*Presentan
legisladores federales la exigencia en un punto de acuerdo
Libertad,
Ciudad de México, Abril 19 del 2019.-Javier Castañeda Pomposo,
secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados
informó que se presentó al pleno un dictamen con punto de acuerdo en el que se
exhorta a los gobiernos de los estados a que establezcan en su respectiva
estructura de administración pública un área de atención a migrantes para
brindarles un mejor apoyo.
El diputado federal del PES
señaló que la migración es un fenómeno que se ha incrementado en forma notable
en el país cuya principal causa es la búsqueda de mejores condiciones de vida
de los migrantes y sus familias en el ámbito económico, educativo, laboral,
cultural y de seguridad.
Indicó que los connacionales
en Estados Unidos contribuyen en gran medida al desarrollo de la economía
estadunidense, pero también ha beneficiado a las entidades federativas de
México de donde son originarios por medio del envío de remesas.
No obstante, apuntó que el
apoyo brindado por medio de programas federales como Paisano o Somos México, ha
sido insuficiente en cuanta infraestructura, asistencia legal, promoción de
espacios de cultura y recreación para atender a nuestros connacionales.
Por ello, los estados deben
establecer la infraestructura correspondiente para cumplir con tal propósito
dentro de su jurisdicción, correspondiendo de manera recíproca al envío de
remesas de las cuales son beneficiarias, anotó Castañeda Pomposo.
En las consideraciones del
punto de acuerdo se establece que Ley General de Población dispone en su
fracción segunda del artículo 80 bis, que el Gobierno Federal, en coordinación
con los gobiernos estatales y municipales deberán “crear programas para atender
los impactos de la emigración en las comunidades de origen, especialmente en lo
relacionado con la problemática de la desintegración familiar y con la atención
de personas en situación de vulnerabilidad”, precisó.
De igual forma los congresos locales de las entidades federativas tienen la facultad de aprobar cualquier modificación que se refiera a la creación o eliminación de las dependencias que componen a las administraciones públicas centralizadas de los estados, reformando así sus respectivas leyes orgánicas en la materia.
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