Libertad,
Tijuana, B.C., Abril 26 del 2019.-La Reforma Constitucional
para lograr que la portación ilegal de arma de fuego sea un delito de prisión
preventiva oficiosa, fue un tema impulsado por el XXII Ayuntamiento de Tijuana,
pero también un clamor de prácticamente todos los Gobernadores, Alcaldes y
Secretarios de Seguridad Pública del país, señaló el secretario de seguridad
pública municipal, Marco Antonio Sotomayor.
Agregó que en el lapso de un
año, contado a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales, sólo en Baja California salieron de prisión más de 5000
reos, beneficiados por el nuevo sistema de justicia penal, esto según cifras
del Sistema Penitenciario del Estado.
A la par, la Policía
Municipal incrementó su productividad en el decomiso de armas de fuego en un
59%, asegurando de diciembre de 2016 a la fecha, 2,227 armas de fuego, 80% de
las cuales son de uso exclusivo de la fuerzas armas, producto de lo anterior,
1,564 delincuentes fueron detenidos por portación de arma de fuego, y
prácticamente todos ellos están en libertad, todo esto derivado de la impunidad
generada por el sistema penal acusatorio, aseguró.
El argumento de Hope que
refiere que el homicidio doloso es de prisión preventiva oficiosa y aun así
éste delito no ha disminuido su incidencia a nivel nacional, carece de lógica,
pues son delitos de naturaleza distinta y se utilizan distintas formas de
operación para ejecutarlos.
“El académico desconoce que
operativamente es más sencillo detectar a delincuentes armados, ya que para el
delincuente el arma es solo un medio para cometer otro delito, mayormente el
homicidio, y para llevar a cabo el delito, los criminales deben transitar
portando el arma por la vía pública para llegar al lugar en donde van a cometer
el ilícito y es relativamente sencillo detectarlos, por el contrario, asegurar a un homicida en
flagrancia es sumamente complejo, ya que éste delito se comete en cualquier
lugar, en cualquier momento, incluso en muchas ocasiones dentro de inmuebles o
en despoblado, pese ello, policías municipales han detenido en flagrancia a 271
homicidas en la actual administración Municipal”, indicó.
Puntualizó que hasta hoy no
ha sido posible que la reforma constitucional al artículo 19 tenga un impacto
directo en la disminución de los homicidios dolosos, pues el criterio de los
jueces federales es no aplicar la prisión preventiva oficiosa por portación de
armas de fuego hasta en tanto no se lleve a cabo la reforma al Código Nacional
de Procedimientos Penales, para lo cual el Congreso tiene 90 días a partir de
su publicación, según se establece en los transitorios de la reforma.
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