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Que las familias no queden a la deriva y los derechos laborales no sean
arrebatados, el objetivo
“Ya basta con el huachicoleo
en derecho laboral”, exclamó. Aseguró que la comisión seguirá trabajando por el
respeto a las prestaciones de los trabajadores con una visión que incluya a
todos, para que las familias no queden a la deriva y los derechos laborales no
sean arrebatados.
Durante el acto, jubilados y
pensionados de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS) presentaron a
diputados propuestas para reformar las leyes del Infonavit, Sistema de Ahorro
para el Retiro y del IMSS, a fin de devolver las subcuentas de vivienda y se
les entregue el monto total de sus cuentas individuales de las Administradoras
de Fondos para el Retiro (Afores) relativas a cesantía y vejez.
Este pago se suspendió desde
2015 con el argumento de que esos recursos son remitidos al gobierno federal,
debido a la existencia de dos jurisprudencias que así lo establecen.
Baldenebro Arredondo aseguró
que los trabajadores pagaron las cuotas que les correspondían por su
jubilación, ahora tienen derecho a que les regrese lo que les pertenece. La
cuenta de la Afore es personal y criticó los motivos para no darles el total de
su ahorro, porque es suyo.
La administración del fondo de
jubilaciones la han tenido el IMSS y el gobierno, y es responsabilidad de esas
instituciones dar respuesta a los trabajadores, porque había compromisos
firmados que se tienen que cumplir. El Infonavit tiene recursos para la devolución,
porque todo lo que fía lo cobra hasta cuatro veces más, dijo.
Propuso que se evalúe la
problemática para regresar a los trabajadores lo que les pertenece, sin llegar
a juicios, pues en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 60 por ciento
de los asuntos los presentan empleados del sector público, porque las
dependencias gubernamentales no cumplieron los compromisos firmados.
Indicó que la reforma laboral
se aprobó para evitar regresiones en los derechos laborales y de seguridad
social. Los acuerdos en los contratos colectivos deberán ser avalados con el
voto directo de los trabajadores y no por una cúpula sindical.
La presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), dijo que se tiene
que continuar el diálogo con el gobierno federal para evaluar las peticiones de
devolución de los fondos de vivienda, cesantía y vejez, porque es un tema
presupuestal que debe revisarse, a fin de avanzar y responder al compromiso y
pendientes que se tiene con los trabajadores.
“La situación en la que se
entregó a México es un escenario de alta complejidad; no solamente por la
seguridad social, sino también en resolver la violencia y desempleo”. Sin
embargo, se comprometió a trabajar de manera continua en estas propuestas.
Resaltó la importancia de la
seguridad social para afrontar los problemas inmediatos, pero también con una
visión amplia del país que queremos construir para garantizar esta prestación.
El diputado de Morena, José
Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación, quien convocó al foro, aseguró que se analizarán las propuestas
de jubilados y pensionados del Seguro Social, con el objetivo de diseñar
reformas jurídicas laborales que eviten el pago de abogados y acabar con la
especulación.
Expresó que se atenderá la
problemática de este sector en forma integral como un acto de justicia.
“Escucharlos va a traer frutos para todos los jubilados del país” y contribuirá
a la transformación nacional, en un proceso cercano con los trabajadores y
clases populares.
El ejercicio para que una ley
se apruebe, por mínima que sea la reforma, inicia escuchando, en el diálogo y
debatiéndola, proceso del que se desprenden ideas, documentos y propuestas para
convertirlas en mandato que preserve los derechos laborales.
De la misma bancada, el
diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, secretario de la Comisión de Seguridad
Social, afirmó que impulsa una iniciativa para modificar el artículo 109 de la
Ley del Seguro Social, a fin de no permitir que se entorpezca, condicione,
simule o limite la administración de recursos por parte del gobierno, para
negar la devolución del dinero ajeno.
Esta situación genera
incertidumbre en los trabajadores a disponer de sus propios recursos en las
cuentas integradas de Afores y fondos de vivienda creando desconfianza y falta
de credibilidad en las instituciones, corrupción y burocracia. “No podemos
seguir tolerando estas injusticias que afectan al pueblo”.
La diputada Claudia Pérez
Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia, señaló que se debe
profundizar en el respeto en los derechos de los jubilados del IMSS, lo que
implica conocer sus inquietudes y demandas sobre lo que los han lastimado los
gobiernos anteriores por años.
Dijo que el tema medular es
anular la pretensión de que este sector no tiene derecho a la devolución de las
aportaciones referentes a cesantía y vejez, así como a la subcuenta de vivienda
que tienen que recuperar a través de costosos juicios, lo cual no es justo
porque para eso están las instituciones de gobierno, obligadas a llevar el
proceso y no cobrar un solo peso.
Su compañero de partido,
Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses manifestó que esta situación va en
contra de toda situación humana. Respaldó la necesidad de evaluar la iniciativa
para apoyar a los trabajadores sindicalizados y jubilados en un contexto de
voluntad política.
“Doy mi granito de arena para
apoyar en esta situación justificada que tienen todos ustedes en reclamar lo
suyo”, agregó.
De la misma bancada, Graciela
Sánchez Ortiz comentó: “A mí siempre me pareció injusto que las personas que
entraron a trabajar después del año 2007 ingresaron con otro régimen de
pensiones, solicitándoles que ellos mismos fueran haciendo su ahorro para el
retiro. Me sumo a la iniciativa para que hagamos fuerza en la Cámara y se les
regrese lo que son sus derechos”.
El diputado Miguel Ángel
Márquez González (Morena) dijo que “aquí en este recinto quedamos de vernos con
los de las Afores; no obstante, no se ha podido. La agenda está llena, no hemos
tenido contacto directo y reclamarles lo que ustedes están manifestando”.
Del mismo partido, el
legislador Jesús Salvador Minor Mora expresó su apoyo a las propuestas de los
jubilados y pensionados. El IMSS es una institución reconocida en el ámbito
mundial por su atención que desgraciadamente ha venido de más a menos, pero no
es posible que a los trabajadores se les pague de esta manera.
La diputada Susana Cano
González (Morena), secretaria de la Comisión de Seguridad Social, comentó que
hay gente que tiene una jubilación, pero las nuevas generaciones no tienen nada
y “quien lo ha permitido somos nosotros”. Debemos ir por esas prestaciones que
dejamos perder tanto para ustedes que todavía no se jubilan, como los que están
activos.
“En una ocasión comenté que
deberíamos quitarles a todas las empresas nuestra Afore; fuera todos y el que
quiera guardar nuestro dinero que nos dé regalías, por qué les tenemos que dar
y todavía permitirles que jineteen nuestro dinero”, enfatizó.
El legislador Alejandro Mojica
Toledo (Morena) aseguró que “el dinero que maneja el Seguro Social es producto,
no de ingresos del gobierno, sino de las aportaciones de los empresarios y
trabajadores, y ese capital es de ustedes; su demanda es más que justa, un
recurso que no es del gobierno y que lo retuvo indebidamente y se lo apropió se
los tiene que dar, cueste lo que cueste”, argumentó.
La diputada del PAN, Gloria
Romero León comentó que se debe conocer de fondo el problema que están viviendo
y que algunos legisladores se van a sumar al saber lo que está sucediendo con
esta causa. “También podré ir a buscar a compañeros de mi partido o de otra
bancada para que escuchen que ésta es una causa justa que tenemos que apoyar”.
Carlos Javier Lamarque Cano,
diputado de Morena, expuso que el Seguro Social es una institución fundamental
en la vida y salud de nuestro país, un modelo a nivel mundial y que se
encuentra en una situación complicada y difícil por la herencia de desastres
que han dejado los gobiernos anteriores. Sin embargo, agregó, el planteamiento
que hacen es justo y necesario.
Juan Ángel Castillo Lafarga,
presidente de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS), planteó a los
diputados la necesidad de modificar el marco legal, para que 35 mil jubilados y
pensionados recuperen la totalidad de sus ahorros manejados por las Afores.
Sostuvo que en tres años las
Afores iniciarán la entrega de las primeras pensiones que no llegarán al 30 por
ciento del último salario percibido.
Pidió establecer una mesa de
trabajo con diputados de diversas comisiones, con el objetivo de analizar las
propuestas para modificar las leyes del Infonavit y de las Afores.
Demandó “frenar el robo y no
hacerse cómplice, porque las cuentas de las Afores tienen nombre y apellidos de
35 mil jubilados y pensionados”. Además, de devolver las subcuentas de vivienda
del Infonavit.
Refirió que en julio de 1997
inició la privatización de la seguridad social en México, porque las
aportaciones de millones de trabajadores para los seguros de cesantía y vejez,
riesgos de trabajo, retiro y muerte son administradas por la iniciativa privada
a través de las Afores, las cuales obtuvieron ganancias por 30 mil millones de
pesos en 2017.
La UNCIMSS planteó a los
diputados dos proyectos de iniciativas, una, para que a los jubilados y
pensionados del IMSS que ingresaron a laborar antes de agosto de 2008, les
corresponda una medida compensatoria, a fin de que la AFORE les devuelvan los
fondos de su subcuenta de cesantía y edad avanzada y no se les arrebate.
Propone modificar los
artículos 13 transitorio de la Ley de IMSS y segundo transitorio del Sistema de
Ahorro para el Retiro, para que los pensionados se acojan al régimen de 1973, y
los recursos serán transferidos por parte de la Afore al gobierno federal,
porque es quien financia las pensiones y jubilaciones, además contribuyen los
trabajadores activos con sus cuotas.
Otra iniciativa reforma el
artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit, que prevé la devolución de
recursos a los pensionados en general, por omisión legislativa, al no incluirse
la palabra “jubilados” dicha devolución es complicada y engorrosa, y sólo los
abogados la pueden tramitar.
La modificación tiene el
propósito de que no haya distinciones entre los conceptos jubilado y
pensionado, para que reciban un trato igualitario.
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