor del beneficio. “Tenemos que verificar en el
campo la viabilidad de los padrones; si no queremos que haya duplicidad, debemos
ser cuidadosos en ello”.
El funcionario
federal dijo que el 80 por ciento de los recursos presupuestales se destina a
dos programas, por lo que es muy difícil atender otros.
Enfatizó que
es fundamental una modificación a la Ley General de Cooperativas de gran calado,
para avanzar en el desarrollo social,
con el objetivo de salir del verdadero problema que es el asistencialismo y la
pobreza. “Si nosotros seguimos en esta línea, nunca vamos a salir de esta rueda
y de este círculo vicioso. Si no sacamos a estas personas y llegamos al punto
final, que es darles trabajo, entonces no podremos salir adelante”.
Para ello,
agregó, se necesita invertir y apoyar, y que el gobierno sea el principal
impulsor de las miles de personas que quieren poner su propio negocio o formar
su propia empresa. “Si nosotros podemos ser impulsores en eso, lo haremos. Pero
estamos atados por temas presupuestales”.
Miranda Nava
aclaró que las familias en Prospera no son beneficiadas de manera especial.
“Son familias que tienen unas reglas de operación para cumplir y acceder a ese
programa”. No puede aceptarse a cualquier persona, porque tiene que cubrir ciertos
requisitos.
El titular de
Sedesol puntualizó que sí hay denuncias por parte de ASF y resaltó la apertura
de la Oficialía Mayor de la Sedesol para mostrar gastos del secretario y otros
funcionarios de la institución.
Señaló que
para disminuir gastos, “en la secretaría, distintos servidores públicos y yo,
no tenemos viáticos o comidas autorizados, tampoco hoteles acreditados en
ningún estado de la República. Se han creado medidas de austeridad
importantes”.
Reiteró su
interés en tres temas: blindaje electoral, sociedades cooperativas y la
apertura de la Oficialía Mayor de la dependencia.
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