* Solicitó incorporar
conclusiones en políticas públicas
* La Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordó ampliar el plazo
de recepción de opiniones, hasta el próximo 14 de junio, a las 20 horas
Libertad, Ciudad de México, Junio
12 del 2019.-La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
presidida por Alfonso Ramírez Cuéllar, aprobó la opinión del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2019-2024. Solicitó incorporar en las políticas públicas y
programas de gobierno las conclusiones, además de las proyecciones
presupuestarias y de gasto necesarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo.
Ramírez Cuéllar leyó el
comunicado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, quien acordó ampliar el plazo de recepción de las opiniones de
las comisiones ordinarias, relativas al proceso de discusión y en su caso
aprobación del PND, hasta el próximo 14 de junio, a las 20 horas.
El documento firmado por el
presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, fue enviado a la
instancia legislativa para hacerlo de su conocimiento.
Ramírez Cuéllar destacó que la
comisión establece en la opinión, que el PND cumple con los fines contenidos en
la Constitución Política.
Aseguró que todas las
observaciones presentadas por los diputados serán incorporadas. Refirió que se
realizaron foros y consultas de análisis regionales y nacionales, donde se
recogieron puntos de vista y preocupaciones de los alcaldes, gobernadores,
organismos empresariales, expertos de los centros de investigación más
prestigiados del país, como la UNAM, de la Auditoría Superior de la Federación
y asociaciones civiles.
“Son considerandos que
enriquecen el PND; se definen políticas públicas muy claras y se solicita al
Ejecutivo que estas consideraciones, que son propuestas de política pública, se
incorporen al ejercicio de gobierno y que también, como dice la Ley de Planeación,
el artículo 21, pudiera hacer una proyección de los gastos”.
Se establece un diagnóstico
preciso de las finanzas del país y los obstáculos para el desarrollo, señaló.
En las conclusiones de la
opinión, la instancia legislativa plantea consideraciones en economía,
inversión, gasto público, competitividad, banca de desarrollo y energía.
Además, presenta un apartado
de Política y Gobierno, donde aborda la transparencia y combate a la
corrupción, y de Bienestar.
El crecimiento económico es
fundamental para el desarrollo del país y sus ejes principales son el
fortalecimiento de la hacienda pública y recaudación, incremento de las
inversiones público-privadas, competencia económica y política industrial,
agrícola, de servicios y tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida, señala la opinión.
Propone “incrementar la
productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para
contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo
igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio”.
Respecto de la inversión en
infraestructura, indica que el gasto público es el principal motor de la
economía. No sólo es fuente de empleo, sino que permite fortalecer las
capacidades del Estado a largo plazo en salud, comunicaciones, transportes,
educación, energía y seguridad pública.
Dicha inversión es
indispensable para garantizar el avance económico. El gobierno federal deberá
diversificar su obra pública inyectando recursos en el ámbito nacional y no
sólo a los macro proyectos, con el propósito de obtener un desarrollo económico
regional equilibrado, indica.
Sobre el gasto público, la
opinión considera que la asignación y ejercicio de los recursos públicos en el
presupuesto tiene impacto directo en la población, por lo que se requieren
mecanismos de transparencia que permitan darle un seguimiento puntual.
Señala que existe una
restricción presupuestaria donde el Estado no tiene completa libertad de
decidir el destino del gasto público, pues está limitado por pensiones,
aportaciones y participaciones, así como deuda pública, que absorben el 56 por
ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; es decir, el gobierno
tiene incidencia directa sobre el 43 por ciento del presupuesto, que representa
casi 2.5 billones de pesos.
Considera a la competencia
económica fundamental para el crecimiento y su correcta regulación contribuye
al bienestar social. Además de alentar la innovación en salud y uso de nuevas
tecnologías.
Es una estrategia que ayuda a reducir
la desigualdad social. En México se paga hasta 98 por ciento más de lo que
deberíamos y son los ciudadanos de menores ingresos quienes llegan a pagar
hasta 4.4 veces más que quienes tienen más recursos, como proporción de sus
ingresos. Esto demuestra que la falta de competencia es parecida a un impuesto
regresivo para la población.
Para
la banca de desarrollo, indica que requiere fortalecer su política de
transparencia y rendición de cuentas mediante indicadores adecuados para cada
servicio financiero.
El
diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) aseguró que el desplome salarial más
grande de la historia económica en México fue en los últimos años neoliberales,
“algo catastrófico, una fábrica de pobres y trabajo precario”, por lo que, consideró,
el PND busca revertir esta situación con metas, “algunas muy modestas” e
instrumentos de evaluación.
El legislador Reginaldo
Sandoval Flores (PT) consideró que con el PND se instala un nuevo paradigma,
fincado en el interés colectivo de la nación, con un proyecto claro de
disminución de las desigualdades exacerbadas, además permitirá mejorar la
seguridad pública con acciones inmediatas, como la Guardia Nacional para restar
las bases sociales del crimen organizado. Asimismo, acelera el crecimiento y con
ello el aumento de los recursos fiscales disponibles para recuperar la
inversión pública.
El diputado Daniel Gutiérrez
Gutiérrez (Morena) indicó que este plan rector cumple con lo que se requiere,
pues marca la ruta y el mecanismo de cómo se quiere que el país cambie en los
siguientes años. “Trae una propuesta muy importante para los desarrollos
regionales, de inversión al campo, pero sobre todo de una economía y
recaudación trascendente, además del combate a la corrupción y de darle a
quienes menos tienen”.
Del PES, la diputada María del
Carmen Cabrera Lagunas señaló que se requiere fortalecer la inversión
público-privada, además de crear infraestructura. “Debemos ser capaces de
redireccionar políticas públicas y estrategias que nos ayuden al fortalecimiento,
pero sobre todo a robustecer al mercado interno, pues de lo contrario no
abatiremos las desigualdades. No habrá pacificación y de nada servirá la
Guardia Nacional en las calles si no empezamos a generar mejores condiciones de
bienestar a la gente más humilde”.
El diputado priista, Ismael
Alfredo Hernández Deras aseguró que el PND es un texto político de un partido y
no un documento que permita tener un diagnóstico claro que identifique los
elementos que impulsan la riqueza, seguridad, empleos. Lamentó que el tema del
campo tan sólo se cite en un párrafo, esto a pesar que de cada cien habitantes
del país 20 vivan en regiones rurales.
La diputada Abelina López
Rodríguez (Morena) expuso que el PND tiene un replanteamiento para que lo
privado deje de resolver las necesidades de los ciudadanos y que el Estado
asuma su papel e impulse al campo, quitar privilegios para darle a los más
vulnerables, combata la corrupción y se promueva la austeridad. “No es posible
que la riqueza del país esté concentrada en el uno por ciento de la población”.
El diputado Benjamín Robles
Montoya (PT) se pronunció a favor del PND, pues plantea terminar con las
desigualdades y aseguró que el documento sí cuenta con los indicadores
necesarios para arreglar lo que dejaron las administraciones anteriores,
“quienes no hicieron su chamba y nosotros si la queremos hacer, de ahí la
importancia de la aprobación de este plan”.
De Morena, el diputado Marco
Antonio Andrade Zavala expresó que el plan de desarrollo se irá modificando
conforme se requiera. El documento contempla inversión en educación, salud,
campo, ganadería, infraestructura y promueve el crecimiento arriba del cuatro
por ciento. “Define un gobierno transparente en el gasto público y dará mayor
presupuesto a programas sociales y menos al gasto corriente”.
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