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Dos
hechos han consternado a la ciudadanía de esta frontera en apenas los tres días
que llevamos de esta semana. Dos niños una de un año y cuatro meses que
falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en dónde se descubrió que
fue violada, y el del pequeño Usiel de quien su cuerpecito apareció como si
fuera basura a un costado del Blvd 2000.
En
ambos casos, aunque no hay detenidos, los tutores de los menores apuntan para
ser los culpables de los dos crímenes pero, el pero que nunca falta, al menos
en el caso del pequeño Usiel Alejandro Jiménez Hipólito las cosas podrían haber
sucedido de manera distinta si la Policía Municipal hubiera hecho caso a los
reportes de violencia familiar.
De
acuerdo con vecinos del lugar, en la casa donde habitó Usiel junto con sus dos
hermanas, su madre y su padrastro en el número 301 de la Privada San Octavio en
colonia Lomas de San Martín se escucharon golpes y llanto de niños el mismo día
que se reportó hasta las siete de la tarde la desaparición del menor.
Los
mismos vecinos aseguran que los golpes a los menores eran cosa de todos los
días y que en varias ocasiones pidieron ayuda a la autoridad sin que esta
hiciera algo, es decir no contuvo la violencia de que eran objeto los
pequeñitos.
Por
este par de eventos es que cobra importancia la reforma de Ley que propone
Movimiento Ciudadano para que en lo referente a que la violencia intrafamiliar,
esta pueda ser denunciada por testigos de la agresión y no solamente se
investigue bajo la querella de la víctima, los diputados puntualizaron que este
tipo de delitos no permite el perdón, pues el Código Nacional de Procedimientos
Penales, en el artículo 187 señala que no procederán los acuerdos de reparación
en los casos en que se trate de delitos de violencia familiar.
Sin
embargo y pese a que la violencia intrafamiliar ya rebasó el maltrato a las
mujeres y empieza a cobrar víctimas inocentes, el gobernador del estado
Francisco Vega de Lamadrid secundado por la bancada panista en el Congreso del
Estado intentan evitar que esta iniciativa se discuta en el pleno y en su caso
se apruebe.
¿Cuántos
niños más necesita el gobernador del estado para que entienda que la violencia
en el seno de la familia es un delito que merece castigo? Porque los argumentos
que presentan los representantes del mandatario son muy endebles y hablan de
que no se tiene la capacidad instalada para atender todas las denuncias que
surgirán con esta medida.
Baja
California está entre los cinco estados más impunes del país con una cifra
negra del 90.3 por ciento de acuerdo al estudio Índice Global de Impunidad,
este documento elaborado por la Universidad de las Américas y el Consejo
Ciudadano de Seguridad dice que los delitos del fuero común más recurrentes son
el robo de vehículo, otros robos y robo a casa habitación.
¡Hay
que hacer algo para que en esta lista entre también el homicidio de menores a
causa de la violencia intrafamiliar!
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