Reconoce CROC el apoyo del Gobernador Jaime Bonilla Valdez a huelguistas de “Imperial Toy”, en demanda de sus derechos

Libertad, Tijuana, B.C., Enero 02 del 2020.-La oportuna y atinada intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California, en apoyo a los huelguistas de “Imperial Toy”, ubicada en Parque Industrial Pacífico, es reconocida por la Federación CROC en este municipio.

Por tal motivo, el dirigente local Javier Merino Duarte, envió un mensaje de agradecimiento al gobernador Jaime Bonilla Valdez, por haber instruido al titular de la STPS, Mtro. Sergio Moctezuma Martínez López, a intervenir para asesorar a los más de 430 trabajadores que quedaron sin empleo en días previos a la Nochebuena, desde el 19 de diciembre pasado.

“Todo salió bien, sin ningún incidente, como la ley lo indica, el problema laboral”, dijo el líder sindicalista, al comentar que “…se pusieron las banderas rojinegras por voluntad de los trabajadores en la empresa de juguetes, con apoyo de la presidenta de la junta de Conciliación, Kathia Ruiz…”.

Confían en contar con el apoyo de rondines de las fuerzas policiales en los alrededores del inmueble que ocupa la ensambladora de juguetes en el Parque Industrial Pacífico, para evitar contingencias imprevistas; la planta cerró intempestivamente sus puertas, quedando a deber sueldos y prestaciones a sus empleados, así como servicios a transportistas.

Apenas se enteró el secretario del Trabajo y Previsión Social de lo sucedido en “Imperial Toy”, ordenó a su personal acudir al domicilio y ofrecer su apoyo a trabajadores, para iniciar los procedimientos legales respectivos. En los días siguientes, instaló frente al local de la maquiladora “golondrina”, un módulo de orientación jurídica laboral para atender a los empleados y sus familiares.

Incluso, el propio titular de la STPS externó la posibilidad de que dicha firma, representada por Peter Tiger, fuese demandada penalmente por el delito de Fraude Específico, para dejar un antecedente y que no vuelva a instalar otra empresa de este tipo en Baja California.

Esto lo planteó basado en lo siguiente: “En el artículo 222 Bis del Código Penal de Baja California, se establece que se puede tipificar como delito a aquella persona que se declare en estado de insolvencia para eludir su responsabilidad y su obligación con sus acreedores; y aquí es lo que está sucediendo, porque aún no se tiene conocimiento de que la empresa haya promovido un concurso mercantil para declararse en quiebra y suspensión de pagos”.

Dicha eventual denuncia penal deberá ser presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California, a petición de los empleados que están siendo representados, como lo expuso Daniel Pérez Escobar, secretario general del Sindicato de Trabajadores en General de Baja California, organismo titular del contrato colectivo.

Desde que la planta cerró sus puertas, sin haber pagado sueldos y aguinaldos, los trabajadores optaron por montar guardia a las afueras del inmueble que ocupaba y en el que algunos de los trabajadores tenían ya más de 20 años de antigüedad laboral, con el fin de evitar que directivos de la firma sacaran todo el equipo y los dejaran sin ninguna posibilidad de resarcir el daño económico que les causó.