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Los federales exigen cuotas mensuales a los comerciantes como si fueran del
crimen organizado cuando piden que paguen “piso”
Libertad,
Tijuana, B.C., Junio 02 del 2018.-A falta de atención del
gobierno para darles seguridad, residentes de San Quintín, solicitaron a la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, para buscar que el Consejo de
Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) los apoye para que a los
comerciantes y ciudadanos les brinden protección de agentes federales que con
amenazan los extorsionan.
A manera de cobro de piso,
como lo hace el crimen organizado, los agentes de la Procuraduría General de la
República (PGR), acuden con los comerciantes para exigirles diferentes
cantidades de dinero y les advierten que esa cantidad les deberán entregar cada
mes, dijo Alfredo Aviña Galván, representante de la Canaco, en el Puerto.
Las declaraciones de Aviña
Galván, confirmaron lo que ya con anterioridad habían denunciado algunos otros
residentes de San Quintín, que aseguraban que los vecinos de esa zona del
Estado, eran víctimas de la delincuencia porque los vecinos ya se hallaban
aterrorizados.
Sin embargo, las
declaraciones que hizo Alfredo Aviña, dejó claro que son los agentes quienes
tienen amenazados a los residentes de esa zona de Ensenada, porque los
mantienen amenazados para obligarlos a que entreguen la cantidad de dinero que
les exigen.
En la conferencia también
habló la señora Teresa de Jesús Ríos Pérez, quien “le echó más leña al fuego”,
al decir que junto a su familia fue víctima de agentes de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) porque llegaron a su domicilio con intención de realizar un
cateo, pero aunque su esposo les pedía le mostraran la orden del juez, ellos
solamente le mostraban un documento desde lejos, pero nunca le permitieron que
lo leyera.
En su narrativa sobre los
hechos, dijo que con el propósito de que no hubiese mayor problema con los
“PEPos”, dijo, su esposo les dio acceso a su casa y pudieron comprobar que no
había armas, como lo dijeron cuando anunciaron que era su objetivo, pero aclaró
que ella no se encontraba al momento y solamente a un pequeño cuarto no había
acceso porque es un lugar que su esposo lo utiliza para guardar sus cosas de
Surf, que practica.
“La llave de ese espacio la
traía conmigo y por eso mi esposo me llamó por teléfono. Yo le dije que no
tardaría en llegar y que esperaran, pero se negaron y lo obligaron a que
rompiera el candado para que pidieran ver lo que había en el interior”, precisó
la denunciante.
Ante tales hechos,
decidieron presentar una denuncia y logró conocer el nombre del oficial que
encabezaba el operativo, siendo Francisco Ibarra González, a quien señaló en su
denuncia para pedir que se esclarecieran los hechos en los que los acusaban de
almacenar armas en su casa.
Todo eso lo hicieron saber
hoy a los medios, con el propósito de que el gobernador y el secretario de
seguridad pública del estado les brinden la seguridad que todo ciudadano reclama
porque consideró que, como gente de bien, tiene ese derecho.
Cabe señalar, que al recibir
en nuestra redacción los datos sobre los hechos ocurrido en Ensenada, donde
murió el Jefe de Inteligencia de la PEP, nos dimos cuenta que casualmente el
agente fallecido era el mismo que la señora Teresa Ríos había denunciado por
abuso de autoridad.
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