TIJUANA,
B. C., 15 de febrero de 2020.- Convencido de que es importante alzar
la voz ante las injusticias y para exigir resultados en materia de seguridad
pública, y lograr que todo se realice de forma pacífica, el diputado estatal
Gerardo López Montes encabezó hoy una marcha en la que el tema fue los
feminicidios que han enlutado a varios hogares de Tijuana y Baja California en
este 2020.
El legislador estatal,
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
logró reunir una gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres, quienes
caminaron en un ejercicio de civilidad donde no hubo ni desorden ni llamados de
tipo político partidista, tal y como se convocó públicamente.
La caminata se realizó la
tarde de este sábado 15 de febrero, por los bulevares Aguacaliente y Paseo de
los Héroes, y finalizó en el monumento a Cuauhtémoc, en el corazón comercial de
la Zona del Río en Tijuana, donde no se registraron incidentes de
consideración, excepto los posicionamientos de protesta y exigencia a las
autoridades de parte de los participantes.
"Que quede claro,
es muy importante, que esta marcha a la que hemos convocado este sábado 15 de
febrero de 2020, fue completamente pacífica, tranquila y totalmente ciudadana y
apartidista, como lo pedimos a la gente", refirió el legislador local,
quien representa el distrito 13 en la 23 Legislatura de Baja California.
López Moreno señaló
que, además de este importante y numeroso movimiento social, donde no hubo
logotipos políticos ni colores ni leyendas de promoción alguna, excepto de
justicia y fin a los asesinatos de mujeres y otros ciudadanos, ha enfocado sus
esfuerzos como legislador para contribuir con leyes y reglamentos tendientes a
que se logre la paz social y que terminen las acciones delictivas y violencia
en general.
Por ello, agregó, va a
promover un exhorto en el pleno del Congreso del Estado para lograr la
declaratoria de Alerta de Género, ya que existen elementos para acreditar que
existe esta situación en la entidad, y con ello se dispondrá de programas y
recursos del gobierno federal para combatir dicho delito.
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