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Plantean diputados y especialistas que este ordenamiento incluya perspectiva de
género y protección a derechos humanos
Libertad,
Ciudad de México, Mayo 21 del 2019.-Por analizar los códigos
penales estatales y establecer un Código Penal Único que ponga orden al caos
jurídico que prevalece, se pronunció la diputada Lorena Villavicencio Ayala
(Morena), integrante de la subcomisión de Feminicidio y Violencia, de la
Comisión de Justicia.
En el marco del evento
“Diálogos y perspectivas hacia un Código Penal Único. Una visión de género y
derechos humanos”, la legisladora urgió a dar coherencia jurídica al tema penal
en el país.
“No se puede seguir con
distintos tipos penales dependiendo de cada entidad federativa con sanciones
distintas”, dentro del Sistema Penal Acusatorio. “Es una oportunidad para que
este código deje de ser instrumento de preservación de la cultura patriarcal y
misógino y acabar con el populismo.
Queremos un código penal
despojado de valoraciones religiosas, que preserve los derechos humanos, limite
la capacidad punitiva del Estado, atienda las nuevas realidades y garantice la
perspectiva de género”, destacó.
Aseguró que México necesita
garantizar certeza jurídica a mujeres y hombres en materia penal. Propuso la
creación de un grupo especial en la Comisión de Justicia para crear el Código
Penal Único, a fin de conjuntar las propuestas existentes.
“Es importante que la ley sea
la misma en todo el país para llevar certeza jurídica”, debido a que el poder
punitivo del Estado se concentra en este ordenamiento, de ahí la importancia de
construir un Código Penal Único, en coordinación entre la Cámara de Diputados,
el Senado de la República y los congresos locales, destacó.
Reconoció que no es un asunto
sencillo al prevalecer resistencias naturales bajo la bandera del federalismo.
Consideró que el tema que ha impedido diseñar ese marco legal es la
interrupción del embarazo, que en su momento deberá analizarse, porque muchas
mujeres están a favor de despenalizarlo.
Sostuvo que se tiene una nueva
oportunidad para debatir e identificar las opciones de integrarlo a la Ley
General de Salud, y en esa medida avanzar en la posibilidad de establecer un
Código Penal Único, que se discuta con la ciudadanía y deliberar de forma
colectiva para enriquecer la propuesta y perfeccionarla.
La presidenta de la Comisión
de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, destacó la importancia
de consolidar un Código Penal Único para homologar el marco jurídico a nivel
nacional, a fin de establecer la tipificación de delitos, como el feminicidio.
Resaltó la necesidad de un
enfoque de protección a los derechos humanos para fortalecer el estado
democrático y de derecho dentro del sistema de impartición de justicia,
mediante la armonización de los códigos penales estatales en un marco de
respeto al federalismo.
Comentó la importancia de
fijar una ruta de trabajo hacia la construcción de una legislación penal única.
Sabemos que existen diferencias y distintos criterios que han impedido que el
esfuerzo se unifique; hay ideas diversas y opiniones que obedecen a un carácter
regional o cuestiones que se vinculan con cada fuerza política.
Sin embargo, apuntó que la
pluralidad del Congreso es el aliciente para construir un marco legal, pese a
las diferencias, y encontrar la ruta para configurar una legislación en donde
se encuentren representadas todas las opiniones, a través de un diálogo al
interior y exterior de la Cámara de Diputados; con foros en las entidades para
entender la realidad de cada región, evaluar particularidades y sumarlas al
diseño del código único.
Apuntó que debe apostársele a
la protección de los derechos humanos, que haga posible tener mejores
instrumentos para otorgar justicia con criterios uniformes sobre los bienes
jurídicos tutelares, proporcionalidad de la pena, tipificación de delitos y se
incorporen diversos tipos penales. Un Código Penal Único puede ayudar a lograr
estos objetivos, afirmó.
La diputada del PRD, Guadalupe
Almaguer Pardo, secretaria de la Comisión de Igualdad, afirmó que el reto de la
Legislatura de la Paridad de Género es construir un Código Penal Único que
sirva a todos, en particular a las mujeres, para desarticular la violencia en
todos los espacios de su vida. Es una responsabilidad del Estado mexicano que
debe garantizarse.
Propuso dejar lo que sí
funcionará en los códigos penales estatales y privilegiar la función del
Ministerio Público, quien como integrador de las carpetas de investigación
requiere un marco legal adecuado que coadyuve a agilizar su trabajo y evitar la
confusión.
Asimismo, dijo que los
legisladores deben conocer las propuestas de estos impartidores de justicia,
porque “en los estados los proveen de un amasijo de código penal con muchas
ocurrencias que obstaculizan el buen desempeño de las investigaciones y tienen
que lidiar con esas cuestiones”.
La legisladora de Morena,
Claudia Pérez Rodríguez, secretaria de la Comisión de Justicia, expresó su
acuerdo para crear un Código Penal Único que propicie certidumbre jurídica
igual en todos los estados, atendiendo sus necesidades particulares de
protección, además de establecer criterios unificados para tipificar los
delitos y las penas.
Aparte de crear un instrumento
jurídico de esta índole, se tienen que diseñar políticas públicas y tipo
penales que sancionen y juzguen con severidad y no sean letra muerta.
Sobre la actividad del
Ministerio Público, comentó que se les critica porque su investigación no está
bien hecha; sin embargo, muchas veces se les obliga a trabajar dos turnos
completos y consecutivos, reciben sueldos bajos en las entidades y carecen de
capacitación.
Por Movimiento Ciudadano, la
diputada Martha Tagle Martínez, secretaria de la Comisión de Gobernación y
Población, sostuvo que “necesitamos un Código Penal Único que identifique cómo
el Estado regula y define los delitos que deben ser perseguidos con una clara
concepción y respeto de los derechos humanos”.
Es necesario trabajar por este
objetivo y no se quede en una aspiración. Hizo votos porque ahora sí avance
este proyecto de cara al nuevo enfoque de derechos humanos, se discutan los
diferentes tipos penales de delitos y se cumplan, como en el caso del
feminicidio, para evitar las dificultades y resistencias al buscar comprobar el
tipo penal.
Consideró que el primer
problema del país en materia de justicia, radica en la impunidad ligada a la
corrupción, vinculado al incumplimiento del estado de Derecho y a la
sobrerregulación de las leyes, que exige el cumplimiento de excesivos
requisitos que incentivan prácticas ilícitas.
Esto genera que ministerios
públicos y jueces no se den tiempo ni tengan las suficientes capacidades para
analizar todos los asuntos, provocando la saturación del sistema judicial, que
está en mayor riesgo con las recientes reformas constitucionales vinculadas a
aumentar los delitos que requieren prisión preventiva.
Ricardo Franco Guzmán, doctor
en Derecho y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, urgió a
construir un marco jurídico penal único en México que erradique el caos
existente en la tipificación de los delitos, cuya disparidad en los diferentes
estados provoca confusión, discrecionalidad y que la impartición de justicia
sea desigual.
El también ex subprocurador de
la Procuraduría General de la República, aseguró que tras 70 años de actividad
profesional ha luchado por implantar un Código Penal Único. Actualmente sólo
Estados Unidos, Australia y México, como países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas, mantienen el esquema donde cada entidad federativa establece
su legislación penal.
Llamó a diputados y senadores
a diseñar y aprobar lo más pronto posible esta normativa que unifique la
materia penal en el país, para homologar la tipificación de delitos y penas
aplicables.
La directora del Instituto de
Formación de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, enfatizó la
necesidad de construir un Código Penal Único que reconozca todos los derechos
humanos y el derecho de las mujeres a la libertad, la vida y seguridad.
Señaló que la normativa
mexicana aún trata a la mujer como objeto, lo que es indignante y aterrador.
Añadió que la ausencia de protección y reconocimiento de las mujeres a una vida
libre de violencia y sus derechos humanos ha provocado que en México su
ciudadanía sea diferente en función del lugar donde se ubique. “En unos estados
se protege y en otros se abandona”, advirtió.
Consideró que hay delitos que
deben trasladarse al ámbito administrativo, porque se ha sancionado la
interrupción del embarazo como homicidio en razón de parentesco, con 20 años de
cárcel, “lo cual es inhumano. Las mujeres en conflicto con la ley viven el
abandono cuando las acusan de un delito, pues los juzgadores ni siquiera
conocen las normas que deben regir su criterio para aplicar la pena”.
Destacó que hay un gran
problema respecto de la ausencia de armonización legislativa y la urgencia de
contar con un Código Penal Único, que, además, es recomendación del comité de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), a propósito del último informe de México el año pasado.
El director general del Centro
de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Moisés Moreno Hernández,
afirmó que es necesario contar con un código penal que se ajuste a los
lineamientos constitucionales e internacionales, para tener una orientación
político-criminal uniforme y coherente en todo el país.
Resaltó que el ordenamiento
debe responder a exigencias de la realidad nacional, del estado democrático de
derecho y garantizar el respeto a los derechos humanos, mediante límites
precisos a potestades gubernamentales, así como considerar la diversidad
sociocultural del país.
A su vez, el investigador del
Instituto Nacional de Ciencias Penales, Alberto Nava Garcés, indicó que el
Código Penal Único no resolverá los problemas de inseguridad o violencia, pero
sí contribuirá a eliminar nichos de impunidad con criterios uniformes que den
certidumbre y permitan atender los problemas urgentes.
Indicó que habrá temas que
representarán un conflicto entre lo que sí y lo que no se quiere, “pero ya
serán cuestiones que deben trabajar los legisladores para contar con una
legislación única que contribuya a resolver los grandes problemas del país”.
Propuso que en caso de haber
temas que detendrían la unificación de la legislación penal, independientemente
de que se esté o no de acuerdo en su posición dentro del código penal, se
eliminen y se pasen a las leyes estatales, para no postergar los temas que
podrían salir al respecto. “Es buena salida, pero antes de ceder banderas debe
haber una discusión para sabes qué queremos”.
Elías Huerta Psihas,
presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pidió que se tome
en serio la responsabilidad de hacer el Código Penal Único que conjunte el
fortalecimiento moderno del derecho en el mundo, incorporando tendencias y las
mejores prácticas internacionales.
Añadió que es indispensable
para cualquier cuerpo normativo, la visión de género, de derechos humanos, e
incorporar con un enfoque moderno los delitos de feminicidio, infanticidio,
entre otros, “y no darnos el lujo de tener 33 códigos penales, que pase otra
legislatura, otro sexenio, otros 20 años sin abordar el tema”.
Afirmó que este tema refuerza
el federalismo moderno, como sucedió con el Código Nacional de Procedimientos
Penales, y además dará una dosis importante de combate a la impunidad,
violencia, inseguridad y corrupción. Propuso eliminar delitos como el aborto,
la voluntad anticipada, y cualquier otro que detengan este esfuerzo nacional.
Ana Katiria Suárez Castro,
abogada penalista, afirmó que los tipos penales deben abordarse con perspectiva
de género, y que el Código Penal Único dé trato equitativo entre mujeres y
hombres. “En la medida en que establezcamos la equidad podremos respetar el
derecho humano de cada una”.
De la Red de Abogadas
Feministas, Claudia Isabel Barrón Martínez, aseveró que en caso de que no se
logre el Código Penal Único es necesario establecer reglas en el Código Penal
Federal y en la Constitución que obliguen a la armonización de todos los
códigos estatales y establecer límites en los tipos penales, en el marco de
protección de convenios internacionales de derechos humanos.
Raúl Sapien Santos, Presidente
del Consejo Nacional de Seguridad Privada, se pronunció a favor de crear un
solo ordenamiento penal para todo el país, pues actualmente se tienen 32
códigos locales y uno federal, hay castigos diferentes a los mismos delitos y
diversas formas de interpretación.
Hizo un llamado a la LXIV
Legislatura para acabar con la falta de voluntad y superar la barrera del
cambio, que impide proteger a las mujeres, a través de este Código Penal Único.
Blanca Ivonne Olvera Lezama,
autora del libro “Del acoso #Me Too al Feminicidio #NiUNaMás”, planteó la
necesidad de atender los casos de acoso que sufren las mujeres y que no se
consideran con seriedad, cuando es agravante de delitos como la violación y
feminicidio.
Sobre todo, porque de los 33
millones de delitos, registrados en 2017, sólo 244 mil se refirieron a
violaciones y se procesaron 6 mil. Celebró la creación de este código único
para abatir el acoso y prevenirlo, además de aumentar las penas que inhiban la
violencia de género.
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