* Se
debe de proteger el derecho de las personas, darles certeza jurídica y
fortalecer la competitividad regional, regularizar el parque vehicular, y además,
generará ingresos para el Estado: Eloísa Talavera Hernández
Libertad,
Febrero 2 de 2016, Ciudad de México.- Datos proporcionados por el INEGI, señalan
que de cada 100 establecimientos registrados en México, 15 están en la Región
Norte, y de cada 100 de los establecimientos más grandes del país, 45 se
ubican ahí, es por ello que resulta urgente y necesario un programa de
regularización de más de 750 mil vehículos de procedencia extranjera, para
darle continuidad a la dinámica económica de la región, indicó la
vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa
Talavera Hernández.
Refirió que desde la óptica sectorial, la zona
de la Frontera Norte participa de forma relevante en el sector primario y
secundario y en el caso de Baja California dicha situación puede verse opacada
por las limitaciones de los habitantes, consumidores, comerciantes e
inversionistas ya que la región norte establecida en el Pacífico, que une a
Mexicali y Tijuana con San Diego es uno de los 6 corredores carreteros transfronterizos
troncales del país.
Esto, dijo, determina de forma importante la
vocación y actividades del Estado de Baja California y una gran parte de la
población realiza sus actividades de consumo, así como las comerciales en
vehículos usados que han logrado comprar y que en su mayoría han sido
adquiridos de Estados Unidos de Norte América y Canadá.
“Estos vehículos que están a un precio
accesible, al alcance de la economía de las familias en frontera, no es un
lujo, sino una necesidad para que la cadena de desarrollo económico de la
región no se limite y al contrario se diversifique” sostuvo.
Recordó que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), mismo que se considera ley suprema de conformidad
con el artículo 133 de Constitución Política de los Estados Unidos de México,
trajo consigo grandes beneficios a la industria automotriz y se estableció la
apertura a la importación de autos nuevos desde 1994 y a partir del 2009 la
importación de vehículos provenientes de EUA y Canadá con 10 años de antigüedad.
Agregó que el TLCAN estableció la reducción
de las importaciones en los siguientes años hasta la liberación total en el año
2019, periodo que constituye el marco de referencia para la planeación de la
producción y de las inversiones por parte de las empresas de la industria
automotriz nacional.
Manifestó que se calcula que hay cerca de
casi 750 mil unidades irregulares que circulan en las calles de Baja
California, por lo que se requiere dar protección al patrimonio familiar de
muchos Baja Californianos, brindar certeza jurídica a los propietarios de dichas
unidades y darles acceso a seguros de responsabilidad civil para sus unidades.
Reveló que a la fecha las acciones del
gobierno federal no han sido suficientes para solucionar el problema ya que la
problemática continúa en el territorio nacional, problemas de regularización
con la internación de vehículos usados de procedencia extranjera.
Derivado de lo anterior es necesario que el
Ejecutivo Federal, lleve a cabo acciones, tangibles y concretas, en el corto
plazo que tengan efectos inmediatos en el sector automotriz a beneficio de los
ciudadanos del estado de Baja California, acciones que protejan a las personas
y la seguridad jurídica de sus bienes, acciones que permitan la inscripción de
dichos vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de
impuestos y derechos que corresponda, señaló.
Advirtió que se debe garantizar a las
personas, familias, comunidades y empresas que las posesiones que han obtenido
legítimamente no habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su
propio beneficio, sin que puedan ser confiscadas como en muchos casos sucede
principalmente a migrantes, a quienes se les priva de su propiedad lo cual va
en contra del art. 22 constitucional.
Talavera Hernández puntualizó que con el
objeto del punto de acuerdo sometido a la Cámara Baja de la nación, es darle
certeza jurídica a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera en
el Estado de Baja California, así como el propósito de cumplir con el objeto
del Programa Regional para el Desarrollo del Norte 2014-2018 e impulsar la
productividad en la región de la frontera norte es indispensable el Ejecutivo
Federal y de Baja California, a través de sus respectivas secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Finanzas implementen beneficios fiscales para
la regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera
internados en el estado de Baja California, como parte de la estrategia de
desarrollo regional que fortalezca el transporte terrestre legal en la entidad.
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