Iniciará ITAIPBC auditorías para verificar que las entidades públicas hayan implementado prácticas de gobierno abierto
Libertad,
Tijuana, B.C., Febrero 08 del 2019.-Como parte de los programas
de consolidación de la Transparencia y rendición de cuentas, el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) informó que se realizarán
auditorías a todas las entidades públicas para verificar si cumplen con
prácticas de Gobierno Abierto determinadas en la Ley de Transparencia del
Estado.
El Comisionado Presidente
del ITAIPBC, Octavio Sandoval López, dijo que lo anterior es para seguir
coadyuvando en la implementación de mecanismos de Gobierno Abierto, el cual es
un nuevo modelo de relación entre gobernantes y sociedad, basado en la
trasparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación ciudadana,
específicamente en la toma de decisiones públicas.
Por lo que, este Órgano
Garante en aptitud de vigilar que las entidades públicas acaten las
determinaciones que señala la Ley para el desarrollo de mecanismos de
colaboración para la promoción e implementación de prácticas de Gobierno
Abierto, aprobó un acuerdo mediante el cual se instrumenta el registro de las
sesiones públicas de los Órganos Colegiados de las entidades públicas del
Estado, para que sean transmitidas en tiempo real en sus portales de internet.
Explicó que los Órganos
Colegiados, los cuales son todas los comités, consejos o juntas de gobierno de
tres o más miembros de una entidad pública del Estado, cuya constitución y
funcionamiento se encuentran previstos en ley o en su normatividad interna, y
que sus actuaciones y determinaciones son de interés público.
Lo anterior, abundó, por
ejercer atribuciones sustantivas del Sujeto Obligado o realicen actos de
autoridad, deberán trasmitir en tiempo real, en vivo y por internet sus
sesiones públicas en el portal de internet de la entidad pública de la cual
formen parte.
También de guardar sus
archivos en videos y audio ponerlos a disposición de la sociedad o entregarlos
si estos son solicitados vía transparencia conforme al principio de máxima
publicidad e interés público.
Sandoval López afirmó que
para llevar a cabo un conteo de las sesiones públicas de dichas entidades
públicas, este Instituto de Transparencia implementó un registro en donde se le
requirió a todos los Sujetos Obligados del Estado, informar la cantidad de
órganos colegiados con que cuenten en su estructura o funcionamiento.
De igual forma el nombre del
servidor público o la persona que ostente la presidencia, titularidad o la
responsabilidad de convocar y vigilar el desahogo de las sesiones. Así mismo,
se les solicitó un calendario de sesiones públicas, o bien la periodicidad de
sus sesiones públicas.
El Comisionado precisó que
dicho acuerdo del Pleno del ITAIPBC, así como los requerimientos que deriven de
su aplicación tiene efectos vinculantes para las entidades públicas, por lo que
en caso de no informar lo requerido, el titular de la entidad pública o del
comité, se hará acreedor a la imposición de una multa.
La multa es de 150 a 1500
UMAS que equivalen a un rango de $12,673 a $126,735 , hasta que se realice el
cumplimiento de dicha determinación establecida en la Ley de Transparencia del
Estado de Baja California.
Indicó que una vez integrado
el registro de sesiones públicas de los Sujetos Obligados del Estado, se
publicará en el Portal de Internet de este Instituto, a efecto de hacerlo del
conocimiento público, además que, este Órgano Garante de manera aleatoria
verificará que dichas sesiones públicas sean transmitidas en tiempo real en el
portal de internet de las entidades públicas.
Adicionalmente se emitirá
una recomendación al Congreso del Estado de Baja California para que reformen
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, para que se
contemplen en esa ley que las sesiones de los comités de adquisiciones sean en
vivo y transmitidas por internet, así mismo que implementen el modelo de
compras mediante subasta pública.
Sandoval López resaltó que
lo mismo se propondrá para la Ley de Obras Públicas, Equipamientos y
suministros para el Estado de Baja California, así como para la Ley de
Asociaciones Publicas-Privada conocidas como APP.
“Con esta estrategia y al
estar contemplado en ambas leyes, se acelerará el proceso de implementación de
Gobierno Abierto y se inhibirán los actos de corrupción, porque las decisiones
estarán a la vista de los ciudadanos”, concluyó.
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