LIBERTAD, WASHINGTON, 20 de enero de 2017.- La Fiscal General
interina, Sally Q. Yates anunció hoy que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,
conocido por muchos alias, incluido “El Chapo” enfrentará cargos en Brooklyn,
New York, tras su extradición desde México a los Estados Unidos con el alegato
que operaba una organización criminal vigente y otros cargos relativos al
tráfico de drogas, durante su liderazgo de la organización criminal mexicana
conocida como el Cártel de Sinaloa.
A la Fiscal interina
Yates se le unieron el Procurador Robert L. Capers del distrito Este de Nueva
York; el Procurador Wifredo A. Ferrer del distrito sur de Florida; el
Procurador General Asistente Adjunto Kenneth Blanco de la División Criminal del
Departamento de Justicia; el Adminitrador interino Chuck Rosenberg, de la
Agencia de Control de Drogas (DEA); el Director Ejecutivo Asociado Peter T.
Edge de la U.S. Immigration and Customs Enforcement Homeland Security
Investigations (HSI); El Director Asistente a cargo William F. Sweeney de la
oficina de Nueva York del FBI: El U.S. Marshal Charles G. Dunne del Servicio de
U.S. Marshals del Distrito Este de Nueva York y por el Comisionado del
Departamento de Policía de Nueva York James P. O’Neill.
Guzmán Loera, de 59
años, llegó a los Estados Unidos el 19 de enero y será procesado en un juicio
por 17 cargos el 20 de enero, ante el Juez Magistrado James Orenstein en la
corte federal de Brooklyn. El caso está asignado al Juez de Distrito Brian M.
Cogan. Después de su extradición a los Estados Unidos por los cargos levantados
en el Distrito Oeste de Texas y en el Distrito Sur de California, el gobierno
de México aprobó la petición de Estados Unidos para proceder a perseguir los
cargos levantados en el Distrito Este de Nueva York el 11 de mayo de 2011.
Los cargos en el juicio
levantado contra Guzmán Loera en el Distrito Este de Nueva York serán
procesados en conjunto por las oficinas del Fiscal en Brooklyn y Miami, y la
Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos de la División Criminal.
La acusación alega que
entre enero de 1989 y diciembre de 2014, Guzmán Loera dirigió una organización
criminal vigente, responsable de importar y distribuir hacia los Estados Unidos
cantidades masivas de narcóticos ilegales y de conspirar para asesinar personas
que representaban una amenaza a la organización de narcóticos de Guzmán Loera.
Guzmán Loera también
enfrenta cargos de uso de armas de fuego en relación al tráfico de drogas y
lavado de dinero relativos al contrabando en grandes cantidades desde Estados
Unidos a México de más de 14 mil millones de dólares en efectivo procedente de
la venta de narcóticos a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Como parte de
esta investigación, cerca de 200 mil kilogramos de cocaína ligados al Cártel de
Sinaloa fueron decomisados. La acusación busca la incautación de más de 14 mil
millones de dólares, fruto de las drogas y de ingresos ilegales.
“Guzmán Loera es el
supuesto líder de una organización criminal multinacional y multimillonaria que
introdujo drogas en nuestras calles además de violencia y miseria e nuestras
comunidades”, dijo la Fiscal General Interina Yates. “Estamos profundamente
agradecidos con el Gobierno de México por su ayuda para asegurar la extradición
de Guzmán Loera. El pueblo de México ha sufrido de gran manera en manos de
Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa; oficiales de la justicia mexicana
han muerto en su persecución. Honraremos su sacrificio y honraremos el
compromiso de México para combatir el narcotráfico al buscar la justicia en este
caso”
“Guzmán Loera está
acusado de utilizar la violencia, incluidas el asesinato y la tortura, para
mantener un reinado con puño de hierro en la venta de drogas a través de la
frontera entre Estados Unidos y México que ha invadido a nuestra comunidad y a
muchos otros en el país”, dijo el Procurador Capers. “Como resultado, Guzmán
Loera ganó miles de millones de dólares ilícitos. Este caso demuestra que
aplicaremos todos los recursos disponibles para desmantelar el liderazgo de
cárteles de drogas peligrosos, donde sea que operen, y no descansaremos hasta
que lo hagamos hecho”.
“Guzmán Loera
aterrorizó comunidades de todo el mundo” dijo el Procurador Ferrer. Con este
caso, nos mantenemos unidos con nuestros aliados en casa y extranjeros en
nuestra lucha contra las organizaciones transnacionales criminales que logran
ingresos de miles de millones de dólares derivados de la expansión tóxica de
drogas ilícitas en nuestras comunidades en todo el mundo. El anuncio de hoy
demuestra que las fronteras internacionales no protegen a los traficantes de
narcóticos de ser perseguidos criminalmente. Continuaremos trabajando juntos
para combatir el narcotráfico y los cárteles que infectan nuestras calles con
el largo brazo de la ley.
“La extradición es una
tremenda victoria para los ciudadanos de México y Estados Unidos” dijo el
administrador interino de la DEA, Rosenberg. “Dos principios se mantienen:
Nadie está por encima de la ley y nosotros simplemente no cesamos en la
búsqueda de justicia.
“A través de las
investigaciones lideradas por nuestras oficinas en Nueva York y Nogales,
Arizona, y los esfuerzos de coordinación de nuestro agregado en México, la
oficina de Investigaciones de Seguridad Interna reunió una evidencia significativa
que es instrumental en este caso contra Joaquín Guzmán Loera en los Estados
Unidos, por sus crímenes como jefe del Cártel de Sinaloa”, dijo el Director
Asociado Ejecutivo, Edge. “Nos complace haber trabajado con nuestros compañeros
de la justicia federal para lograr la extradición de ayer, y para buscar
compartir evidencia recabada en esta investigación para los procesos criminales
siguientes.
“Uno de los más
peligrosos y temidos capos de la droga ahora rendirá cuentas por sus crímenes
en Estados Unidos luego de décadas de eludir la ley” dijo el Director Asistente
del FBI, Sweeney. “Luego de años de recabar evidencia en múltiples
investigaciones, el FBI y nuestros compañeros de la justicia harán todo lo
posible para traer a El Chapo ante la justicia.
El Servicio de U.S.
Marshals, tomará esta misión con el mismo sentido del deber que se ha tomado en
misiones previas desde los últimos 228 años, dijo el U.S. Marshal Dunne,
“Preservaremos la integridad del proceso judicial. Protegeremos a las familias
de los miembros del Distrito Este de Nueva York. Aseguraremos a este individuo
de manera humana y lo traeremos a la corte en tiempo y forma”.
Como se detalla en el
caso y en otros cardos en la corte, Guzmán Loera e Ismael Zambada García, como
líderes del Cártel de Sinaloa conspiraron para importar más de 200 toneladas
métricas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa compartió rutas
para el transporte de drogas y obtuvo drogas de varias organizaciones de
tráfico de drogas colombianas, en particular del Cártel colombiano Norte del
Valle, la organización de Don Lucho, y la organización Cifuentes Villa. La
cocaína fue transportada desde Colombia por aviones, botes, y submarinos a
puertos que la organización controlaba en el sur de México y en otras
locaciones a través de Centro América. Desde allí, se enviaban a través de
México hacía puntos de distribución en Estados Unidos.
Como uno de los
principales líderes del Cártel de Sinaloa, Guzmán Loera presuntamente también
supervisó las actividades de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, y
mariguana del Cártel de Sinaloa, para distribuidores al mayoreo en Atlanta,
Chicago, Miami, Nueva York, así como en varias locaciones en Arizona, Los Angeles
y otros lugares. Lo miles de millones de dólares generados por venta de drogas
en Estados Unidos, fueron transportados clandestinamente hacía México.
Para evadir a la
justicia y proteger sus actividades de distribución de narcóticos, Guzmán Loera
y el cártel de Sinaloa supuestamente emplearon diversos mecanismos incluyendo
el uso de “sicarios”, o mercenarios, que llevaron al cabo cientos de actos
violentos en México, incluyendo asesinatos, el recaudo de deudas de drogas,
violencia para silenciar a potenciales testigos, así como acciones para
prevenir que funcionarios públicos actuaran contra el cártel.
Para intimidar y
eliminar a sus rivales, durante la guerra entre el cártel de Sinaloa y el
cártel de Juárez de 2007 a 2011, Guzmán Loera instruyó a estos asesinos a que
mataran a miles de rivales narcotraficantes; muchas de sus víctimas fueron
decapitadas.
El caso está siendo
procesado a nivel gubernamental por los procuradores estadounidenses Andrea
Goldbarg, Hiral Mehta, Patricia Notopoulos, Gina Parlovecchio y Michael Robotti
del Distrito Este de Nueva York; los procuradores asistentes de Estados Unidos
Adam Fels, Lynn Kirkpatrick y Kurt Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida; y
los procuradores de juicio Amanda Liskamm, Anthony Nardozzi y Michael Lang de
la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal.
El caso fue investigado
por la DEA, HSI y el FBI, en cooperación con autoridades de procuración de
justicia Mexicanas y Colombianas. Un apoyo substancial fue provisto por las
Oficinas de Procuradores del Distrito Norte de Illinois, el Distrito Oeste de
Texas, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Sur de California, y el
Distrito de New Hampshire. La Oficina de Asuntos Internacionales del
Departamento de Justicia también brindó apoyo en traer a Guzmán Loera a Estados
Unidos para enfrentar cargos. Los esfuerzos de investigación en este caso
fueron coordinados con la División de Operaciones Especiales del Departamento
de Justicia, constituido por agentes, analistas, y procuradores de la
Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal, DEA, FBI,
HSI, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el U.S. Marshal
Service, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos
Internos, el Buró de Prisiones Estadounidenses y la Policía del Estado de Nueva
York.
Los Estados Unidos
extienden su agradecimiento al gobierno de México y, en particular, al
Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores Luis
Videgaray Caso y al Procurador Raúl Cervantes Andrade por su apoyo en este
caso.
Este caso es también resultado
de los continuos esfuerzos de la Organized Crime Drug Enforcement Task Force
(OCDETF), una alianza que combina la experiencia y habilidades únicas de
agencias federales, estatales, y locales. El objetivo principal del programa de
la OCDETF es identificar, interrumpir, desmantelar y enjuiciar a cabecillas
narcotraficantes, al tráfico de armas, al lavado de dinero y a otras
actividades del crimen organizado.
Una acusación es un
documento de proceso formal que notifica al acusado sobre los cargos. Todas las
personas acusadas durante este proceso cuentan con el principio de presunción
de inocencia. Guzmán enfrenta una sentencia de reclusión perpetua, de ser
condenado por cargos de organización criminal vigente, y una sentencia máxima
de por vida por los cargos restantes.
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