Comisión de Infraestructura se reúne con funcionarios de SCT y SEP para definir reformas a la Ley de Obras Públicas
Libertad, Ciudad de México, Febrero 06 del 2019.-La Comisión de Infraestructura se reunió con funcionarios de las
secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP) y
constructores del país, para analizar reformas a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, o crear un nuevo marco jurídico, a fin
de aumentar la competitividad, planeación y transparencia.
Para ello, la instancia legislativa,
presidida por el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, aprobó la
realización de seis foros en el ámbito regional y nacional, para escuchar
propuestas y preocupaciones de todos los sectores involucrados en esta
actividad.
Ante diputados, Francisco Raúl Chavoya
Cárdenas, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, afirmó que son de revisar los procesos que se acostumbraban en la
contratación de obra pública respecto a extorsiones y peticiones de apoyos.
Apuntó la necesidad de hacer efectivos
los castigos tanto al funcionario que incurra en una falta, a través de
inhabilitaciones o rescisión de contrato, y también a las empresas
constructoras.
Son temas que deben atenderse, así como
la creación de un Instituto Autónomo de Planeación.
Reconoció el esfuerzo de la Comisión
para realizar los foros de consulta que se efectuarán a partir de marzo en el
Puerto de Veracruz; Monterrey, Nuevo León; León, Guanajuato; Tijuana, Baja
California; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la Ciudad de México, en la Cámara
de Diputados.
Jorge Jiménez Alcaraz, director general
del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) de la
Secretaría de Educación Pública, sostuvo la relevancia de revisar la Ley de
Obras Públicas, y expresó la disposición de la dependencia para participar en
los foros.
Sostuvo que es vital la inversión
pública en infraestructura para mejorar la competitividad de los servicios en
el país y como detonante de la economía interna a fin de generar empleo, el
equilibrio y derrama económica.
Destacó la importancia de fortalecer la
infraestructura educativa que no requiere importar ingenieros ni materiales, y
generar una integración de insumos nacionales al cien por ciento, a través de
micro y pequeñas empresas, que son las que generan más fuentes de trabajo.
Pidió analizar el ejercicio del Capítulo
Cuatro mil de la Ley de Obras Públicas, relativo a los fondos para la
reconstrucción por fenómenos naturales, ya que las dependencias están impedidas
de aplicar ese marco jurídico. Sugirió revisar la Ley General de la
Infraestructura Física Educativa.
Sobre la falta de cumplimiento de
empresas “patito” que cobran el anticipo y después se desaparecen o no ejecutan
la obra, indicó que hay gran complejidad para aplicar los adelantos y fianzas
de garantía y vicios ocultos.
Por ello, explicó que rescindir un
contrato que implicaría varios meses en un proceso judicial y urge la obra, se
prefiere negociar las mejores condiciones o las menos inadecuadas para no
suspender la construcción. Son factores que inciden en el buen ejercicio del
presupuesto, agregó.
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), celebró que se
analice una reforma a este marco legal, ya que todos los participantes padecen
muchos problemas de corrupción y falta de transparencia.
Solicitó castigar a funcionarios y
empresarios que no cumplan. Si hay extorsiones se debe ser más ágiles con las
denuncias, porque es un tema crítico en el país. “Los empresarios estamos muy
contentos que se diga todos los días que se va a combatir la corrupción”. Pidió
la participación de los legisladores y de todos los sectores para generar mejor
calidad de obras.
Demandó enfocarse en modificaciones
concretas para corregirlas y aplicarlas de inmediato, a fin de adecuarlas a la
modernidad, avances tecnológicos e innovación.
“A la sociedad no le gusta lo que está
pasando alrededor de la obra pública y le echan la culpa a los constructores,
pero la culpa no está sólo en un sector sino en todos, por eso hay que
entrarle. Impulsar la profesionalización de las empresas, no queremos
improvisados, ni los amigos de los funcionarios”, destacó.
Afirmó que la propuesta de los diputados
es oportuna para que se evalúen temas como la transparencia, técnicos,
administrativos y legales de forma integral; que la contratación de obra
pública sea más ágil, no es para beneficiar a los empresarios, sino hacer más
ágiles los procesos y aplicar los recursos con calidad.
Francisco Islas Vázquez del Mercado,
presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, resaltó que
como constructores es importante lograr mayor eficiencia en la aplicación de
recursos en la obra pública que beneficie a todos los mexicanos, por eso una
planeación es vital.
Propuso diseñar una nueva Ley de Obra
Pública sin descartar los artículos que han dado resultados. Se tiene que
promover un marco jurídico que impulse la infraestructura, mediante una
adecuada planeación y contratación eficiente.
Al respecto, el diputado Exsome Zapata
apuntó que la contratación pública en la actualidad “es un instrumento
insuficiente” para elevar el bienestar y calidad de vida de la población e
impulsar las actividades productivas. Además, se observa la continua
vulnerabilidad de servidores públicos ante la corrupción.
Por ello, dijo, se escucharán todas las
voces para actualizar esta ley o proponer una nueva que aumente la calidad del
gasto, fomente una relación sociedad-gobierno más íntegra, garantice que las
obras contratadas sean necesarias y resuelvan la falta de infraestructura
mediante la efectiva planeación.
Asimismo, aseguró que se analizarán
todas las propuestas presentadas por los legisladores en diversas legislaturas,
en busca de mejorar los niveles de confianza hacia las instituciones públicas,
evitar el mal uso y subutilización de CompraNet y, reducir los tiempos en la
contratación para alentar la transparencia, elevar la participación de la
sociedad civil que evalúe su desempeño y utilice la tecnología.
El legislador por Veracruz sostuvo que
la obtención de contratos públicos resulta irregular, hay simulaciones en las
licitaciones públicas y en los procesos restringidos. Se tienen desfases en
tiempos y montos en detrimento del interés público y la planeación resulta muy
deficiente.
Por ello, en la nueva etapa en la que se
encuentra México, las contrataciones de obra ya “no deben seguir representando
un riesgo para el erario y mucho menos para el interés público”.
Expresó el compromiso de la Comisión
para crear el marco legal que cambie esta realidad, ya que “la ley que tenemos
ha sido remendada, parchada y tenemos un Frankenstein, que por las condiciones
en que se encuentra ha provocado los problemas que existen”.
El diputado Carlos Alberto Morales
Vázquez (Sin Partido) consideró urgente y necesario reformar la Ley de Obras
Públicas, porque la contratación es estratégica en el desarrollo y garantizar
el bienestar social, además de que es una demanda añeja de los constructores.
Destacó la importancia de elaborar una
iniciativa incluyente y plural, integrada por las propuestas de la sociedad, la
academia, iniciativa privada, gobiernos estatales y municipales, con el
propósito de que exista una verdadera planeación, rendición de cuentas, libre
competencia, transparencia y competitividad que promueva mayor calidad de los
servicios.
“La planeación no debe ser parte de
caprichos políticos, acuerdos clientelares, colores partidistas e
improvisaciones electorales de ningún gobernante ni gobierno en turno”.
Propuso proyectos multianuales que no
estén limitados al año fiscal o cambios de administración, y que en
colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aprueben
presupuesto para contratos que abarquen más de un periodo fiscal.
Además de crear un Banco de Proyectos,
con inventarios a mediano y largo plazos que incluya de forma obligatoria los
estudios de factibilidad económica, ambiental, social, técnica, legal, planes
de ejecución, a fin de reducir la discrecionalidad e improvisación.
La presidenta de la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena),
resaltó la necesidad de incorporar la innovación tecnológica en la obra
pública. Pidió redireccionar recursos para este objetivo en la industria de la
construcción e infraestructura, e impulsar el incremento de presupuesto en este ámbito.
El diputado de Morena, Samuel Herrera
Chávez se congratuló por la realización de los foros, ya que consultar a los
sectores es una nueva modalidad para escuchar a la sociedad civil y estar
atentos a sus reclamos e identificar dónde está la problemática.
Del PAN, la legisladora Nohemí Alemán
Hernández se sumó a la propuesta para reformar la Ley de Obra Pública.
Reconoció la disposición de la cámara de construcción y, los colegios de
ingenieros y arquitectos.
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