* Tendrán que responder la alcaldesa y
el Cabildo completo por cancelar y asignar nueve permisos nuevos de taxis, ya
que por Ley los municipios ya no tienen esas funciones
Tijuana, 10 de enero de 2020.- Luego de que el
Cabildo del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito autorizara este jueves 9 de
enero una reasignación de 9 permisos de taxis, el dirigente del Sindicato de
Trabajadores del Volante “Fernando Amilpa” en Baja California, Baltazar Gómez
Ruiz advierte que se cometió una violación a la ley que trata de la
transferencia de esas facultades al Estado.
El dirigente transportista recordó que el
pasado 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la
reforma de Ley que crea el Instituto de Movilidad del Estado de Baja
California, y que, en su Transitorio Sexto dice a la letra:
“Publicado el presente decreto, los
Ayuntamientos no podrán, en ningún momento, y bajo ninguna circunstancia,
expedir, modificar o suspender permisos o concesiones, así como otorgar
autorizaciones provisionales que modifiquen en todo o en parte los permisos y
concesiones otorgados con antelación a la publicación del presente decreto”.
Por consiguiente, Baltazar Gómez enfatiza que
la Presidenta Municipal Araceli Brown Figueredo y el cuerpo edilicio que aprobó
lo que ellos llamaron una “cancelación y reasignación” de 9 permisos de taxis
sin itinerario fijo, cometieron una violación legal, ya que no pueden ni
cancelar, ni reasignar, ni aprobar permisos nuevos.
“Lo que hicieron, además, fue afectar a 18
compañeros: a 9 que les cancelaron, y a 9 que les dieron falsas esperanzas de
convertirse en permisionarios, siendo que el Ayuntamiento, no solo de Playas de
Rosarito, sino que ninguno de los otros municipios, no están autorizados ya
para hacer ese tipo de movimientos”, explicó el dirigente sindical estatal.
“Quizá puedan justificarlo, pero es el Gobierno
del Estado el que, en su momento, deberá evaluar si autoriza o desecha esos
movimientos; por lo pronto, esas decisiones del Cabildo fueron ilegales, y eso
demuestra que tuvimos mucha razón en pedir que el Gobierno del Estado asumiera
esas responsabilidades, para que no se siguieran haciendo ese tipo de
movimientos arbitrarios”, agregó.
Gómez Ruiz concluyó advirtiendo que la
alcaldesa y el Cabildo completo tendrán que responder por esa violación a la
ley, y hace un llamado a que corrijan o, que en su caso, el Gobierno del
Estado, o el Congreso del Estado, intervenga.
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