* Aclaró
que esta acción del ayuntamiento no tiene nada que ver con la demanda previa
del Grupo Coci
Tijuana,
BC a 26 de junio de 2017.- El secretario de gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano
Ruiz reiteró que la demanda penal interpuesta contra quien resulte responsable
es por incitar a la violencia en contra de la plataforma digital del XXII
Ayuntamiento, y no por la demanda que los que integran el Grupo Coci pusieron
en contra de funcionarios municipales.
En atención a medios de comunicación, Luévano
Ruiz, exhortó, principalmente a las personas que conocen de informática a no
caer en provocaciones por parte de convocatorias en las que se podrían poner en
riesgo expedientes del Registro Civil, registros de tesorerías, bases de datos,
respaldo de movimientos de pago a proveedores, entre otros.
El secretario de gobierno municipal detalló que
en el cuerpo de la demanda penal que el Ayuntamiento interpuso ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se mencionan los nombres de
los personajes, que además se señalan como sospechoso: Rafael Mauricio Cruz
Manjarrez, Ramón Antonio Aboytes Hernández, Carlos Atilano Peña, e Ignacio
Anaya Barriguete.
Resaltó que las sospechas de la participación
de estas personas, en lo que se considera apología del delito, por incitar a la
violencia, se basan a que se reproducen señalamientos falsos en el video que
ellos mismos hicieron públicos días antes.
El funcionario municipal enfatizó que lo
expresado en el video que se difundió en redes sociales, es aberrante y tiene
el rechazo categórico del XXII Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el alcalde
Juan Manuel Gastélum.
"Es una cobardía hacer declaraciones
detrás del anonimato", argumentó Luévano Ruiz, quien además dijo que la
administración municipal está abierta al diálogo, y el respeto sobre opiniones
contrarias, más no así de acciones que inciten a la violencia, de grupos que
convoquen al ataque y se atente contra contenidos de información que el
Ayuntamiento debe de resguardar.
Como funcionario municipal convocó a la
ciudadanía que en lugar de sumarse a acciones que violenten y atenten contra el
resguardo de archivos que posee el Ayuntamiento, se sumen a acciones
propositivas por el bien de quienes quieren vivir en una mejor ciudad.
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