LIBERTAD,
TIJUANA, 16-AGOSTO-2016.-La calle es
libre” una respuesta muy mexicana, cuando alguien intenta prohibir algo en la
vía pública. Sin embargo, no todos pueden aludir a esa respuesta, no en el caso
de los aproximadamente 12 mil habitantes de Playas de Tijuana que han visto
vulnerado su derecho al libre tránsito, por alrededor de 50 años, al tener que
pagar diariamente para realizar sus actividades.
“No tenemos vialidades
porque para poder transitar dentro de nuestro municipio tenemos que pagar esta
caseta de cuota de playas” es lo que expresa Mónica Jiménez, representante del
movimiento No
al cobro para residentes en la caseta de Playas de Tijuana agregando
que la caseta cuesta 31 pesos de ida y 31 de regreso y que debido a la falta de
transporte, algunas familias cuentan con hasta 3 carros, lo que eleva los
gastos drásticamente y limita las posibilidades de regresar al hogar cuando así
se desee, pues es preferible no hacer gastos dobles.
Son entre 10 mil y 12
mil personas, de 17 fraccionamientos, las que se ven afectadas diariamente,
aunque hace 20 años se hizo una exención del 50% para alrededor de 900
personas, lo cual no elimina la carga económica. La respuesta de las
autoridades ha sido un tanto absurda al proponerles como alternativa que
utilicen la carretera de la gloria “está ubicada del lado de Rosarito pero esa
no es una vía alterna para nosotros puesto que nuestra delegación es la de
playas de Tijuana y nuestras actividades son ahí. Para poder llegar ahí, por su
vía alterna, tenemos que regresarnos 18 km al municipio de Rosarito atravesar
Rosarito, salir y circular 46 km para llegar a nuestra delegación” lo cual
representa una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo para los habitantes de la
zona y por tanto una solución injusta.
El pasado sábado
(13.08.2016) se realizó la quinta manifestación de este movimiento, esta vez
para señalar la falta de compromiso de Banobras, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Gobierno Federal y Estatal pues el 7
de junio, del presente año, se llevó a cabo la segunda mesa
de diálogo, en la que se comprometieron a enviar una respuesta para finales
del mismo mes.
La respuesta sería
sobre el análisis de posibilidades para resolver la cuestión. Por un lado se
encontraba la posibilidad de que el gobierno federal aumentará el descuento
establecido a un 75% y que el gobierno del Estado cubriera 25% más, o en todo
caso el porcentaje que financieramente le resultara viable, para que así se
hiciera posible la liberación de este cobro a los residentes. La otra propuesta
era que el Gobierno de Baja California comprara el tramo de 15.5 kilómetros
correspondientes a Playas de Tijuana.
Pero la sorpresa fue
otra: una denuncia por parte de Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE). “El 13 de
junio presentaron una denuncia penal ante la PGR por ataques a las vías de
comunicación denunciando a los diputados que han estado apoyando el movimiento
y a mi persona, que soy la que representante del movimiento” expresó Jiménez,
agregando que no ha recibido notificación pero que se ha corroborado que existe
un número de averiguación previa en su contra y de la diputada Nancy Sánchez, entre otros
diputados y políticos, como Gaston Luken, que
no sabe porqué está denunciado si nunca se ha unido al movimiento “ni
siquiera se ha parado a ninguna manifestación, no entiendo como esta
denunciado” expresa Jiménez.
“Nos juegan el dedo en
la boca diciendo que para el día último nos van a tener una respuesta y lejos
de eso lo que estaban haciendo era ganar tiempo para ellos hacer su denuncia
contra el movimiento”, Mónica Jiménez
Mónica y los residentes
que buscan un trato justo y ejercer su derecho al libre tránsito están
conscientes de que esta lucha no será fácil, saben que éste tipo de acciones
son para intimidarlos, son para callarlos, pues los intereses económicos son
muy grandes “vamos a quitarnos las máscaras , estamos hablando de mucho dinero
y esa negociación no va a ser fácil” expresó uno de los funcionarios que se
encontraban en la mesa de diálogo, afirma Mónica.
Por su parte, Francisco
Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, no ha hecho mención alguna del
tema y al parecer ni siquiera se encuentra en su agenda, pues hace poco estuvo
en la Ciudad de México y “nunca mencionó el tema de la caseta” aseguró Gerardo
Ruiz Esparza, titular de la SCT, por lo que seguramente, al igual que en otros
casos de poderosos políticos, tiene fuertes intereses en que el cobro de peaje:
que siga llenando sus bolsillos o los de alguien más poderoso que él.
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