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Aún persisten procesos complicados, lentos y discrecionales, que impiden que
los beneficios se otorguen de manera rápida y efectiva, observa
Mexicali,
B.C., 26 de septiembre de 2019.- Toda vez que las víctimas de delitos y de
actos discriminatorios siguen en situación de vulnerabilidad, el diputado
Víctor Manuel Morán Hernández presentó ante el pleno del Congreso una
iniciativa de reforma y adición a la Fracción XIV del Artículo 6 de la Ley de
Víctimas del Estado, para hacer valer sus derechos.
De acuerdo con las
organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del
Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, aún persisten procesos
complicados, lentos y discrecionales que impiden que los beneficios se otorguen
de manera rápida y efectiva, refirió el legislador.
Morán observó que, a
pesar de que en el mes de octubre del año 2018 se publicó la Ley General de
Víctimas del Estado, pero no se encuentra operando, y analizando los ajustes
que se le han hecho en otras Entidades Federativas, es necesario adecuarla,
para lograr el óptimo funcionamiento de la misma.
El proyecto de reforma
indica que se hace evidente aún más la participación de la sociedad civil y el
sector privado, de tal manera que se agrega el principio de “participación
conjunta”, para que participen las Barras y Colegios de Abogados del Estado,
así como las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que tengan por
objeto la salvaguarda de los derechos humanos.
Por experiencias
vividas en otras entidades, al burocratizarse la figura del asesor jurídico, se
ha perdido la efectividad del litigio del asesor, y esta reforma y adición
pretende perfeccionar los procedimientos para lograr de manera efectiva la
aplicación eficiente de dicha Ley.
La propuesta de
reforma y adición a la Fracción XIV del Artículo 6 de la Ley de Víctimas del
Estado, es para quedar de la siguiente forma:
"Para superar la
vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda,
atención, asistencia y reparación con el apoyo y colaboración de la sociedad
civil y el sector privado, así como la intervención de las Barras y Colegios de
Abogados del Estado, y organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto
la salvaguarda de los derechos humanos, debidamente registrado ante la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
“La víctima tiene
derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar
su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las
medidas no impliquen un detrimento a sus derechos".
Conforme a lo expuesto
en un conversatorio reciente sobre el tema, "se acreditó que sólo 13
entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley General
de Víctimas".
Se ha detectado que,
en otros organigramas de otras entidades federativas, se da una excesiva
burocracia, de tal suerte que, impiden el desarrollo efectivo de los beneficios
que otorga la ley para con las víctimas, pues el auxilio a las referidas no es
solo en lo económico, sino que también debe de ser en lo anímico, en su salud,
en lo social, y en lo educativo, concluyó.
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