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Se requiere de la voluntad política del Ejecutivo Federal y de los
legisladores, para revertir crisis en frontera por autos irregulares: Eloísa
Talavera Hernández
Libertad,
Ciudad de México, Mayo 13 del 2018.-Es urgente que el gobierno
federal deje de dar largas a los mexicanos y de una vez por todas atienda la
demanda para regularizar los “autos chocolate”, es decir, los vehículos de
procedencia extranjera internados en el país, principalmente en estados
fronterizos como Baja California, porque al tener una base de datos confiable
se podrá prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos
delictivos, afirmó la Vicecoordinadora de Acción Nacional en San Lázaro, Eloísa
Talavera Hernández.
La legisladora recordó que a
lo largo de la Legislatura ha presentado diversos puntos de acuerdo, mismos que
se aprobaron tanto en el pleno de la Cámara de Diputados como en la Comisión
Permanente y que no han sido cristalizados por falta de sensibilidad política
del Gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público
y de Economía.
Señaló que ésta es una
legítima demanda ciudadana que hoy el PRI quiere capitalizar con fines
electorales mediante un certificado que propone su candidato presidencial, José
Antonio Meade, pero que ni así resuelve el problema, porque el propio Meade se
negó a resolver el problema cuando fue secretario de Hacienda.
“Hoy el Presidente de la
República tiene en sus manos voltear a Baja California y más allá de acciones
electoreras, puede cumplir con una necesidad urgente que ayude a inhibir la
fallida estrategia de seguridad en el Estado, para tratar de recuperar la paz y
la competitividad en la entidad” dijo Talavera Hernández.
En este sentido, la
legisladora subrayó que éste 8 de mayo se publicó en la gaceta de la Comisión
Permanente, una proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de
las Secretarías de Hacienda y de Economía a que, en coordinación con el titular
del Ejecutivo Estatal de Baja California y de la Secretaría de Planeación y
Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de
vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja
California.
Para recalcar la urgencia de
contar con este padrón, el gobernador Francisco Vega de la Madrid manifestó que
gran parte de los delitos que se cometen en la entidad ocurren en automóviles
irregulares, señalando expresamente que en el estado de Baja California “se tiene
un problema en el orden de la seguridad, ya que se tienen muchos episodios en
materia de inseguridad, que se llevan a cabo en carros irregulares y esto
dificulta tremendamente las investigaciones”.
Pero los llamados han sido
constantes desde varios años atrás, por ejemplo, en mayo de 2016, el titular de
la Subprocuraduría de Justicia en el Estado Baja California señaló que se
reportaban al 066 aproximadamente entre 600 y 800 vehículos robados cada mes;
refiriendo que de esa cantidad entre el 75 y 80 por ciento son unidades
irregulares.
La Diputada Talavera
Hernández recordó que a nivel nacional, Baja California ocupó durante el 2017,
el segundo lugar en robo a negocio; tercer lugar en robo con violencia, en robo
a casa habitación y en robo a transeúnte; cuarto lugar en homicidio doloso.
Refirió que Peña Nieto o los
legisladores del PRI-Verde tienen la facultad de emitir un decreto a través del
cual, pueda iniciar un programa de regularización de más de medio millón de
unidades que transitan por Baja California de manera irregular.
“Desgraciadamente, dijo, la
falta de una adecuada estrategia de registro de automóviles en el país está
dejando abierta la posibilidad de que los automóviles se vuelvan parte de un
arma más para los delincuentes, pues uno de cada cinco automóviles robados es
utilizado para cometer otro delito, en su mayoría grave, como el secuestro u
homicidio”, esto según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados
(OCRA).
Puntualizó que con la
implementación un programa de regularización definitiva de vehículos usados de
procedencia extranjera en el estado de Baja California, se protegería a las
personas y la seguridad jurídica de sus bienes, además dicha acción permitiría
la inscripción de los vehículos al padrón vehicular correspondiente, mediante
el pago de impuestos y derechos, acciones que además protegerían la
infraestructura carretera y el medio ambiente.
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