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Exigen que la juez quinto de lo civil suspendida, María del Rosario Ibarra
Plascencia, sea sometida a proceso penal
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Señala el licenciado Álvaro Zárate corrupción de jueces, actuarios, notarios,
policías, y hasta del Registro Público de la Propiedad
Libertad, Tijuana, B.C., Junio 04 del 2019.-Al exponer sobre la crisis de vivienda en Baja
California, el presidente del Movimiento Social de Defensa del Patrimonio A.C.,
el licenciado Álvaro Zárate Vélez definió como una de las soluciones una
reforma de fondo a la Ley del Infonavit, y una “limpia” total a sus redes de
corrupción.
Esto lo propuso debido
a que, después de una exhaustiva investigación, y la detección de despojo
ilegal de 20 mil viviendas en Baja California, el pasado 25 de marzo fue
suspendida la juez quinto de lo civil, María del Rosario Ibarra Plascencia,
contra quien piden sea sometida a proceso penal.
“De nada sirve que la
suspendan o remuevan, si a los seis meses regresa y continúe con sus prácticas
de corrupción, y su justificación fue que “la chamaquearon” (con su
participación en el despojo de 5 mil 204 casas); nadie se lo va a creer con sus
20 años de trayectoria en el Poder Judicial, pero nos quiere tratar como si
fuéramos retrasados mentales”, abundó en sus observaciones.
En ese sentido, señaló
también que, en la adjudicación irregular de 20 mil viviendas en el estado,
“están involucrados jueces, actuarios, policías, y hasta el Registro Público de
la Propiedad”. “Falta juntar información para fincar responsabilidades, pues
quien acusa tiene que probar, pero el Registro Público sí está putrefacto”,
puntualizó.
Durante su exposición
ante integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC), el
licenciado Zárate informó que, hasta donde tienen conocimiento, hay, por lo
menos, 100 mil viviendas abandonadas en Baja California, y las que no están
siendo adjudicadas, son nido de delincuentes, funcionan como “picaderos” de
drogas, o están tan deterioradas, casi destruidas, que son focos de infección.
Una de las causas,
expuso, es que los nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales
construidos en las últimas dos o tres décadas están diseñadas inadecuadamente,
mal hechas, muy pequeñas, y el Municipio no brinda los servicios, aunque sí
cobra el predial, además de que quedan lejos de los centros laborales.
Todo eso son factores,
aunque no únicos, del abandono de las casas, muchas de ellas mediante créditos
Infonavit, otros, mediante ventas ilegales de “coyotes”, hasta algunos
dirigentes sindicales que sacan provecho del “río revuelto”, y, como ya se
dijo, la práctica deshonesta del Infonavit, de adjudicar casas de manera
irregular, violando la Constitución, y sobrevaluando las viviendas.
“Infonavit no solamente
dejó de construir casas, y se convirtió en la inmobiliaria más grande de
Latinoamérica; además altera valores en los contratos, llegando a descontar
hasta el 50% de los salarios de los derechohabientes, pese a que su Artículo 25
le prohíbe descontar a los trabajadores más del 25% de sus sueldos, y, por eso
es que muchos dejan de pagar, y hasta abandonan sus casas, para rentarlas o
traspasarlas, o simplemente dejarlas ahí”.
En el mejor de los
casos, explicó, venden viviendas en 250 mil pesos (obviamente sobrevaluadas),
con contratos a 30 años, “lo que significa que, si siempre pagan al corriente,
al final habrán pagado más de un millón de pesos; y si sobrevives, nunca
recuperarán lo que pagaron”.
Aparte, observó, las
viviendas las han ido haciendo más chicas, de 45 a 33 metros cuadrados de
construcción, que obviamente no cumple con el principio Constitucional de
“vivienda digna”, para por lo menos una pareja con dos hijos.
Álvaro Zárate habló de
las irregularidades discutidas con Alejandro Murat, antes director general de
Infonavit, y ahora gobernador de Oaxaca, y con David Penchyna Grub, el director
de Infonavit en el régimen de Enrique Peña Nieto, del que se descubrió que
ganaba 700 mil pesos mensuales de sueldo, insultante y burlón para una
institución que se supone sirve a los trabajadores asalariados del país.
Mientras tanto,
concluyó, siguen avanzando en procesos ante la Comisión de Vivienda del
Congreso de la Unión, y han logrado que se detengan los juicios arbitrarios de
despojo de 20 mil viviendas, y continúan peleando por proteger más bienes
patrimoniales de esos.
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