Libertad,
Ciudad de México; Abril 30 del 2019.-La Comisión del Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside
la diputada Beatriz Manrique Guevara, aprobó siete dictámenes y nueve puntos de
acuerdo. Destacan los referentes a la transformación de la basura en energía,
frenar la biopiratería, incrementar la protección de áreas ecológicas y evaluar
permisos otorgados para usufructuar bienes.
Los integrantes de la
instancia legislativa avalaron por unanimidad, con cambios, la minuta con
proyecto de decreto enviada por el Senado de la República para reformar y
adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, a fin de que estados y municipios coordinen acciones
y fomenten el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en procesos
de generación de energía.
Establece las especificaciones
que deben cumplir los sitios de disposición final de los RSU para utilizar la
materia orgánica, definir los indicadores para evaluar su aplicación e integrar
los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Asimismo, validaron
modificaciones al artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, con el propósito de enfrentar y abatir la biopiratería mediante la
protección de los recursos biológicos forestales y los derechos de pueblos y
comunidades indígenas para usufructuarlos.
“Las colectas y usos con fines
comerciales o de investigación de los recursos biológicos forestales deberán
reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad,
conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certificaciones de
los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas, así
como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente
nulo sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y
convenios internacionales relativos a la materia”.
También avalaron reformas a
los artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, 93 y 95 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atienda de
manera obligatoria la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas o la autoridad administrativa competente en la materia, al
tratarse de obras y actividades que pretendan realizarse total o parcialmente
en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, dentro del
procedimiento de autorización de la evaluación de impacto ambiental.
Incluye el cambio de uso de
suelo en terrenos forestales que pretenda realizarse en áreas naturales
protegidas de competencia de la Federación. La opinión técnica tendrá carácter
vinculante, previo a la resolución de la solicitud de autorización.
Además se aprobó el dictamen
para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, en materia de legitimación activa, para que se inicie el
procedimiento de reparación del daño al medio ambiente con la denuncia de 15
personas y no de 30, como lo indica el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Asimismo, se dio curso
aprobatorio a nueve exhortos. Resalta el dirigido al gobierno federal para que
realice la evaluación y recategorice el Nevado de Toluca como parque nacional.
El llamado a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente a redoblar las acciones a fin de que la
industria química, como la farmacéutica optimicen el manejo de residuos
peligrosos y medicamentos caducos en apego a la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos, y se evite la inadecuada disposición final
de desechos por representar un riesgo para la salud y el medio ambiente.
Asimismo, que la Semarnat y el
titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México revisen sus
programas de vigilancia e inspección para que efectivamente se detenga la tala
ilegal en los municipios de Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y en la zona sureste,
e informen los resultados obtenidos.
También para que la Semarnat y
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lleven a cabo
acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en
ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación en todas las
concesiones otorgadas no afecte ni altere el equilibrio ecológico.
Con el objetivo de que los
titulares de la Semarnat y de la Profepa, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit, investiguen las causas que
originaron los varamientos de especies marinas en los últimos meses, para que
se sancione a quien resulte responsable, de conformidad con la legislación
ambiental vigente, ante las acusaciones derivadas del abandono de redes de
pesca en el mar.
Para que la Semarnat, la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Profepa, coordinen
acciones con las autoridades del sector en el ayuntamiento de Benito Juárez,
Quintana Roo, para proteger los ecosistemas naturales aledaños a las zonas
urbanizadas de ese municipio y detener la caza de fauna silvestre y el
deterioro de su flora.
Un acuerdo para que el
Ejecutivo de Tamaulipas elabore el Programa Estatal para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos que permita establecer una política que minimice,
valore y aproveche los residuos y prevenga la contaminación y remediación de
suelos contaminados, en apego a la normatividad en la materia.
Asimismo, para que la Semarnat
de acuerdo con sus facultades, realice las gestiones necesarias y resuelva los
conflictos jurídicos que impiden la elaboración del Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con la intención de que
éste se formule y publique.
Por último, un acuerdo para
desarrollar acciones que restauren la ecología en el río Papaloapan, localizado
en Puebla. Oaxaca y Veracruz, ante los altos niveles de contaminación que
registra e implica un grave desequilibrio.
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