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Ante la Procuraduría General de Justicia del Estado
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La denuncia obedece a la resolución de un Juez de Distrito, que obliga al
Ayuntamiento al cumplimiento forzoso de la sentencia dentro del amparo
176/2017, por la cantidad de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con el
predio de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad
Deportiva José Santos Meza
Libertad,
Tijuana, B.C., Enero 10 del 2019.-La Síndico Procuradora de
Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde, presentó hoy una denuncia contra quien
resulte responsable por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra
la administración de la justicia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Lo anterior en cumplimiento
de la fracción V del Artículo 8 de la Ley del Régimen Municipal y del Artículo
34 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, donde se establece
que es la Sindicatura Procuradora la instancia indicada para presentar las
querellas o denuncias en contra de servidores públicos que incurran en algún
acto ilícito.
En este sentido, la Síndico
destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado Tercero Civil de
Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y
costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que
obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 228 millones 185 mil pesos,
relacionados con un predio ubicado en lo que ahora son las instalaciones de la
Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos
Meza.
Ya que exservidores públicos
actuaron negligentemente, al omitir invocar excepciones al contestar la
demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en
Mexicali, y al celebrar el convenio donde el exsíndico Procurador asume la
deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por
el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el exsíndico reconoció pagar
intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó
el contrato de promesa de compraventa.
Recordó que el Gobierno del
Estado en 1995 celebró un contrato de promesa de compraventa con un particular
(Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V.), condicionado a que el Congreso
del Estado lo autorizara, situación que no aconteció, dado que en 2010 el
Congreso del Estado decidió donar el inmueble al Ayuntamiento.
“Al no concretarse el
contrato, el particular en 2009 presentó una demanda en contra del Gobierno del
Estado, quien a su vez mandó a llamar como tercero al Ayuntamiento de Tijuana,
mismo que en 2009 contestó la demanda y en 2010 celebró un convenio a través
del Síndico Municipal, en el cual asumió el carácter de deudor sustituto,
comprometiéndose a pagar la deuda de la administración estatal”, sostuvo la
Síndico Procuradora.
Guzmán Valverde subrayó que
la demanda se sustenta en una promesa de venta donde el hoy demandante entregó
1 millón de pesos por un predio de 118 mil metros cuadrados, el cual nunca fue
devuelto.
“Anteriores administraciones
no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen muchas
irregularidades en la forma como contestaban las demandas o simplemente no
contestaban, razón por la que estamos presentando esta denuncia contra quien
resulte responsable”, puntualizó la Síndico.
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