Libertad,
Tijuana, B. C., Mayo 30 del 2019.-Una red de extorsionadores
está operando en Baja California, utilizando redes sociales como Facebook para
difundir campañas negras y noticias falsas, exigiendo grandes cantidades de
dinero, teniendo como blanco a empresarios, por ello los presidentes de las
Cámaras de Comercio Servicios y Turismo del estado de Baja California hacen un
frente común para advertir a los hombres de negocios a no dejarse engañar por
estas llamadas fake news (noticias falsas).
El modus operandi de esta
red integrada por pseudoperiodistas es que a través de páginas de Facebook
publican noticias e información falsa en la que se difama a los empresarios con
campañas negras para luego llamar a sus víctimas y exigir grandes cantidades de
dinero con la promesa de dejar de publicarlas.
Los presidentes de Canaco
Tijuana, Jorge Macías Jiménez, de Canaco Ensenada, Jorge Menchaca Sinencio, de
Canaco Mexicali, Juan Ramón López Naranjo, y de Tecate Luis Enrique Vera
Martínez, hicieron un llamado al sector empresarial a no dejarse intimidar por
esta red de extorsionadores, y a seguir denunciando las acciones de estos
sujetos que incluso han querido también difamar a reconocidas periodistas de
Baja California con publicaciones en las redes sociales.
De acuerdo a informes de las
autoridades judiciales de Baja California parte de esta red está integrada por
Santiago N quien fuera detenido el 15 de diciembre de 2018 en plena flagrancia
justo en el momento en que un empresario le entregaba un sobre de dinero para
que dejara de difamarlo en redes sociales, sin embargo, una juez dejó que
llevará su proceso en libertad.
Así como un ex funcionario
estatal de nombre Ricardo N quien está vinculado al área de Aduanas y ha
filtrado información de los empresarios de este sector.
El pasado 9 de mayo fue
detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California otro pseudoperiodista, Mariano N, a raíz de una orden de
aprensión girada por un juez, quien es parte de esta banda de extorsionadores.
Sin embargo, esta red de
extorsionadores sigue operando, utilizando páginas de Facebook donde difunden
sus “fake news” e incluso han intensificado sus campañas negras en esta red
social, ahora en contra de empresarios del sector comercio exterior y aduanas
para intimidarlos.
El grado de campaña negra
que se aplica a las víctimas a llegado al punto de inventar falsas
manifestaciones ante autoridades federales en la Ciudad de México, solo para
generar la foto, es el caso que recientemente unas personas se manifestaron a
las afueras del SAT en la Ciudad de México con mantas para difamar a
empresarios, y subieron fotografías de la supuesta manifestación a dichas
páginas de internet como una más de sus campañas negras, hecho que amenazaron
que continuarán llevándolas a cabo de no recibir un pago a cambio, por lo que
las autoridades ya están investigando la identidad de las personas que se
apostaron a las afueras de la dependencia federal.
Los presidentes de cámaras
de comercio de Baja California expresaron que dicha delincuencia ya alcanzó a
sus integrantes, es el caso del Síndico de Concanaco Servytur, Octavio de la
Torre, quien ha sido víctima de un intento de extorsión de este tipo,
explicaron que por ello es necesario una regulación para evitar que se siga
utilizando herramientas digitales y redes sociales como Facebook para delinquir
impunemente cómo se está haciendo.
“Las fake news se están
convirtiendo en una grave tendencia en internet, pues al hacerse virales causan
graves daños, pero sin que exista ninguna sanción para quien emite este tipo de
información falsa, no es posible que se difame y se incite al odio en Facebook,
y las víctimas de esto no puedan hacer nada”, comentaron.
Como referencia de solución
manifestaron que recientemente el Gobierno de Singapur aprobó una ley que
penaliza la publicación de noticias falsas, la cual permitirá a las autoridades
bloquear y ordenar la eliminación de contenidos considerados apócrifos.
Gracias a esta ley, quienes
incumplan la normativa podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 10 años y
cuantiosas sanciones económicas.
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