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Riebeling y Mariano Soto engañaron al sistema, uno no es defensor de los
derechos humanos y el otro no es periodista
Tijuana
(México), 28 abr (EFE).- Varios periodistas de Tijuana, en el noroccidental estado
de Baja California, trabajan bajo protección policial ante las amenazas
recibidas de dos individuos que curiosamente han sido protegidos por el
Gobierno federal mexicano.
Los periodistas amenazados pertenecen a la
Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), además de los reporteros locales Sonia de
Anda, Odilón García y Said Betanzos.
Dora Elena Cortés Juárez, directora de AFN,
explicó a Efe que resulta contradictorio que los periodistas sean protegidos
por la Secretaría de Gobernación, mientras los individuos que les amenazan
cuentan con respaldo de fuerzas federales.
El pasado 31 de marzo AFN publicó una breve
nota con la amenaza recibida por el periodista Odilón García por parte de Iván
Mariano Martín del Campo Riebeling, autonombrado presidente del "Cuerpo
Diplomático Internacional de Derechos Humanos de la ONU", desconocido por
el organismo internacional.
En un vídeo subido a YouTube Martín del Campo
Riebeling advertía a García que no volviera a mencionarle en denuncias
periodísticas porque de lo contrario iría a su casa y delante de su familia lo
sacaría para "tumbarle la cabeza". También indicó lo podría matar
porque dispone de las herramientas para ello, aunque dijo que no pensaba
hacerlo.
Al mismo tiempo, otro individuo también
protegido por el Gobierno, Mariano Soto Cortez, inició una campaña contra la
directora de AFN por la noticia relativa a las amenazas a García, semejantes a
las enviadas durante el último año a otros periodistas, políticos, gobernantes
y esposas de estos últimos con frases obscenas y palabras altisonantes.
Tanto Soto Cortez como Martín del Campo
presumían abiertamente en sus páginas de Facebook que nadie les podría hacer
nada por la protección que consiguieron de la Secretaría de Gobernación.
En enero de 2017 lograron tal protección
después de una huelga de hambre en Ciudad de México al asegurar que el
gobernador de Baja California y su entonces secretario de Seguridad Pública les
querían "matar" por las críticas que hicieron contra ambos.
Además, Martín del Campo, quien posee fuertes
recursos económicos, penetró en las filas de la Policía Federal y de la
Gendarmería (división de aquella) bajo el escudo de los "derechos
humanos", y haciendo fuertes donativos a esas instituciones, según
reconoció él mismo.
De esa manera llegó inclusive hasta las áreas
de "inteligencia" de las fuerzas federales, según él mismo exhibió,
pese a tener un largo historial delictivo en Estados Unidos, de acuerdo con un
documento de la DEA enviado al Gobierno de Baja California.
Ello asustó a varias personas que prefirieron
irse de Tijuana porque consideraron que, al estar Martín del Campo con policías
federales, no le harían nada.
Fuentes federales reconocieron estar
"sorprendidos" por estos dos individuos, y que el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Secretaría de Gobernación no investigó lo suficiente.
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