Libertad,
Ciudad de México, Enero 23 del 2019.-Legisladores de Morena, PAN,
PRI, PES, PRD y PVEM presentaron, ante la Comisión Permanente, seis iniciativas
para regular la representación jurídica de la Federación; incrementar penas por
incumplir la entrega de pensión alimenticia; crear el Instituto Federal de
Conciliación y Registro Laborales; prevenir el suicidio en infantes; crear una
Comisión de la Verdad en desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, y
prohibir el abandono de redes de pesca en el mar.
Regular la representación
jurídica de la Federación
El diputado Miguel Ángel
Chico Herrera (Morena) presentó una iniciativa que modifica las Leyes de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y Federal
del Trabajo, y expide la Ley General de Centros de Conciliación, para regular la
representación jurídica de la Federación, transferida al consejero jurídico del
Ejecutivo federal, respecto de juicios y procedimientos ordinarios, contencioso
administrativos o de naturaleza diversa a la jurisdiccional.
La iniciativa, que se envió
a la Comisión de Gobernación y Población, señala que el fin es otorgarle la
atribución para determinar la dependencia en que recaerá la representación de
los mismos, con lo cual se permitirá apoyarse en las demás oficinas de la
administración pública federal, para la atención de los diversos juicios y
procedimientos, en razón de la materia de su especialidad, generándose así el
sistema integral de defensa jurídica de los intereses de la federación.
Incrementar penas por
incumplimiento de pensión alimenticia
A la Comisión de Justicia de
la Cámara de Senadores se turnó una iniciativa de la senadora Martha Cecilia
Márquez Alvarado (PAN) que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal
Federal, para incrementar las penas por incumplimiento de pensiones alimenticias
y determinar que las investigaciones y denuncias en la materia se resuelvan con
celeridad.
El documento establece que a
quien sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos
para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a cinco
años de prisión, o de 200 a 380 días multa; asimismo, determina que las
investigaciones y denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias no
prescribirán y, en los casos que se compruebe dolo en el estado de insolvencia,
las obligaciones alimentarias serán retroactivas.
Expedir la Ley del Instituto
Federal de Conciliación y Registro Laborales
La senadora Sylvana
Beltrones Sánchez (PRI) propuso expedir la ley respectiva para crear el
Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, como un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
El documento señala que este
organismo ofrecerá el servicio público de conciliación, para la solución
de conflictos laborales entre trabajadores y empleadores,
individuales o colectivos, en asuntos del orden federal, y ofrecerá una
instancia eficaz y expedita para dar certeza y seguridad jurídica. Asimismo, el
instituto tendrá a su cargo el registro de los convenios de administración de
los contratos ley, de los contratos colectivos de trabajo y convenios relativos
a éstos, de los reglamentos interiores de trabajo y organizaciones sindicales,
y de los procesos administrativos relacionados con las facultades de registro.
Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Prevenir y atender el
suicidio de menores
La diputada del PES, Adriana
Paulina Teissier Zavala presentó una iniciativa para adicionar el artículo 16
Bis a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a fin
de que las autoridades federal, estatales, municipales y de las alcaldías de la
Ciudad de México, lleven a cabo las acciones necesarias para prevenir y atender
el suicidio en menores de edad.
Esta conducta en niñas y
niños de entre 10 y 14 años, representó el 3.5 por ciento del total registrado
en 2016. La incidencia del fenómeno en infantes es más alto que el observado en
adultos mayores de 60 años y más. Por ello, debe priorizarse el principio
constitucional de interés superior a la infancia, para preservar la vida de
esta población. La propuesta se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de la Cámara de Diputados, para dictamen.
Crear una Comisión de la
Verdad en desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales
La diputada Verónica Beatriz
Juárez Piña (PRD) propuso crear una Comisión de la Verdad en materia de delitos
de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2006-2018,
a fin de investigar, analizar y aportar elementos históricos, políticos y
jurídicos, para determinar si estos casos constituyen en México delitos de lesa
humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Esto permitiría establecer,
como política pública, los principios de justicia restaurativa, y que los
derechos humanos sean la base de las investigaciones y de probables hechos
delictivos cometidos por agentes del Estado en contra de la sociedad en su
conjunto”, apuntó. La propuesta se remitió a la Comisión de Derechos Humanos,
con opinión de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, de
la Cámara de Diputados.
Prohibir e infraccionar el
abandono de redes de pesca
A fin de preservar la fauna
y el medio ambiente marino, la diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara
presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentable, a fin de prohibir e infraccionar el abandono de redes de pesca en
los océanos; además, diseñar programas de tratamiento, destino y reciclaje,
porque esos instrumentos se convierten en trampa mortal para las diferentes
especies al quedar atrapadas y son una fuente principal de contaminación.
Cada año, explicó, se
pierden en el mar alrededor de 640 mil toneladas de aparejos de pesca, que
actúan como redes fantasma, apresando animales marinos. Las redes permanecen a
la deriva durante años y pueden llegar a medir hasta un kilómetro y medio de
largo, funcionando como una amenaza para el ecosistema por un largo tiempo. La
proposición se turnó a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para
dictamen.
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