*Con
esas acciones, el gobierno pretende combatir el delito de evasión fiscal
Libertad,
Tijuana, B. C., Mayo 16 del 2019.-Con las recientes reformas
al Código Fiscal de la Federación (CFF) hechas por la Cámara de Diputados de
nuestro país, se imponen sanciones de tres a seis años de prisión a quien
expida comprantes fiscales que amparen operaciones falsas.
Así lo expresó el abogado
fiscalista, Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, que hizo referencia a la
aprobación del dictamen que modifica la fracción tercera del Artículo 113 del
CFF, además de adicionar el Artículo 113 Bis, para recrudecer las penas para
quienes cometan ese delito.
La modificación legal fue
aprobada, e incluye sanciones para quien expida, adquiera o enajene
comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas, o actos
jurídicos simulados, mientras que la sanción mínima fue aprobada por unanimidad.
El defensor del
contribuyente hizo referencia a la minuta de la diputada Patricia Terrazas
Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara,
quien mencionó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas
que emiten comprobantes fiscales falsos.
“La minuta pretende
desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular
operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y
control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o
adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen
facturas de operaciones inexistentes”, dijo.
La legisladora agregó que
con la reducción de la evasión de impuestos se fortalecen los ingresos públicos
y por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal del gobierno, y su
capacidad de invertir en beneficio de la población del país.
Finalmente, el fiscalista
explicó que los diputados mencionaron que entre 2010 y 2018, se identificaron
más de ocho mil empresas que cometieron evasión fiscal, relativa al uso de
facturas falsas que simulan operaciones financieras, siendo el promedio anual
de ese crimen hasta de 750 millones de pesos, y puntualizó que esos datos
fueron emitidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
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