Libertad,
Tijuana, B. C., Mayo 10 del 2019.-Los conflictos de interés son
el precursor y el común denominador de los actos de corrupción en México,
donde no hay interés del ciudadano ni de los organismos encargados
para prevenirlos, señaló el examinador de fraudes certificado, Oscar Cota
Magallanes.
El también miembro de la Comisión
de la Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, expuso lo anterior en el desayuno semanal del Colegio
de Contadores Públicos de Mexicali (CCPM) que preside María Elena Douglas del
Toro.
En dicha sesión habló acerca
de los conflictos de intereses y corrupción que se dan en todas las instancias
públicas y privadas donde la intervención gubernamental para tratar la
problemática ha sido poca.
Sin embrago, reconoció que ha
habido numerosos esfuerzos al respecto empezando por el Sistema Estatal
Anticorrupción, en donde mientras no cuenten con mecanismos debidamente armados
para llevar a cabo esta acción de combate a la corrupción no van a funcionar
nunca.
Indicó que la falta de una
coordinación adecuada en el Sistema Estatal Anticorrupción, para que se acaben
estas prácticas que generan un conflicto de interés en las instancias privadas
como gubernamentales, es un aliciente para que los delincuentes comunes o de
cuello blanco sigan cometiendo delitos.
Por ejemplo, Cota Magallanes
dijo que en Baja California apenas si se habla del fiscal anticorrupción
considerando que la legislación anticorrupción ya tiene años y como no se
termina de integrar nunca vamos a empezar siquiera a tratar este tema”.
“No hay una apreciación
adecuada por parte del ciudadano en general, ni de los organismos en cuanto a
los conflictos de interés para prevenirlos o tratarlos”, precisó.
Incluso denunció que en el
poder judicial hay una problemática de nepotismo, ya que existe una
preferencia por la contratación de amigos cercanos o familiares, donde el
amiguismo y el nepotismo deberían ser tratados por organismos públicos que no
lo hacen.
Oscar Cota mencionó que
también se debe orientar y alertar a los contadores sobre esta mala
práctica y concientizarlos al respecto, ya que tienen un código de ética muy
amplio y requieren estar al tanto.
Afirmó que cuando participó en
el diseño del actual Sistema Estatal Anticorrupción, pudo constatar que en Baja
California hay una muy deficiente coordinación institucional para que los
órganos investigadores de corrupción y de conflictos de interés funcionen o
trabajen de acuerdo a las mejores prácticas, pero para lograrlo debe haber
mejores mecanismos que de verdad funcionen.
“Es decir que primero las
fiscalías sean autónomas y que la información con la que cuenta tanto el
sistema bancario como el sistema financiero y la unidad de inteligencia financiera
estén a disposición de los órganos investigadores de corrupción”,
concluyó.
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