Coadyuvaremos en todo para que Ensenada crezca, pero estaremos vigilantes a toda irregularidad del gobierno municipal: Eloísa Talavera Hernández

Libertad, Ensenada, B.C., Junio 23 del 2019.-La ex candidata a la alcaldía de Ensenada, Eloísa Talavera Hernández, señaló que en sus compromisos de campaña contemplaba una vigilancia estricta del actuar del gobierno municipal, en caso de no ser favorecida con el voto, en donde trabajará en conjunto con los regidores del PAN Brenda Valenzuela y Miguel Ángel Barretos.

“Antes de iniciar la transición, empezamos a detectar señales muy negativas en la administración de Armando Ayala Robles, en donde con el nombramiento como coordinador de la transición de su tío de sangre, Jesús (Bibi) Ayala, el alcalde electo no genera confianza desde el inicio de su gestión” refirió.

La ex diputada federal agregó, que además es conocido que Ayala Robles pretende situar al frente de DIF Municipal a una de sus hermanas, lo que le sumaría a la cadena de nepotismo que no le abona al buen curso de una administración.

Talavera Hernández recordó que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, propuso sancionar a los servidores públicos por nepotismo, es decir, aquellos que, valiéndose de sus atribuciones, contraten a sus familiares cercanos en las arcas del gobierno.

Agregó que el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Irineo Molina Martínez, envío una iniciativa para reformar el artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer como una falta administrativa grave el nepotismo.

De ser aprobada, dijo, la Secretaría de la Función Pública podrá iniciar procesos de investigación y sancionar a los servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la Administración Pública Federal.

Las sanciones datan desde la suspensión o destitución del cargo, inhabilitaciones máximas de 10 años en cualquier cargo público, hasta sanciones económicas y resarcimiento del daño. Además, serían juzgados penalmente por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Esto debería de legislarse en Baja California, para evitar que la corrupción a través del influyentísimo continúe abatiendo el crecimiento y desarrollo del Estado, por la irresponsabilidad y falta de compromiso de funcionarios públicos de doble moral, puntualizó.