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Realizan foro “Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en
materia de Derechos Humanos”
Libertad,
Ciudad de México, Diciembre 10 del 2018.-El presidente de la
Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena),
sostuvo que para terminar con la vulneración de las garantías individuales de
la ciudadanía, es primordial la cultura de la denuncia.
Durante el foro “Seguimiento
y Atención a las Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos
Humanos”, aseguró que México cuenta con lineamientos legales para lograr su
plena salvaguarda.
Enfatizó que la Comisión que
preside buscará generar pautas para que las autoridades correspondientes
defiendan las garantías de la ciudadanía; sin embargo, invitó a la sociedad a
denunciar y con ello evitar que los servidores públicos hagan actos de
dilación.
En el evento con motivo del
Día Internacional de los Derechos Humanos, se comprometió a establecer un
vínculo de responsabilidad con los tres niveles de gobierno, para que realmente
se dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas en esta materia.
La secretaria de la
Comisión, diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC), mencionó que a pesar de
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todos los
individuos nacen libres, México incluyó esta garantía en la Constitución hasta
el 2011, es decir, 66 años después de haberse proclamado este documento
internacional.
Expresó que hoy, en el país,
el derecho a la vida es el más violentado, pues existen más de 250 mil personas
asesinadas y el 95 por ciento de estos homicidios prevalece en impunidad.
Además, el Registro Nacional de las Personas Desaparecidas suma más de 37 mil,
cuyo paradero actualmente se desconoce.
Refirió que la Universidad
de Uppsala, con sede en Suecia, ubicó a México como la novena nación con el
mayor conflicto bélico. Mientras que en 2016, fue declarado como el segundo
país más letal, sólo detrás de Siria, según el Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos de Londres.
Por otra parte, la
legisladora argumentó que la Organización Reporteros Sin Fronteras ha
denunciado 21 desapariciones de periodistas desde 2003, considerando a esta
profesión de alto riesgo en el país.
En cuanto a violaciones a
estas garantías, refirió que de enero a octubre de 2018 la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) registró más de 21 expedientes y atendió más de 60
mil personas agraviadas; además, presentó 64 recomendaciones, de las cuales 29
son violaciones graves; por lo tanto, las vulneraciones van en aumento, pues en
el 2017 se analizaron 97, de las cuales cinco eran por transgresiones
relevantes.
El diputado Jorge Luis
Preciado Rodríguez (PAN) expuso que la Constitución ni la ley conceden ningún
derecho, porque sólo reconocen las garantías con las que ya se nació, las
cuales están contempladas del artículo 1 al 29 de la Carta Magna.
Muchos de ustedes viven con
ellos sin darse cuenta, porque desde hace muchos años México firmó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aun así siguen persistiendo
abusos por parte del Estado hacia las personas”, apuntó el legislador.
Destacó que para evitar
cualquier vulnerabilidad a las garantías fundamentales es necesario conocerlas,
pues la mayoría de las veces se abusa de ellas por desconocimiento. “Tal es el
caso del derecho de todo individuo a la identidad; sin embargo, existen 189
millones de menores en el mundo que no tienen nombre”.
Enfatizó que para exigir al
Estado nuestros derechos, estos se deben conocer; la ignorancia genera que en
la cárcel se encuentre gente que no puede pagar un abogado o que no tiene las
palancas para salir y, por el contrario quien posee recursos que ha robado y
desfalcado a este país esté libre.
Tania Reneaum Panszi,
directora en México de Amnistía Internacional, informó que la nación mexicana
ha recibido más dos mil recomendaciones en materia de derechos humanos; tres,
tienen que ver con la agenda de la Cámara de Diputados; la primera, solicitar
al Ejecutivo un informe del caso de Ayotzinapa.
El informe es para dar
cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), quien pidió extender las investigaciones a policías locales y
federales, y al Ejército. Además, solicitó el cambio de narrativa de las
instituciones gubernamentales y la reconducción de la investigación, desde el
tipo penal.
Añadió que la segunda tarea
de los diputados es la discusión de la constitucionalidad de la creación de la
Guardia Nacional, en la que se tome en cuenta la opinión de diversos grupos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que enviaron a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) una carta para manifestar su preocupación en la
ampliación del rol de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana.
En este pronunciamiento,
agregó, mencionaron su inquietud por el sometimiento de la autoridad civil al
mando militar, lo cual incluso puede aumentar el nivel de violencia en el país,
“por lo que le tocará a los diputados discutir el tema desde una valoración
crítica, pues en el contenido de la ley no existe una perspectiva para
fortalecer a los cuerpos policiales”.
Agregó que el tercer reto es
el asunto de la prisión preventiva oficiosa, “donde esperamos que los diputados
den un nivel de discusión que nos deje satisfechos y con la sensación de que se
respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las recomendaciones
de los organismos internacionales”.
El presidente de la Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, Víctor
Hugo Gutiérrez Yáñez, señaló que México ha firmado 49 tratados, acuerdos y
protocolos internacionales relacionados con diversos aspectos de derechos
humanos. Sin embargo, en las últimas décadas el Estado mexicano ha fallado en
su compromiso por salvaguardar estas garantías de los mexicanos.
“México vive grandes retos
en materia de derechos humanos, en estos 70 años de aniversario de la
declaración en la materia, es muy importante la participación de la sociedad
civil para generar grandes cambios y retos están directamente ligados con los
ciudadanos y sus necesidades”, agregó.
Manifestó que la sociedad
mexicana, desde hace tiempo, enfrenta grandes problemas en materia de derechos
humanos. Ejemplos emblemáticos son: la desaparición de los 43 jóvenes
estudiantes de Ayotzinapan; los casos Tlatlaya y el de Apatzingán, y los
asesinatos de más de 150 periodistas desde el año 2000. “Cabe decir que el
sexenio más cruel en este tema, fue el de Enrique Peña Nieto, con un total de
50 informadores asesinados”.
Es importante señalar que
debemos combatir la impunidad y la corrupción como piedra angular, planteó.
Alondra Mendoza Carlos,
directora general adjunta de Política Internacional de Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó que no basta con firmar
tratados internacionales en materia de derechos humanos, que, sin duda, son
relevantes. Lo primordial es traducirlos en acciones y políticas concretas, es
decir, generar un marco jurídico aplicable, tanto a nivel federal como local”.
Subrayó que el país ha
avanzado en la construcción del andamiaje jurídico. Sin embargo, apuntó, se
debe evitar que se quede en el discurso; para ello, el Estado mexicano se
comprometió, a tener una mayor cooperación interinstitucional e incrementar
recursos financieros a este fin.
Carlos López López, asesor
de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México,
destacó que la Constitución de la CDMX establece el respeto de las garantías
individuales de sus habitantes y de quienes transitan por ella, como fue el
caso de la caravana migrante.
Subrayó que otros de los
avances es el aumento salarial para los trabajadores de la urbe; que no habrá
persecución política en la capital, y la desaparición del cuerpo de granaderos,
que a la fecha tenía 355 quejas abiertas, de las cuales 113 siguen en trámite.
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