* No solo
agrupaciones de transportistas, también Organizaciones de la Sociedad Civil lo
exigen, por seguridad y apego a la legalidad
José Ángel
Inzunza Mendoza
Tijuana,
16/5/18.-
Por muchos años la población ha reclamado que se acabe con el transporte
irregular; así como se quejan los usuarios del transporte público contra las
unidades “chatarra”, los choferes que juegan carreras, son groseros o escuchan
música a elevado volumen o visten estrafalarios, también exigen control,
seguridad y apego a la legalidad.
Agrupaciones de transportistas protestan no
solamente por la competencia desleal, pues las aproximadamente 3000 o 3500
unidades “piratas” que circulan, ya sea en calidad de taxis “clonados” o
unidades “amparadas”, no solamente les quitan pasaje a los transportes
regularizados… es sobre todo inadmisible que operen en total ilegalidad.
El fenómeno de unidades de transporte “clonadas”
y/o amparadas, se dio por la corrupción acusada durante varios años del
magistrado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, a quien, después de muchas exigencias ante los diputados del
Congreso del Estado, se logró que cuando menos fuera removido hacia Ensenada.
También se impidió que fuera nombrado o
ratificado como magistrado supernumerario.
Se detectó incluso que los casos de “clonación”
fueron en realidad copias de sentencias del magistrado a determinadas unidades
amparadas, o copias de actas certificadas por el Notario Público Número 17, el
licenciado Jalil Enrique Weheber Barreiro, quien también tuvo que interponer
denuncia penal contra quienes falsificaron documentos expedidos por él.
Los falsificadores usaron documentación oficial
expedidas, por ejemplo, a nombre de Juan “N” y los pusieron a nombre de Felipe “X”,
luego pintaron vehículos con la numeración indicada en el documento, y ese
número, por supuesto, ya estaba en otra unidad perfectamente reglamentada.
Muchas otras unidades fueron “legalizadas” o “autorizadas”
por Roberto Vidrio, pero obviamente él no es autoridad para autorizar la
operación de vehículos de transporte público; incluso, ni siquiera el Alcalde o
el Secretario General del Ayuntamiento, sino el Cabildo, y tiene que estar
soportada la solicitud por estudios técnicos y hasta peticiones de residentes
de los centros de población a beneficiar con el servicio.
Por todo lo anterior, la iniciativa de ley que
cabildea la diputada Mónica Hernández Álvarez en el Congreso del Estado, para
castigar penalmente a todos los que operen unidades de transporte público en
esas condiciones de irregularidad, o mejor dicho, de ilegalidad, hay
suficientes razones de peso para que el pleno apruebe la propuesta legislativa,
de manera unánime, sugieren dirigentes transportistas, profesionales del
derecho y organizaciones civiles diversas.
“No debe politizarse, ni rechazarla con falsos
argumentos de “tintes electorales”, porque no es por ahí; es un asunto de
seguridad, de legalidad, de orden urbano y mejor servicio para los usuarios”,
expuso el presidente de la Alianza de Transportistas de Tijuana (ATT), Gabriel
Lemus Torres.
“Sin duda que debe darse certeza jurídica, no
solamente sobre el patrimonio de las familias de permisionarios y
concesionarios que cubrieron muchos requisitos para obtener esos permisos y
pagan sus impuestos y cumplen la ley y reglamentos; la misma gente debe tener
certeza de que al demandar a un chofer no resulte con que no se le detecta
porque no existe registro real del acusado como trabajador del volante de tal o
cual unidad”, explica el licenciado Miguel Ángel Ordaz García, del Colegio de
Abogados Constitucionalistas.
Usuarios del servicio de transporte público en
sus diversas modalidades respondieron que si el gobierno tiene control de todas
las unidades que brindan ese servicio, pueden subirse tranquilos, pues en un
determinado caso pueden hacer una denuncia penal o civil cuando están
plenamente identificados, y por supuesto, que en caso de daños, la empresa o el
permisionario debe responder mediante una aseguradora o directamente.
En conclusión, solamente quienes operan de
manera irregular, beneficiados por la corrupción o la falsificación, se oponen
a que se terminen sus beneficios; pero la sociedad los reprueba.
Comentarios
Publicar un comentario