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Votan a favor en lo general PAN, PRD y MC; en contra el PRI, Morena, PT, PBC y
PES. Una reserva en lo particular fue avalada por todas la fuerzas políticas
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Crea dos organismos metropolitanos estatales: uno para la zona costa, que
abarcaría Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, y otro para Mexicali
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Establece un Consejo Consultivo donde participarán el sector social y privado,
para la mejor distribución y aprovechamiento del agua
·
Las tarifas de agua potable se actualizarán de forma anual a través de una
fórmula preestablecida; dejarán de preverse en las leyes de ingresos
Mexicali,
20 de diciembre de 2016.- El Pleno del Congreso local aprobó en lo
general, con 15 votos a favor y 10 en contra, el dictamen 48 proveniente de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que contenía la iniciativa que crea la Ley
del Agua para el Estado de Baja California (LAEBC), propuesta por el Poder
Ejecutivo.
La ley contempla la
instauración de dos organismos metropolitanos estatales: uno para Ia zona
costa, que abarcaría los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y
Ensenada, y el de Ia zona metropolitana del municipio de Mexicali.
Asimismo, fue aprobada
una reserva en lo particular, con 22 votos a favor y cero en contra, planteada
por la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), para incluir en la LAEBC 6
artículos transitorios, donde se especifica, entre otras cosas, “que las
presentes reformas no afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones
reconocidas a los trabajadores de base de las Comisiones Estatales de Servicios
Públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada con anterioridad al presente
Decreto y a la sustitución patronal que refiere el inciso c) del artículo
noveno transitorio”.
En su argumentación, el
Ejecutivo estatal refirió que según un estudio efectuado en el 2016 por la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad ocupa uno de los primeros
lugares en sequía extrema en el país, por lo que esta nueva ley dotará de
nuevas alternativas para que no falte el vital líquido en Baja California.
Por otra parte,
mediante la creación de un Consejo Consultivo Estatal del Agua, promueve la
participación del sector social y privado para la mejor distribución y
aprovechamiento del agua, así como para conservar y controlar su calidad, a fin
de que se cumplan las acciones de planeación, gestión, conservación y
preservación de las aguas de jurisdicción estatal.
Adicionalmente propone
la posibilidad de que el sector social y privado puedan prestar total o
parcialmente los servicios públicos, así como el aprovechamiento de las aguas
residuales tratadas, la administración, operación y mantenimiento, de forma
total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de
agua en bloque, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales, e inclusive la ejecución de las obras de
infraestructura hidráulica y los proyectos relacionados con dichos servicios
públicos.
En cuanto al cobro de
los servicios públicos, se establecen las tarifas medias de equilibrio para el
cobro de los derechos en materia de agua, mediante las que se pretenden generar
ingresos suficientes para cubrir los costos derivados de Ia operación,
mantenimiento y administración de los sistemas, así como Ia rehabilitación y
mejoramiento de Ia infraestructura existente, además de Ia amortización de las inversiones
realizadas.
Se precisa que dichas
tarifas se actualizarán de forma anual, a través de una fórmula preestablecida,
de tal forma que las cuotas y tarifas por los derechos de servicios públicos de
agua potable y alcantarillado, dejarán de preverse en las leyes de ingresos de
cada ejercicio fiscal.
En referencia a la
nueva metodología para determinar las tarifas y cuotas, en la exposición de
motivos se explica que “se debe principalmente al incremento en los costos de
conducción de agua en bloque, particularmente en energía eléctrica, en función
a Ia dotación de agua requerida para los municipios de Tijuana y Playas de
Rosarito, por un importe de 499.98 millones de pesos, que son 102 millones de
pesos adicionales al 2016”.
Asimismo, se agrega que
se debe a la disminución de recursos por parte de participaciones federales
propuestas por el Ejecutivo federal para el ejercicio 2017, lo que va en
perjuicio de los programas de apoyo que Ia Comisión Nacional de Agua (Conagua)
proporciona a los organismos operadores, para lo cual se tiene estimado que en
el ejercicio 2017 serán 130 millones de pesos menos lo que se recibirá de
participaciones federales con relación al ejercicio fiscal actual.
Por otro lado, se
señala que Ia modificación en las tarifas se empleará para realizar
reposiciones de herramientas, equipos e instrumental de trabajo de brigadas de
mantenimiento y laboratorios de agua potable y aguas residuales, lo que
actualmente no es posible realizar, ya que tiene un costo aproximado de 22
millones de pesos, cantidad que dada la situación financiera de las Comisiones
Estatales de Servicios Públicos del Estado, no es posible pagar.
Además de que se
favorecerá la reposición de tubería en diversas ciudades de Baja California
que, en algunos casos, cuenta con más de 40 años de operación.
En el artículo
transitorio segundo de este nuevo ordenamiento, se establece la abrogación de
Ia Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable; Ia Ley de Fomento a Ia
Cultura del Cuidado del Agua, así como Ia Ley de las Comisiones Estatales de
Servicios Públicos, todas del Estado, y demás disposiciones en materia de agua
potable y alcantarillado sanitario vigentes en Baja California.
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