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XXIII Ayuntamiento de Tijuana

Acabar con la impunidad para recuperar la tranquilidad: Arregui


* Tiene objetivos concretos por la seguridad para vivir en un estado en paz y competitivo
TIJUANA, 23 de mayo de 2018.- Actuar para acabar con la impunidad es el principal objetivo de Alejandro Arregui Ibarra quien mencionó que los ciudadanos de bien merecen vivir en paz, en un Estado donde las autoridades den resultados y respondan a las exigencias.
 “Yo soy un hombre de resultados probados, por ello mi propuesta va en serio son objetivos concretos, para actuar por los ciudadanos de bien, por un Baja California donde vivamos sin miedo, en paz y con escenarios ideales para tener un Estado competitivo”, dijo el candidato a senador por el PRI.
Tijuana tiene el quinto lugar entre las ciudades más violentas del mundo, entre 1997 y 2017 se incrementó 425% el homicidio doloso; 100% el secuestro; 651% la extorsión; 1715% el robo con violencia; y 176.4% el robo sin violencia.
Para combatir la inseguridad, Arregui Ibarra propuso la ampliación al catálogo de delitos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, destacó, para que los delincuentes que porten armas de fuego, roben  vehículos, casas habitaciones o establecimientos comerciales se queden en la cárcel.
Además de la creación de una Academia Nacional de Policía y que éstos tengan derecho a un salario digno, oportunidad de vivienda y seguro para ellos y sus familias, comentó.
“Presentaré una reforma al artículo 123 de la Constitución Federal, a fin de fortalecer los derechos laborales y de los policías, debemos entender que, individuos (policías) fortalecidos, nos llevarán a tener instituciones fortalecidas”, mencionó el candidato.
Arregui destacó que impulsará la iniciativa para obligar a los estados y municipios a ejecutar el total de los recursos asignados y trabajará en el rediseño del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública para una distribución más equitativa.
Cabe destacar que Alejandro Arregui Ibarra presentó desde el Congreso del Estado la iniciativa de reforma al código nacional de procedimientos penales para lograr la ampliación al catálogo de delitos, logrando el respaldo de los 25 diputados y siendo Baja California inicialista.

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