Libertad,
Ciudad de México, Enero 15 del 2019.-Con el fin de construir una
verdadera transformación con perspectiva de género y dar voz a mujeres
violentadas en sus derechos humanos, la Comisión de Igualdad de
Género de la Cámara de Diputados y la Red de Seguridad y Justicia para las
Mujeres, realizaron la mesa de diálogo “Guardia Nacional, Mujeres,
Seguridad y Paz”.
La presidenta de esa
instancia legislativa, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), dijo que la estrategia
de seguridad debe tener en cuenta cómo impacta la violencia de forma distinta a
mujeres y hombres. Afirmó que el camino para recuperar la paz tiene que considerar
aspectos fundamentales como derechos humanos y perspectiva de género.
“Creo que podemos plantear
un nuevo punto de partida en el Estado mexicano. La apertura, el diálogo son
ejes torales para marcar una nueva ruta para el país, en este sentido se tiene
que abrir el Congreso”, estableció.
Consideró que México tiene
una emergencia de años, por el incremento de feminicidios en todos los rangos
de edad, pero en especial los infantiles. “Hemos recibido un país en donde hay
tortura y violaciones sexuales todos los días”.
Es urgente dar respuesta a
las víctimas de los distintos municipios del país “debemos mirarlas de frente y
no sacarle la vuelta al problema”.
La diputada Aleida Alavez
Ruiz, también de Morena, expresó que después de escuchar diferentes voces, el
dictamen de la creación de la Guardia Nacional se modificó y se acordó que su
mando sea civil. “Es necesario garantizar a las víctimas que no se repitan
actos violentos contra ellas”.
Del mismo partido, la
presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo,
afirmó que es importante encontrar las condiciones para brindar al país
seguridad, justicia y paz.
“Trabajaremos de la mano de
las organizaciones para dar la batalla en este tema. No haremos oídos sordos.
Revisaremos cuáles son las condiciones para la Guardia Nacional que
se implementará porque es uno de los objetivos del Plan de Paz y Seguridad”.
Las diputadas Guadalupe
Almaguer Pardo (PRD) y Ana Lucía Riojas Martínez (Sin Partido) adelantaron que
votarán en contra del dictamen porque no asegura la política de seguridad que
el país necesita y porque la militarización no es la salida para la paz.
Por su parte, activistas de
Sinaloa, Michoacán y Ciudad Juárez expusieron su testimonio sobre cómo ha sido
el proceso de búsqueda de familiares desaparecidos y violaciones a los derechos
humanos por parte del Ejército, y pidieron implementar estrategias que detengan
la violencia en el país.
En el análisis de la
creación de la Guardia Nacional los legisladores deben tomar en cuenta las
voces de las comunidades indígenas, quienes coinciden en que no quieren más
militares en la calle porque no brindan confianza, afirmaron.
La consultora internacional
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, Patricia Olamendi, leyó el
manifiesto de las mujeres por la seguridad y paz en el que pidieron analizar
nuevamente las reformas propuestas a 13 artículos de la Constitución con el fin
de asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, previendo la
participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios y sustituirlas en
el menor tiempo posible.
Esta reforma, agregó, tiene
que asegurar el fortalecimiento de las policías y de instancias en
investigación del delito; solicitamos que se mandate la inclusión de
perspectiva de género y de los derechos humanos.
Garantizar la representación
de mujeres en pie de igualdad en todos los niveles de decisiones en las
instituciones y mesas de negociación, en la construcción de reformas legales y
en la política pública encaminadas a lograr la seguridad, justicia y paz, son
elementos a incluirse, sostuvo.
Asimismo que se sancionen
todas las conductas de violencia por razones de género que se cometan contra
las mujeres por integrantes de la Guardia Nacional, como la tortura sexual.
También que se instale el sistema nacional para niñas y mujeres desaparecidas y
feminicidios, muchos de ellos perpetrados por y en contexto de la delincuencia
organizada.
Agregó que la reforma deber
considerar un mecanismo de protección inmediata para niñas y niños víctimas del
crimen organizado o que su madre y padre se encuentren en prisión. Las
organizaciones de mujeres piden establecer mesas de diálogo permanentes en los
procesos de reformas en la materia.
De la organización Humanas
Sin Violencia, A.C., Lucero Circe López Río Frío, puntualizó que la Guardia
Nacional es una apuesta fundamentalista, patriarcal y bélica para no alcanzar
la paz. “El dictamen adolece de la posibilidad de poner en el centro de las
políticas de seguridad a las personas”.
Preocupa, agregó, que esta
Guardia se centra en una disciplina militar, además justifica la estrategia
bélica y armamentista al asociar la guerra con la política.
De la Red por la Paz, la
Justicia y la Seguridad, de Ciudad Juárez, Imelda Rufo Nava expresó que en los
procesos de seguridad para la paz no se consideró a las mujeres violentadas en
sus derechos humanos por militares ni a quienes fueron parte de trata, de
mujeres explotadas y en cautiverio.
“Los derechos humanos deben
ser el eje fundamental de la Cuarta Transformación porque no puede haber
cambios sin la participación de mujeres en los procesos de seguridad, justicia
y paz en el país”, agregó.
El director Ejecutivo de la
Comisión Mexicana, Defensa y Promoción de Derechos Humanos, José Antonio
Guevara, consideró que el dictamen de la Guardia Nacional busca
constitucionalizar la militarización del país.
“Lo que este Congreso está
por aprobar en materia de seguridad nacional es un cambio de paradigma de las
relaciones cívico-militares en México. Es la sustitución de la Constitución del
17 por una de corte autoritario que militariza la seguridad, viola el pacto
federal, afecta la división de poderes e implicaría el blindaje jurídico más
ambicioso que cualquier régimen militar pudo haber soñado”, afirmó.
Ante ello, dijo que las y
los diputados deben rechazar la iniciativa, cancelar la sesión extraordinaria
de mañana y abrir la discusión sin prisas, presiones y chantajes para encontrar
el mejor modelo de seguridad.
El representante de la
Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Antonino de Leo,
consideró que la reforma debe integrar a la policía a nivel federal, estatal y
municipal y capacitarlos en materia de atención a grupos en situación de
vulnerabilidad. Agregó que es fundamental tomar en cuenta la
rendición de cuentas y políticas que generen confianza en las instituciones.
Asistieron la senadora
Patricia Mercado (MC) y las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena) y Martha
Tagle Martínez (MC).
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