Controversias para calificar en un empleo

Libertad/Mayo/2015.- De acuerdo a un análisis sobre las calificaciones para obtener un empleo, hipotéticamente se tienen 12 o 13 años de nuestra vida productiva para preparar alguna base de ingresos, previendo no solamente los efectos de las crisis económicas y el consecuente desempleo, sino además, previendo los perfiles que buscan los empleadores.

Resulta que mientras eres estudiante, si obtienes un empleo, es solamente de afanador o alguna otra labor que nada tiene que ver con la carrera que se estudia (salvo muy contados casos), y cuando te gradúas, a los 22 o 23 años de edad, o hay poco campo de trabajo, o definitivamente te niegan el empleo que porque piden “que tengas experiencia”, y cuando llegas a tener experiencia, a los 35 años ya no calificas porque “se ha pasado tu mejor etapa productiva”.

Por lo anterior, si eres de los pocos que logran colocarse en un empleo afín a la carrera que estudiaste, suertudo, aprovéchalo, porque solo tienes hasta tus 35 años asegurarte un futuro dentro de esa empresa, o crear la tuya propia, ya que si por alguna razón pasas a formar parte de las cifras de desempleados antes o justo al cumplir los 35 años, después de eso tendrás serias dificultades para volverte a emplear.

Los empleadores, es decir, la parte patronal en México justifica sus políticas de reclutamiento en los siguientes “razonamientos”:

-- Difícilmente un empleado va a rendir con eficiencia y eficacia si no tiene experiencia.

-- El joven egresado tendrá conocimiento académico de la carrera estudiada, pero no lo ha puesto en práctica, y la práctica hace al maestro.

-- Las empresas prosperan con mano de obra calificada.

-- Si el empleador decide al fin aceptar a un solicitante de empleo, sin haber tenido la debida experiencia en la labor a desempeñar, va a tener que capacitarlo, y eso cuesta.

-- Si capacita al empleado, no le pagará como es debido, porque está en periodo de entrenamiento.

-- Los costos de capacitación no son deducibles de impuestos; en el mejor de los casos buscaría el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que el propio Gobierno auxilie al patrón en cubrir esa necesidad.

-- Si el empleador no quiere arriesgarse a asumir los costos en la capacitación, preferirá contratar mano de obra de fuera, de personal previamente capacitado o con experiencia en otras empresas del ramo.

Y lo más preocupante para los patrones, o sea, los empleadores:

-- La crisis económica los agobia. No pueden contratar mucho personal, y es probable que en cierto tiempo, en el futuro, tengan que hacer recortes.

-- La misma crisis económica y las obligaciones fiscales, asfixian la posibilidad de dar buenos salarios, conforme a la preparación académica y conforme a la experiencia, de tal manera que contratar a un egresado con cédula profesional se vuelve un problema para pagarle bien, y tampoco se le puede pagar bien al que ya tiene 35 años de edad, con 10 o más años de experiencia en la materia.

 De acuerdo a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que un adulto, pues uno de cada 5 jóvenes trabajan y viven en situaciones de pobreza, ya que son subempleados.

El problema planteado y sus justificaciones tienen que ver mucho con las condiciones políticas y económicas de un país, ya sea desarrollado o en vías de desarrollo; por un lado afectan las políticas de Gobierno, los perfiles de empleo que fijan las empresas, y las crisis económicas recurrentes, así como la competitividad y la globalización de los mercados productivos.

En materia de políticas públicas, faltan iniciativas que fomenten y estimulen el empleo; los incentivos al primer empleo son positivos, pero falta mucho más que eso para que las empresas se desarrollen bien en medio de una competencia feroz y el avance de las tecnologías.

Las nuevas reglas fiscales y aumentos de impuestos, tampoco abonan nada bueno a generar más empleos, y mucho menos los empleos bien remunerados.

Los perfiles de empleo son muy estrictos, y si algo se logra para emplear a jóvenes o personas mayores de 35 años de edad, es solamente basados en el criterio, la buena voluntad o la necesidad de ocupar la plaza, para garantizar la continuidad de la marcha de la empresa.

Las crisis económicas son consecuencias de todo lo anterior, pero especialmente por culpa de los malos gobiernos y las reformas legales y constitucionales que se realizan supuestamente para estar mejor, y estamos peor. Y lo que resulta es que ante la incertidumbre económica nacional es el mejor caldo de cultivo para el desempleo, para hacer más difícil la contratación de personal calificado, y para el subempleo, es decir, al final de cuentas, el empleo de personal con salarios muy bajos, y a veces sin prestaciones sociales.

La competitividad y la globalización de mercados es otro pretexto para idear nuevos requisitos al empleo o subempleo de personal.

Urge mejorar las políticas públicas para el fomento, el rescate y fortalecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, que son las que soportan las tres partes del total de la planta productiva del país.

Urge también flexibilizar las leyes y reglamentos fiscales para que las micros, pequeñas y medianas empresas logren sobrevivir y subsistir, e incluso progresar.

Menos impuestos y reglas más fáciles, quizá requieran sacrificios para gobernantes y funcionarios, así como para los legisladores, en sus sueldos y otros ingresos, pero eso es preferible, y no que, como siempre, a lo que optan es a hacer recortes en el gasto público de obras, servicios y programas sociales.

Si se resuelve lo anterior, las empresas probablemente flexibilicen sus políticas de calificación de empleo, es decir, que normen mejores criterios en los perfiles de empleo. Pero si eso no sucediera, patrones y empleados entonces tienen que innovar, para superar los inconvenientes de las malas políticas públicas, y trabajar unidos para demostrar que en México sí se puede. Algo de eso parece que ya se está promoviendo sobre una nueva cultura laboral.

Si se reforma de nuevo las Leyes Laborales, para permitir el empleo bien remunerado de jóvenes, adultos, y hasta de personas de la tercera edad, habrá más oportunidades para todos, sobre todo, si se impulsa el autoempleo en muchos casos, y si se fomenta la creación de nuevas empresas con capital nacional y no con capitales extranjeros, que supeditan al emprendedor local y regional a una sumisión de políticas laborales en las que dan preferencia a mano de obra extranjera, y/o al subempleo o empleos mal pagados.

También hay muchas personas con discapacidad que pueden desempeñar diversos tipos de labores, y en las instancias gubernamentales ya tienen una “cuota” de espacios para contratarlos; pero hace falta que eso se extienda también como obligatoriedad a las empresas, con base en estímulos fiscales.

La no limitación de edades ni experiencias en los perfiles laborales tiene que ser legislada, y estimulada por el Gobierno, y aceptada en las empresas, conjuntamente con políticas públicas de incentivos empresariales, así como de facilitación a la creación de empresas con capitales netamente, o preponderantemente de origen nacional, y programas de fortalecimiento para la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual incluye financiamientos o créditos “blandos”.

El joven o el adulto mayor de 35 años de edad deben buscar el apoyo de programas de Gobierno para el autoempleo, la capacitación, y los financiamientos o créditos “blandos”.

Las instituciones educativas deben ser más prácticas que teóricas y que las políticas de vinculación con la planta productiva ya no sea al criterio o disposiciones de los planteles educativos, sino de todo el sector educativo, en permanente relación con el sector patronal.

El Gobierno debe modificar sus políticas públicas para que efectivamente existan Sistemas de Apertura Rápida de Empresas que no limiten ni coarten muchas iniciativas ciudadanas, y que de veras, no solamente de discurso ni de informes maquillados, en verdad se establezcan sistemas de Simplificación de Trámites, para lo cual, además de modificar leyes y reglamentos internos, deben implementar nuevas tecnologías.

La CURP (Cédula Única de Registro de Población) tenía una parte muy importante en esas intenciones oficiales de simplificar trámites y hacer más eficientes y eficaces las políticas de servicios públicos. Entre los ajustes necesarios que se plantean, ya es tiempo de que el objetivo de la CURP se cumpla.

Con la CURP se pretendía que ya no fuera necesario volver a meter papeles de actas de nacimiento, ni de credenciales de elector o cualquier otra identificación oficial con fotografía, para el seguimiento de determinados trámites. Incluso estaría ligada a diversos procedimientos oficiales y de facilitación de servicios, porque contendría el historial fijo y variable de las personas. Un complejo sistema como ese ni siquiera se ha empezado. Y debe implementarse ya.

La sociedad puede hacer mucho en todo esto, y eso va desde su participación en referéndums, plebiscitos, iniciativas ciudadanas, y emitiendo sus votos en las elecciones populares, hasta haciendo válido el derecho democrático a la revocación de mandato, pues entre más participativa y fuerte sea la sociedad en la toma de decisiones importantes de la localidad, la región y el país, más probabilidades habrá de que se den oportunidades de empleo para todos, sin limitaciones ni discriminaciones.